La reciente presentación del proyecto de Presupuesto 2027 por parte del Gobierno nacional ante el Congreso ha encendido todas las alarmas en uno de los sectores más históricamente vulnerables y desatendidos de la sociedad argentina: las personas con discapacidad, sus familias y el amplio ecosistema de profesionales que integran la red de asistencia y rehabilitación. Mientras el debate mediático se centra casi exclusivamente en las variables macroeconómicas, el déficit cero y los lineamientos fiscales, desde las agrupaciones civiles advierten que la "letra chica" del documento oficial esconde recortes drásticos. De aprobarse sin modificaciones, estos ajustes amenazan con desmantelar el actual esquema de prestaciones, terapias y pensiones, poniendo en jaque la calidad de vida, la independencia y la dignidad de miles de ciudadanos que dependen directamente de estas políticas públicas.

La preocupación en el sector no es un fenómeno enteramente nuevo, pero la magnitud y la agresividad de las reformas propuestas en este nuevo ejercicio fiscal marcan un preocupante punto de inflexión. Referentes del área denuncian que las modificaciones planteadas representan un retroceso histórico en materia de derechos adquiridos, intentando devolver el tratamiento de la discapacidad a una anticuada, errónea y estigmatizante óptica de mera "invalidez laboral". Al respecto, señalan que tratar a la persona únicamente bajo el concepto de invalidez resulta sumamente agresivo, puesto que borra la identidad del sujeto y lo define únicamente por lo que el mercado laboral considera "productivo", ignorando décadas de luchas por el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho.

El fantasma de la desregulación arancelaria y la muerte del nomenclador

Uno de los puntos más críticos y resistidos que esconde el Presupuesto 2027 es la intención de avanzar, casi de forma inadvertida, hacia la desregulación total del nomenclador nacional de prestaciones básicas. Este instrumento técnico, que puede parecer ajeno para el ciudadano común, es de vital importancia para el funcionamiento armónico del sistema: es el encargado de establecer y unificar los aranceles mínimos que deben percibir obligatoriamente los profesionales, centros de día, instituciones terapéuticas y transportistas que asisten a las personas con discapacidad en todo el país.

Érika Nacir, dirigente política del espacio NEPAR, reconocida referente del área de discapacidad y madre de un joven de 23 años con discapacidad, explicó la extrema gravedad de esta medida durante una reciente y profunda entrevista televisiva brindada a Ciudad TV. "Es lo que tanto luchamos con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ahora lo quieren meter por debajo de la mesa y desregular totalmente el nomenclador. Ya no existiría un mínimo garantizado", advirtió con evidente preocupación. De concretarse esta política privatizadora, cada prestador individual (ya sea un kinesiólogo, un acompañante terapéutico, un psicopedagogo o un chofer de transporte adaptado) se vería forzado a negociar sus honorarios uno a uno con las obras sociales o prepagas, generando una asimetría de poder insalvable.

Esta situación se agrava radicalmente al comprender el circuito real del financiamiento del sistema de salud: el Estado Nacional es quien gira los fondos correspondientes a las obras sociales, y estas últimas pagan posteriormente a los prestadores, actuando en la práctica apenas como un ente intermediario administrativo. La desregulación dejaría a los profesionales a absoluta merced de lo que las grandes prestadoras de salud "puedan o quieran" abonar, precarizando aún más un trabajo verdaderamente esencial y fomentando, inevitablemente, el abandono masivo de pacientes ante la inviabilidad económica de sostener los tratamientos necesarios.

Pensiones en riesgo: el insólito castigo por acceder al trabajo formal

Otro de los ejes centrales del conflicto, que ha generado un profundo repudio generalizado, es la modificación propuesta en las condiciones para percibir y mantener la pensión no contributiva por discapacidad. Según la letra del proyecto y las informaciones que manejan las asociaciones civiles, el nuevo esquema de la administración nacional plantea la suspensión o quita automática del beneficio si la persona logra insertarse y acceder a un trabajo formal y registrado. Esta visión choca frontalmente con la concepción moderna y basada en los Derechos Humanos que rige internacionalmente para el sector.

