Lectura exprés

• ¿Qué sucedió?
  Una movilización masiva de la CGT y gremios rechazó la nueva reforma laboral impulsada por el gobierno.
• ¿Quién es la protagonista?
  Silvia La Ruffa, politóloga y especialista, desglosó los puntos críticos de la normativa.
• ¿Cuál es el argumento central?
  Sostiene que el objetivo no es generar empleo, sino abaratar los costos de despido para las empresas.
• ¿Por qué es polémico?
  Advierte que retrotrae derechos laborales 50 años y contradice normas internacionales de la OIT.
• ¿Cómo afecta a las jubilaciones?
  Denuncia que se desvía un 3% de contribuciones patronales al Fondo de Cese, desfinanciando el sistema previsional.
• ¿Qué dice la evidencia?
  La especialista recuerda que con la misma ley actual se destruyó empleo en los 90 y se creó récord de puestos en 2003.
• ¿Cómo sigue el conflicto?
  Se prevé una fuerte judicialización si la ley avanza en contra de los estándares constitucionales.

El mito de la creación de empleo mediante leyes

En un contexto de alta tensión social y movilización sindical, la discusión sobre la reforma laboral ha tomado el centro de la escena política argentina. La especialista y politóloga Silvia La Ruffa ofreció un análisis detallado sobre las implicancias de la normativa que busca imponer el gobierno de La Libertad Avanza, desmitificando uno de sus principales argumentos de venta: la generación de trabajo.

Según La Ruffa, existe una falacia instalada respecto a que la modificación de las leyes laborales se traduce automáticamente en nuevos puestos de trabajo. Para fundamentar su postura, recurrió a la historia reciente del país: "Nuestro país ha tenido momentos de destrucción de puestos de trabajo en los finales de los 90 y de creación de más de 4 millones de puestos entre 2002 y 2004, todo con el mismo marco normativo". Con este dato, la especialista subraya que la variable de ajuste no es la ley, sino la actividad económica y el modelo productivo.

Objetivo real: Abaratar el despido

El punto más crítico del análisis se centra en la verdadera intención detrás de la reforma. Lejos de buscar una modernización que proteja al trabajador o incentive la contratación en PyMES, La Ruffa es contundente: "Es una ley para abaratar los despidos".

La experta explica que la normativa busca satisfacer demandas de sectores concentrados de la economía que ven en la indemnización un costo a reducir, más que una protección a respetar. "Lo otro es despedir gratis. No es una ley para crear nuevos puestos de trabajo ni para blanquear, es una ley para abaratar los despidos en relación a la normativa vigente", sentenció.

• Flexibilización horaria: Se cuestiona la eliminación de horas extras pagas, permitiendo "bancos de horas" que benefician la estacionalidad de la empresa en detrimento de la vida familiar del trabajador.
• Periodo de prueba: La extensión de este lapso facilita la rotación de personal sin costos indemnizatorios, aumentando la precarización.

Un golpe al sistema previsional

Uno de los aspectos menos discutidos pero más peligrosos de la reforma, según La Ruffa, es su impacto directo en las jubilaciones futuras. La propuesta incluye la creación de un Fondo de Cese Laboral (similar al modelo de la construcción), pero la financiación de este fondo provendría de una parte de las contribuciones patronales que hoy van a la seguridad social.

"El financiamiento que pretenden hacer del sistema previsional al distraer un 3% de las contribuciones que hace la patronal para armar un fondo para las indemnizaciones es flojito de papeles", advirtió. Esto significa que, para pagar futuros despidos, se está desfinanciando la caja de los jubilados, en un contexto donde la expectativa de vida aumenta y el sistema ya enfrenta desafíos de sustentabilidad.

Inseguridad jurídica y conflicto internacional

Finalmente, el análisis aborda la cuestión de la "seguridad jurídica", un término a menudo utilizado para exigir garantías para los inversores. Sin embargo, La Ruffa invierte la carga de la prueba: la verdadera inseguridad jurídica surge cuando un país viola tratados internacionales a los que se ha suscrito.

Argentina es miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyos convenios tienen jerarquía supralegal. "La legislación interna no puede contradecir esos principios generales", explicó. Cualquier reforma que vulnere pisos mínimos de derechos —como la jornada limitada o la protección contra el despido arbitrario— chocará inevitablemente con el Poder Judicial, generando una ola de litigios que, lejos de atraer inversiones, generará mayor incertidumbre.

La movilización de la CGT y otros sectores no es solo una defensa de derechos adquiridos, sino una advertencia sobre un modelo que, bajo la promesa de libertad, podría estar institucionalizando la indefensión laboral.