La Justicia investiga a la tía de la exlegisladora Ofelia Fernández por presuntas operaciones irregulares con divisas. La maniobra, conocida como "rulo", superaría los 500 millones de dólares durante la época del cepo cambiario.

El estallido de un escándalo financiero millonario

La Justicia federal ha puesto la lupa sobre un complejo entramado financiero que involucra cifras astronómicas y roza de cerca al entorno familiar de una conocida figura política. Una investigación en curso en la provincia de Córdoba está analizando presuntas maniobras de compra y venta irregular de divisas, comúnmente conocidas en la jerga económica argentina como "rulo" financiero, por un volumen que ascendería a los 500 millones de dólares.

El caso, que ha comenzado a generar fuertes repercusiones mediáticas, se centra en las operaciones de una compañía financiera que, de manera llamativa, lograba acceder a divisas a cotización oficial en momentos donde imperaban estrictas restricciones cambiarias. El fiscal a cargo de desentrañar esta compleja red de transacciones es Carlos Casas Nóblega, quien se encuentra reuniendo el material probatorio para determinar las responsabilidades penales de los directivos de la firma.

Los vínculos familiares con la exlegisladora Ofelia Fernández

El dato político que ha catapultado la relevancia de esta investigación judicial es la conexión directa con la familia de la exlegisladora porteña Ofelia Fernández. Si bien ella no se encuentra imputada ni tiene participación activa en la empresa, los principales nombres bajo la lupa de la Justicia pertenecen a su círculo íntimo familiar.

Según los reportes de la causa y la información del Boletín Oficial, Ana María Mozo, tía de Ofelia Fernández, figura como propietaria del 20% del paquete accionario de la financiera investigada. Asimismo, se ha señalado que Eva María Mozo, madre de la exfuncionaria, se desempeñó durante un tiempo como empleada de la misma firma. De hecho, en 2019, cuando Fernández ingresó a la actividad pública, debió aclarar ante consultas de la prensa que su madre era "apenas una empleada" y no la dueña de la entidad financiera, un dato que ahora cobra nueva luz al confirmarse que la titularidad accionaria recaía sobre su tía.

El "Modus Operandi": Un rulo VIP durante el cepo cambiario

El núcleo de la investigación judicial apunta a cómo operaba esta compañía durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, específicamente a mediados del año 2023. Durante ese período, el acceso al dólar oficial por parte del Banco Central de la República Argentina estaba severamente restringido para el público general y la gran mayoría de las empresas ("cepo cambiario").

Sin embargo, la investigación sugiere que esta financiera operaba con un "modus operandi" privilegiado. A través de presuntos contactos e influencias, lograban autorizaciones discrecionales para acceder a inmensos volúmenes de dólares al tipo de cambio oficial. Posteriormente, estos fondos eran liquidados en el mercado cambiario paralelo, generando ganancias extraordinarias e instantáneas por la brecha cambiaria. Resulta un dato de color casi irónico que la firma haya tenido en su momento oficinas en el emblemático edificio porteño conocido popularmente como "El Rulero", aunque las operaciones más sensibles se gestionaban lejos del radar de la City, centralizando sus movimientos en Córdoba y con ramificaciones operativas en Mendoza, vinculadas históricamente a la estructura de la casa de cambios Maguitur.

La denuncia interna que derrumbó el castillo de naipes

El enorme flujo de dinero no fue detectado inicialmente por los controles del Estado, sino que salió a la luz gracias a un conflicto interno en la cúpula de la empresa. La causa judicial se originó a partir de la denuncia formal de uno de los socios comerciales de Ana María Mozo.

• El motivo de la denuncia: El exsocio acudió a los tribunales cordobeses argumentando que estaba siendo víctima de una maniobra de vaciamiento corporativo.
• La maniobra de asfixia: Según el denunciante, mientras a él lo "secaban" financieramente para obligarlo a malvender su parte de la empresa, paralelamente inundaban otras áreas de la compañía con los dólares obtenidos del rulo financiero.
• Temor a implicancias penales: El socio decidió presentarse ante el fiscal no solo por el perjuicio económico, sino para evitar "quedar pegado" en las inminentes consecuencias penales por las operaciones de lavado y fraude cambiario que se estaban gestando a sus espaldas.

Aristas oscuras: Una muerte bajo sospecha en el entorno

Como si la magnitud económica del fraude no fuera suficiente, la trama judicial tiene componentes aún más oscuros vinculados a los fundadores históricos de las redes de cambio involucradas, específicamente la familia Guiñazú (dueños originarios de Maguitur).

Fuentes vinculadas a la investigación revelaron un episodio truculento: la madre de Guillermo Guiñazú, quien poseía una pequeña porción accionaria y debía presentarse a declarar en el marco de investigaciones conexas, apareció muerta antes de poder brindar su testimonio. Si bien los informantes de los tribunales cordobeses aclararon rápidamente que los peritajes iniciales "no arrojaron motivos para sospechar que haya sido un asesinato", la propia familia Guiñazú se encuentra actualmente solicitando a la Justicia que se profundice la investigación sobre las causas de este deceso oportuno.

Este escándalo, que mezcla millonarios desfalcos al Estado, influencias para sortear controles cambiarios y familiares de figuras políticas con discursos progresistas, promete seguir escalando a medida que el fiscal Casas Nóblega avance en el análisis de las cuentas y cite a declarar a los directivos de la financiera, obligando a los involucrados a justificar manejos de dinero que, hasta el momento, resultan inexplicables para el sistema legal.