Lo que comenzó como un gesto solidario entre compañeras de trabajo terminó convirtiéndose en una pesadilla financiera y emocional para una familia beneficiaria del plan Procrear. La historia, que expone las fallas en la celeridad judicial y el abuso de confianza, tiene como escenario los departamentos de la Ex Villa Olímpica, cerca de Parque Roca.

De sueño de la casa propia a pesadilla inmobiliaria

Rosa, la propietaria, había recibido con felicidad su departamento a estrenar, con paredes blancas inmaculadas e instalaciones nuevas. Sin embargo, decidió no mudarse de inmediato y, ante el pedido de una compañera de trabajo que alegaba problemas personales y la necesidad de cuidar a su madre, accedió a prestárselo temporalmente.

Según relató el abogado de la víctima, la ocupante no era una desconocida: se trataba de una mujer con perfil público, descrita como "excandidata a diputada provincial por el Frente para la Victoria" y con antecedentes laborales en organismos de Derechos Humanos. "Una persona con valores, creíamos", lamentaron los damnificados.

Un año de litigio y "chicanas" legales

El acuerdo de palabra se rompió rápidamente. La ocupante no solo se negó a devolver el inmueble tras el plazo estipulado, sino que dejó de responder el teléfono y, según la denuncia, jamás pagó un alquiler ni las expensas correspondientes, acumulando deudas que recayeron sobre la titular.

El abogado de la familia explicó la odisea judicial: "Hubo un intento siempre de conciliar, pero ella nos denunció a nosotros por 'intento de usurpación' cuando fuimos a tocarle la puerta para pedirle que se vaya". Durante los 12 meses que duró el proceso de desalojo, Rosa tuvo que afrontar un triple gasto mensual:

• El alquiler de la vivienda donde residía mientras esperaba.
• La cuota del crédito Procrear.
• Las expensas y servicios que la ocupante no abonaba.

"El peronismo no aprieta compañeres": El mensaje final

Al recuperar finalmente la posesión del inmueble, la familia se encontró con un escenario desolador. El departamento, que había sido entregado en condiciones impecables, estaba prácticamente destruido. Las imágenes reveladas muestran:

• Muebles de cocina y bajo mesada rotos.
• Cañerías dañadas y suciedad generalizada.
• Botellas de alcohol dispersas por las habitaciones.

Pero lo más impactante fue el mensaje dejado en una de las paredes, escrito con aerosol o marcador negro: "El peronismo no aprieta compañeres", junto a otras frases que intentaban justificar la ocupación bajo una supuesta lógica política, acusando a los dueños de "haber hecho un negocio" con el Estado.

Pérdidas millonarias

"Se me fueron siete palos (millones) más las costas del abogado", confesó la víctima sobre el impacto económico del conflicto. A pesar de haber ganado el juicio, la familia ahora enfrenta el desafío de reconstruir su hogar desde cero, reparando los daños maliciosos dejados por quien alguna vez se presentó como una amiga en apuros.

El caso reaviva el debate sobre los tiempos de la Justicia en los procesos de desalojo y la vulnerabilidad de los propietarios ante ocupaciones ilegales, incluso cuando existen escrituras y derechos claros sobre la propiedad.