• Un derecho adquirido, no un mero seguro de desempleo: La pensión por discapacidad no funciona bajo ningún punto de vista como un subsidio por no tener trabajo. Su objetivo primordial es actuar como un respaldo estatal básico e irrenunciable para equiparar oportunidades y ayudar a cubrir los elevadísimos costos de vida adicionales que están indisolublemente asociados a la condición de salud, como medicación crónica, terapias continuas y adaptaciones tecnológicas.
• El rol fundamental del CUD: El Certificado Único de Discapacidad (CUD), sobre el cual también sobrevuelan incesantes y peligrosos rumores de eliminación o profunda modificación restrictiva, se otorga exclusivamente en base a necesidades médicas concretas de atención y de acceso a prestaciones vitales. Es un documento legal que certifica una condición de salud permanente o prolongada, independientemente del nivel de ingresos o la situación laboral eventual del portador.

"Vos conseguís un trabajo y de repente pareciera que para el Estado ya no tenés más discapacidad, y la vida real no funciona así", señaló Nacir con comprensible indignación. La referente subrayó que las personas con discapacidad enfrentan enormes barreras arquitectónicas, sociales y sistémicas diarias que requieren un apoyo estatal constante. Retirar la pensión como un "castigo" encubierto por conseguir empleo no solo resulta profundamente injusto, sino que desincentiva abiertamente la inserción laboral formal, empujando a las personas hacia la precariedad de la economía informal por el justificado miedo a perder su histórica cobertura de salud.

La agonía de los prestadores: trabajar por amor al arte y pasar meses sin cobrar

El sombrío escenario a futuro propuesto en el Presupuesto 2027 se asienta lamentablemente sobre un presente que ya de por sí resulta alarmante y crítico. La vital cadena de pagos en el sector de discapacidad se encuentra, desde hace un tiempo considerable, virtualmente rota. A lo largo y ancho de todo el territorio argentino, y con un impacto muchísimo más severo y doloroso en las provincias del norte, los profesionales de la salud, las instituciones terapéuticas y los trabajadores del transporte adaptado denuncian atrasos sistemáticos en los pagos que, en muchísimos casos, superan ampliamente los cuatro a seis meses de demora.

Existen testimonios dramáticos y desesperados de acompañantes terapéuticos, psicopedagogos, kinesiólogos y prestadores de servicios que no perciben un solo peso de sus justos honorarios desde los meses de marzo o abril del corriente año. A pesar de la galopante inflación y la severa crisis económica que atraviesa el país, la enorme mayoría de estos nobles trabajadores continúa brindando el servicio de manera ininterrumpida, sosteniéndolo casi exclusivamente por un profundo compromiso ético profesional y un fuertísimo vínculo afectivo desarrollado hacia sus pacientes y familias.

Para ilustrar de forma tangible esta dramática realidad cotidiana, Érika Nacir relató el caso directo de su propio hijo, José Ignacio. Él depende diariamente, como tantos otros jóvenes, de un servicio de transporte adaptado y especializado para poder asistir a la institución donde recibe sus terapias y contención social; sin embargo, el profesional transportista que realiza este recorrido esencial no percibe su merecido sueldo hace ya cuatro largos meses. "¿Qué hace una persona que no cobra su salario por tanto tiempo? En cualquier otro trabajo convencional o empresa, agarrás tus cosas, renunciás y te vas urgente a buscar otro empleo. Pero acá somos una gran familia, nos hacemos el enorme aguante entre nosotros porque conocemos de cerca la vulnerabilidad del otro", graficó la referente, exponiendo crudamente la fragilidad de un sistema de salud entero sostenido sobre la empatía de los trabajadores y no sobre la responsabilidad ineludible del Estado.

El abandono total del Estado y la resiliencia de la red comunitaria

Frente a un Estado nacional que amenaza de manera constante y hostil con retirar su apoyo financiero y estructural bajo la premisa exclusiva del "superávit fiscal", las angustiadas familias se ven constantemente empujadas a tener que judicializar el sagrado y básico acceso al derecho fundamental a la salud. La agobiante presentación de recursos de amparo se ha convertido, de forma lamentable y rutinaria, en la única vía legal efectiva y medianamente rápida para lograr obligar a las reticentes obras sociales a cumplir con la ley nacional y cubrir intervenciones quirúrgicas vitales o tratamientos prolongados de rehabilitación física y cognitiva.

