Lectura exprés

• ¿Qué sucedió? Se descubrió una organización coercitiva ("secta") que operaba desde oficinas del Senado bonaerense cometiendo abusos sexuales y laborales.
• ¿Quiénes son los acusados? Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, empleados de planta permanente y referentes de la agrupación "La Capitana".
• ¿Cuándo ocurrió? Los delitos se habrían perpetrado entre 2015 y 2023, pero las detenciones se produjeron a finales de diciembre de 2025 y enero de 2026.
• ¿Dónde operaban? Los abusos ocurrían en domicilios particulares y, según las denuncias, incluso dentro de oficinas administrativas de la Legislatura en La Plata.
• ¿Cómo captaban a las víctimas? Ofrecían becas, pasantías y contratos estatales a mujeres jóvenes y vulnerables bajo la fachada de militancia política.
• ¿Por qué es un escándalo político? Los acusados utilizaban recursos del Estado y su posición de poder para financiar y encubrir la estructura de sometimiento.
• ¿Qué interviene la Justicia? La fiscal Betina Lacki lidera la causa; hay dos detenidos y se investiga una posible red de encubrimiento institucional.

La "Casa del Horror" en pleno centro de poder

La ciudad de La Plata es el epicentro de uno de los escándalos más oscuros de los últimos años. Lo que comenzó como un rumor en los pasillos de la Legislatura ha escalado hasta convertirse en una causa penal con detenidos, allanamientos y testimonios desgarradores que describen el funcionamiento de una secta coercitiva financiada, presuntamente, con fondos del erario público.

La investigación, encabezada por la fiscal Betina Lacki, ha puesto bajo la lupa a dos figuras clave: Nicolás Daniel Rodríguez y su pareja, Daniela Silva Muñoz. Ambos, empleados de planta permanente del Senado de la Provincia de Buenos Aires y referentes de la agrupación política kirchnerista “La Capitana”, están acusados de liderar una organización denominada “La Orden de la Luz”.

Según se desprende del expediente, esta estructura no solo buscaba la adhesión ideológica o "espiritual", sino que funcionaba como una maquinaria de servidumbre sexual y manipulación psicológica. Las denuncias indican que los acusados aprovechaban su acceso a recursos estatales para captar a mujeres jóvenes —algunas menores de edad al inicio de los hechos— ofreciéndoles un futuro laboral o académico que terminaba en una pesadilla.

Modus Operandi: Del contrato al sometimiento

El mecanismo de captación era tan simple como perverso. Aprovechando la crisis económica y la necesidad de inserción laboral de jóvenes militantes, la pareja ofrecía “pasantías”, “becas” o contratos administrativos en la Legislatura. Sin embargo, el "peaje" para acceder y mantener estos beneficios no era el trabajo administrativo, sino la sumisión total a los líderes de la secta.

Los testimonios recopilados por la justicia describen un proceso de lavado de cerebro progresivo:

• Captación: Se acercaban a las víctimas en encuentros políticos, congresos de mujeres o actividades militantes. Daniela Silva Muñoz solía actuar como la "amiga" o mentora que generaba confianza.
• Adoctrinamiento: Introducían a las víctimas en creencias esotéricas bajo la fachada de “coaching” o superación personal dentro de "La Orden de la Luz".
• Quebrantamiento de la voluntad: Mediante amenazas, aislamiento de sus familias y violencia psicológica, las víctimas eran convencidas de que debían obediencia absoluta a Rodríguez, quien se autodenominaba un "ser superior" o "maestro".

Abusos en la oficina y rituales de terror

Uno de los puntos más graves de la investigación es la locación de los delitos. Si bien muchos abusos ocurrían en el domicilio de la pareja, las declaraciones de las víctimas aseguran que se cometieron vejaciones sexuales dentro de las propias instalaciones del Senado Bonaerense.

El relato de una de las denunciantes es estremecedor: detalló cómo Rodríguez la obligó a realizar prácticas sexuales bajo amenaza de muerte, utilizando cuchillos y navajas para amedrentarla. "Me decía que si dejaba la Orden, me iba a matar, que él tenía poder y contactos", reza uno de los testimonios que hoy constan en la causa.

La manipulación llegaba al extremo de exigirles que entregaran parte de sus sueldos (percibidos del Estado) a la organización, bajo la excusa de financiar la "causa" o los gastos de la secta. Esto configura no solo delitos contra la integridad sexual, sino también posibles fraudes a la administración pública y extorsión.

El silencio político y la complicidad

El caso ha generado un sismo político. A pesar de la gravedad de las denuncias, que datan de hechos ocurridos al menos desde 2015, la pareja logró mantenerse en sus cargos durante años. Rodríguez y Silva Muñoz no eran empleados rasos desconocidos; su militancia activa y su rol en la agrupación "La Capitana" (que llegó a tener aspiraciones electorales en La Plata) les daban visibilidad.

La pregunta que resuena en los tribunales y en los medios es: ¿Quién los protegía? La Justicia intenta determinar si existió una red de encubrimiento dentro de la Cámara Alta provincial o si los mecanismos de control fallaron estrepitosamente. Se investiga si funcionarios de áreas sensibles, como las oficinas de Género o Recursos Humanos, desestimaron alertas previas o cajonearon quejas administrativas.

La situación procesal actual

Actualmente, tanto Rodríguez como Silva Muñoz permanecen detenidos tras los allanamientos realizados a finales de diciembre. La fiscalía ha solicitado la prisión preventiva mientras se analizan los dispositivos electrónicos secuestrados (celulares y computadoras), que podrían contener material probatorio clave, como chats coercitivos, videos o listas de otras posibles víctimas que aún no se han animado a denunciar.

Este caso reabre el debate sobre la falta de controles en las contrataciones legislativas y el uso de estructuras estatales para fines privados y delictivos, recordando tramas oscuras donde el poder se utiliza para garantizar la impunidad de los depredadores.