Los gremios advierten sobre equipos paralizados y amenazan con un paro total de actividades en la provincia posterior al 13 de junio.
A menos de seis meses del traspaso del Cluster Norte de YPF a Petróleos Sudamericanos los sindicatos denuncian una fuerte caída en la actividad, el retiro de empresas y más de 500 despidos, en medio de un escenario de incertidumbre creciente.
En enero de 2025, en el marco del Plan Andes, el Gobierno provincial e YPF oficializaron la cesión del denominado Clúster Norte a la empresa Petróleos Sudamericanos S.A.. La operación incluyó la transferencia del 100% de la participación de YPF S.A. en seis áreas clave: Barrancas, Vizcacheras, La Ventana, Mesa Verde, Ceferino y Río Tunuyán. Estas áreas representan una producción acumulada de 2.200 metros cúbicos diarios (m³/d), es decir, cerca del 25% de la producción total de hidrocarburos de Mendoza.
“Estamos en una situación bastante compleja desde que entró la nueva operadora Petróleos Sudamericanos SA”, advirtió Gabriel Barroso, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, a Los Andes. Según explicó, la promesa era que las nuevas operadoras, como PS, venían a invertir y a levantar producción. “No es el caso de PS; muy por el contrario: tenemos hoy más de 500 despidos entre todos los gremios que estamos en la actividad, y todos los días aparece uno nuevo”, denunció.
Según Barroso, la operadora ha argumentado que hay personal excedente, pero los gremios sostienen que la estrategia es desinvertir y achicar al máximo la estructura productiva. “Yo creo que ellos han venido a saquear lo poco que nos queda en el territorio del Clúster Mendoza Norte”, señaló.
El impacto no es menor: solo en las últimas semanas más de 300 trabajadores fueron desvinculados, según los sindicatos, y el número real podría acercarse a los 800, considerando bajas en todos los sectores: producción, servicios, transporte, proveedores y mantenimiento.
Los sindicatos de Camioneros de Mendoza, Petroleros Jerárquicos, Petróleo y Gas Privado ya elevaron un reclamo formal al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, en el que exigen medidas urgentes para evitar un colapso operativo, social y ambiental en los yacimientos de la región.
Allí advierten que un cambio tarifario impulsado recientemente también pone en riesgo la operación de los seis equipos que aún están activos en la zona: tres de San Antonio, dos de Emepa y uno de Clear. "La paralización de estos equipos dejaría fuera de servicio tareas clave como cementación, punzado, herramientas y bombeo, comprometiendo la continuidad de la producción y del mantenimiento de los pozos", explicar.
“Es el mismo patrón de siempre: las empresas se van, los equipos se paran, y los que quedan en el medio son los trabajadores y sus familias. Esto no puede seguir así”, advirtieron los firmantes del reclamo presentado ante el Gobierno provincial.
Desde el gobierno sostuvieron que "entregaron un petitorio plagado de falacias, manifestaron preocupación y pidieron intervención provincial. Fuimos claros en que no nos metemos en la políticas internas de las empresas, que cualquier incumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo y del Convenio Colectivo de la actividad será atendida en la Subsecretaría de Trabajo y que tienen la Justicia Laboral en ese caso".
Empresas de petróleo en retirada
A la par de la restructuración de PS, dos empresas clave ya han comenzado a retirarse de Mendoza: Superior Energy y Geo Services, ambas fundamentales en los servicios técnicos de soporte a la producción. Su salida implica nuevas pérdidas de empleo y un deterioro mayor de la infraestructura local.
Julián Matamala, secretario general del Sindicato de Personal Jerárquico del Petróleo, también apuntó contra la falta de gestión en el traspaso de la operación a Petróleos Sudamericanos (PS).
“El problema es que se hizo mal la cesión. Teníamos 12 equipos en ese área y ahora han dejado 6, y posiblemente quieran bajar a 4”, explicó.
Matamala detalló que su sindicato (Jerárquicos) ya ha perdido más de 300 trabajadores, muchos de ellos con larga trayectoria en la industria. “El petrolero toda la vida ha trabajado en el petróleo. Cuando uno queda afuera, no sabe hacer otra cosa”, lamentó.
El impacto social es fuerte, porque no es sencillo reinsertarse en otros sectores con salarios equivalentes. “Un trabajador despedido estaba ganando entre 6 y 7 millones de pesos mensuales. Es un sueldo que no se consigue en otro rubro, y menos en Mendoza”, agregó Matamala.
Además, los intentos de buscar trabajo en otras cuencas, como en Neuquén, no están dando resultado. “Allá no los reciben, nos dicen ‘son menducos’, entonces no hay trabajo para la gente”, señaló.
Pasivo ambiental y paro
En el plano ambiental, los gremios también alertaron que el freno de trabajos de abandono técnico de pozos está generando una acumulación crítica de pasivo ambiental. Según el documento que elevaron a Mema, esta situación podría impactar gravemente en las napas de agua de la región.
“Nosotros no hemos tenido ninguna respuesta del Gobierno. Creo que verdaderamente el Gobierno de Mendoza no está pensando en los trabajadores. Y acá hay que pensar en las familias petroleras, que son muchas”, insistió Matamala.
Los gremios también expresaron su preocupación por la falta de interlocución política: “Nosotros habíamos manifestado en varias oportunidades cómo debería haberse manejado el traspaso de la operación, y el Gobierno hizo oídos sordos”, recordó Barroso.
De no mediar una solución en los próximos días, el conflicto podría escalar. Actualmente los gremios están en un proceso de conciliación obligatoria hasta el próximo 13 de junio. “Ahí nos vamos a juntar los tres secretarios generales y, casi seguro, después del 13 vamos a ir a un paro total, para que el Gobierno entienda que no estamos jugando, que con los petroleros no se juega y menos con las familias petroleras”, adelantó Matamala.