Clausura institucional por graves anomalías

El Gobierno de Chaco anunció con firmeza la clausura definitiva de la Fundación Valdocco tras detectar un esquema de irregularidades administrativas, financieras y educativas que afecta tanto el patrimonio público como a múltiples trabajadores. La fundación, con operaciones simultáneas en Santa Cruz, manejaba el pago de sueldos estatales a personal cuya presencia real en establecimientos y cumplimiento de funciones nunca pudo ser constatado por las autoridades. De los casi 80 docentes registrados, menos de 15 ejercían realmente tareas en escuelas primarias locales; el resto se encontraba disperso en Buenos Aires, Formosa y otras provincias, con casos emblemáticos como el cura Molina, señalado como rector y al mismo tiempo involucrado en causas penales por trata de personas.

Fraude educativo y maniobras instituidas

• La intervención estatal detectó pagos indebidos por más de 130 millones de pesos a personas ajenas a la provincia, sin ejercer actividad profesional en el sistema educativo chaqueño.
• Las inspecciones de la gestión privada evidenciaron falta total de documentación actualizada, incumplimientos legales y ausencia de los docentes en albergues y anexos educativos.
• Se denunció formalmente el funcionamiento de albergues clandestinos donde residían menores en situación problemática, sin garantías públicas ni controles institucionales, agravando la situación de vulnerabilidad de los niños y adolescentes alojados.

Amparo judicial, cautelares y polémicas

La gravedad del caso llevó al Juzgado Civil 21 a dictar una medida cautelar que obliga a la provincia a abonar sueldos pendientes a trabajadores afectados, pese a la clausura y a la falta de comprobación efectiva de la relación laboral. Desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Coordinación de Gabinete, las autoridades presentaron recursos legales y han iniciado denuncias penales para frenar el desvío de fondos, solicitando que la justicia revise el domicilio y la actividad de cada docente para evitar pagos arbitrarios.

• Sofía Naidenoff (Ministra de Educación) y Livio Gutiérrez (Secretario de Gabinete) expresaron públicamente su malestar, demandando transparencia y calificando la situación como “una cachetada a la sociedad” y “manejo indignante de la plata de todos”.
• El informe presentado por el área de Dr. Samudio fue clave para formalizar la denuncia penal y documentar los pormenores de la maniobra.

La controversia crece por la coexistencia de pagos con las autoridades de la fundación en Santa Cruz también investigadas por trata de personas, lo que suma gravedad institucional y expone un entramado de desidia política y connivencia en gestiones anteriores.

Impacto social y consecuencias

La clausura despierta debates sobre el control de fondos públicos, la veracidad de las instituciones educativas privadas y la responsabilidad judicial frente a la vulnerabilidad de menores depositados en sistemas sin fiscalización. El Gobierno instó a la justicia a rever medidas y levantó un llamado para instaurar controles estrictos y sanciones ejemplares en casos de fraude y explotación institucional.