El ministro de la Corte Suprema acaba de publicar "El colapso ambiental", donde describe a la crisis climática y ecosistémica como el nuevo enemigo.
Es su faceta menos conocida, pero Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema, tiene una extensa trayectoria en materia ambiental.
Es fundador del Instituto Judicial Global Ambiental, que reúne a jueces de todo el mundo; integra el Comité Asesor del Programa de ONU Ambiente y el Comité de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre otras instituciones.
Ha escrito numerosos libros académicos y también de divulgación sobre temáticas que cruzan lo ambiental y la justicia. Su último libro es "El Colapso Ambiental" (Sudamericana), sobre el que dialogó con El Cronista.
¿Por qué escribió el libro?
A raíz de mi participación en numerosas organizaciones internacionales como ONU Ambiente y la UICN, y el contacto con jueces de todo el mundo, contribuí a la elaboración de un programa de Estado de Derecho Ambiental.
Este es un concepto que integra los principios de acceso a la información, gobierno abierto y transparencia en materia ambiental.
Otro principio fundamental es la protección de los débiles. En todas las constituciones, se aplica la ley en caso de duda, a favor del más débil o vulnerable. Y hoy, la naturaleza es la más vulnerable. Lo comprobamos en esta pandemia, que se desencadenó por un virus zoonótico y el daño que hicimos a los ecosistemas. Lamentablemente, las soluciones se enfocan sólo en la salud humana, sin considerar que hay una sola salud: humana, pero también ambiental y animal.
¿Cuáles cree que son las principales "injusticias ambientales" de la Argentina?
La deforestación sin límites, que termina haciendo áridas a las tierras y provocando sequías; los deshielos de los glaciares debido al cambio climático; la falta de respeto en la explotación minera que debería ser sustentable; la destrucción del paisaje; la falta de cuidado de las áreas protegidas; el descontrol en la basura; la falta de guías para el consumo sustentable; la contaminación de los ríos, lagos; la pesca indiscriminada en la zona atlántica; la pérdida de biodiversidad, el empobrecimiento y desigualdad en amplias zonas de país.
El listado es grande, pero demuestra que no es suficiente con arreglar una parte; hay que cambiar todo: la dirección de la economía, la sociedad y la gobernabilidad política del mundo.
¿En qué medida la justicia debe cambiar para responder a la crisis socioambiental?
La justicia tiene que aplicar la Constitución y la ley teniendo en cuenta que ambas protegen el ambiente.
Las sentencias de la Corte Suprema han sido numerosas. Comenzamos en el 2006 con el caso del Riachuelo; también hay sentencias relativas al cuidado de los glaciares, contra la deforestación, por el derecho al agua, la protección de bosques, de humedales y muchas más.
¿El poder judicial está capacitado para aplicar una perspectiva ambiental?
Si. La Corte Suprema creó hace años, durante mi presidencia, una Secretaría ambiental y una Oficina ambiental destinada a la educación. Muchos tribunales federales y provinciales han adoptado medidas en ese sentido.
Las universidades también están enseñando el derecho ambiental. Actualmente yo dirijo la maestría de derecho ambiental en la UBA, pero hay muchas más en universidades.
¿Por qué cree que leyes como la de humedales, delitos ambientales o de envases aún no se sancionaron?
Siempre hay intereses que demoran la sanción. Pero debo decir que Argentina cuenta con la Constitución, la Ley general del Ambiente y muchas otras vinculadas a lo ambiental, lo que falla es su aplicación completa. Es muy importante la educación y la ley Yolanda, que promueve la educación ambiental.
¿Está de acuerdo con la figura del ecocidio y el juzgamiento internacional de delitos ambientales?
El ecocidio no está tipificado como delito. Y si bien en su momento se propuso incorporar los delitos ambientales al código penal, esto no fue aceptado.
Pero insisto, el problema no es la falta de leyes, sino el cumplimiento de las que están. De otro modo, el derecho es solamente declarativo.
La Corte Suprema ha dictado fallos a favor del ambiente sin que hubiera una ley de delitos ambientales. Se hizo en el caso Riachuelo y en los incendios de pastizales en el Delta.