Nacir compartió valientemente la durísima experiencia médica y burocrática familiar reciente: José Ignacio tuvo que atravesar en los últimos cuatro meses una dolorosa serie de complejas cirugías ortopédicas con el único y gran objetivo de lograr "bipedestar", es decir, tener la posibilidad clínica real de pararse utilizando un andador, lo cual le otorgaría a futuro una invaluable cuota de independencia motriz y autonomía. Este costoso procedimiento médico y su posterior y extensa rehabilitación diaria requieren una cobertura prestacional total que solamente pudo ser garantizada tras el inicio forzoso de extensas acciones legales. Sin estas urgentes intervenciones impulsadas por el amparo judicial, y sin la presencia de un Estado fuerte que regule, exija y respalde a los pacientes más débiles, el riesgo inminente e irreversible es que jóvenes como él queden tristemente confinados a una cama de por vida, perdiendo para siempre toda posibilidad de salir a pasear, interactuar socialmente y desarrollar un proyecto de vida plena.

Ante este enorme e injustificable vacío de asistencia estatal, el necesario lugar de contención humanitaria está siendo heroicamente ocupado por incansables redes de solidaridad comunitaria. Los exhaustos familiares de personas con discapacidad se agrupan constantemente en redes sociales y asociaciones barriales sin fines de lucro para donar, prestar y rotar de forma colaborativa medicamentos costosos, sillas de ruedas, andadores y otros insumos ortopédicos de primera necesidad. No obstante, las agrupaciones advierten enfáticamente que estas redes informales e invaluables de apoyo ciudadano jamás podrán, ni deberán, suplir de forma permanente la obligación legal, moral y constitucional ineludible que tiene todo Estado democrático de garantizar plenamente el derecho a la vida y a la salud pública integral.

Un llamado perentorio y urgente a los legisladores nacionales chaqueños

La última e indispensable línea política de defensa cívica frente a este agresivo avance directo sobre los derechos adquiridos y la dignidad humana se encuentra actualmente radicada en los recintos del Congreso de la Nación. Por este motivo fundamental, desde las diversas y unidas organizaciones que nuclean al sector de la discapacidad a nivel regional han emitido un mensaje sumamente claro, exigente y directo a la totalidad de los representantes políticos elegidos por la provincia del Chaco, demandándoles públicamente la máxima responsabilidad política e histórica, una lectura verdaderamente minuciosa, crítica y exhaustiva de cada oscuro artículo del proyecto oficialista, y sobre todo, una sensibilidad y empatía humana que parece escasear en las esferas del poder central.

El urgente reclamo ciudadano interpela, con nombres y apellidos, directamente a los legisladores que ocupan bancas clave. Mencionan a los senadores nacionales por la provincia Jorge Milton Capitanich y Silvana Sneider, al igual que al grueso del bloque de diputados nacionales conformado por Juan Cruz Godoy, Gerardo Cipolini, Carlos García, Guillermo Agüero, Aldo Leiva, Julieta Ocampo, Sergio Dolche y Rosario Goitía. El pedido unificado de las miles de familias afectadas es contundente y no admite ninguna zona de grises en el debate parlamentario: exigen rechazar de plano y votar en contra de cualquier artículo del Presupuesto 2027 que implique un recorte de fondos, una pérdida de autonomía, o un retroceso regresivo en los derechos conquistados durante décadas. Piden sostener con firmeza inclaudicable la vital vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y, fundamentalmente, reclaman a los representantes no replicar el tristemente criticado ausentismo que caracterizó a algunos de estos mismos legisladores chaqueños en anteriores y determinantes votaciones legislativas, dejándolos en absoluto desamparo.

"Yo los invito formalmente a que vengan, que salgan de la comodidad de sus despachos y vean no solo mi realidad diaria, sino la durísima realidad de toda una inmensa comunidad. Pareciera que viven en una realidad paralela, encerrados en sus oficinas de Buenos Aires, y no logran ver el sufrimiento constante del día a día", concluyó Nacir en su desgarrador y contundente llamado de atención a la clase dirigente. La decisión final y el peso de la historia están ahora en la cancha exclusiva del Poder Legislativo Nacional, que deberá definir irremediablemente en las próximas e intensas semanas de debate si el Presupuesto 2027 terminará por convalidar un doloroso e injusto ajuste económico concentrado sobre los sectores poblacionales históricamente más desprotegidos, o si, por el contrario, los representantes elegidos por el voto del pueblo actuarán como el necesario y urgente freno democrático ante la inminente pérdida de derechos fundamentales, sociales y vitales.