Una investigación expone graves irregularidades en el Sindicato de Peajes bajo la órbita de Facundo Moyano. Autos injustificados, sueldos exorbitantes y consultoras fantasma contrastan drásticamente con el dramático colapso de la obra social camionera.

Un sindicato bajo la lupa y números que no cierran

Un nuevo capítulo de controversias rodea a la emblemática estructura familiar de los Moyano. Esta vez, el foco de atención recae sobre Facundo Moyano y su férrea administración del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA). Una exhaustiva investigación periodística ha dejado al descubierto lo que podría ser uno de los esquemas de enriquecimiento y desmanejo sindical más llamativos de los últimos tiempos, combinando flotas de vehículos exorbitantes, sueldos astronómicos para su círculo íntimo y presuntas consultoras fantasma.

Mientras las sospechas en su contra se multiplican y debe enfrentar el escrutinio público, el líder sindical esquiva sistemáticamente las explicaciones sobre cómo logra sustentar un nivel de vida de alta gama, que incluye, entre otras cosas, el pago de alquileres en ostentosas propiedades sobre la exclusiva Avenida Libertador de Buenos Aires. Sin respuestas claras por parte del dirigente, las miradas fiscales y periodísticas se han dirigido directamente hacia su principal fuente de recursos: el gremio de los peajes.

Lujos sindicales: 48 autos de alta gama para 24 empleados

Uno de los descubrimientos más impactantes del informe radica en el patrimonio vehicular que administra el SUTPA. La sede gremial, que recientemente inauguró un flamante y moderno edificio vidriado en calle Chacabuco 132, en el corazón del microcentro porteño, gestiona a su nombre una insólita flota de 48 vehículos. Lo verdaderamente escandaloso de esta cifra salta a la luz al cruzar los registros formales: el sindicato cuenta con tan solo 24 empleados en blanco. Las matemáticas evidencian una proporción injustificable de dos automóviles por cada trabajador.

Lejos de tratarse de camionetas utilitarias destinadas al trabajo pesado o a la asistencia técnica en las rutas bonaerenses, la flota se compone íntegramente de vehículos tipo sedán de alta gama y modelos de lanzamiento reciente. Un dato agrava el escenario: en pleno año 2026, frente a una profunda crisis económica e inflacionaria, el gremio no tuvo reparos en adquirir ocho autos cero kilómetro. El propio Facundo Moyano ha sido captado por cámaras de seguridad conduciendo estos vehículos de propiedad sindical para sus asuntos personales y rutinarios, acumulando incluso costosas multas de tránsito. Los registros exponen graves infracciones a su nombre, como cruzar semáforos en rojo y evadir barreras de pasos a nivel, acumulando sanciones financieras que superan holgadamente el medio millón de pesos.

El enigmático rol de Diego La Sala y las consultoras fantasma

El andamiaje económico de la facción Moyano no opera en soledad. La mano derecha y socio estratégico en este esquema financiero es Diego La Sala, un directivo cuyo vertiginoso incremento patrimonial ha encendido todas las alarmas regulatorias. La Sala ostenta la particularidad de ocupar, simultáneamente, un codiciado cargo en la empresa estatal de autopistas AUBASA, mientras mantiene su jerarquía y poder de decisión dentro del esquema del SUTPA.

Los documentos patrimoniales presentados en el año 2025 revelaron cifras que escapan a cualquier escalafón estatal tradicional. La Sala llegó a percibir un salario mensual superior a los 50 millones de pesos. Su ritmo de consumo acompaña estos montos: recientemente declaró la compra de una motocicleta importada valuada en 56 millones de pesos, una suma que quintuplica de manera absurda el valor fiscal de su propio domicilio declarado en el partido bonaerense de La Matanza.

Pero el entramado societario entre Moyano y La Sala trasciende la actividad gremial. Ambos figuran legalmente como dueños y socios fundadores de "Estrategia Persuasión Consultores", una firma de marketing nacional e internacional que fijó domicilio legal en el segundo piso de un edificio en calle San Martín 523. No obstante, las inspecciones presenciales en dicha dirección demostraron que la consultora sencillamente no existe de manera operativa. Testimonios de trabajadores de inmuebles vecinos aseguraron que los directivos casi nunca se presentaban a trabajar, y que el despacho solo se abría esporádicamente para llevar a cabo "reuniones sindicales". Esto dispara un cuestionamiento evidente: ¿Qué necesidad operativa tiene un sindicato con un majestuoso edificio propio de realizar reuniones a puertas cerradas en una consultora privada a nombre de su líder?

La conexión política: AUBASA y el blindaje estatal

La impunidad de este tipo de manejos suele requerir un fuerte blindaje desde las estructuras del Estado. En las evidencias recopiladas durante la investigación, cobró especial relevancia una reunión oficial documentada en octubre de 2024. En dicho cónclave se encontraban Facundo Moyano, Diego La Sala y las principales autoridades estatales de AUBASA, encabezadas por su titular, Pablo Ceriani.

El rol de Ceriani —quien fuera presidente de Aerolíneas Argentinas durante el mandato del Frente de Todos bajo el ala de La Cámpora, y que luego tejió alianzas directas con el gobernador Axel Kicillof— demuestra cómo los puentes entre el sindicalismo de Moyano y la política territorial se mantienen intactos. Cuando la prensa intentó apersonarse en las oficinas de AUBASA para requerir explicaciones oficiales sobre las funciones reales de La Sala y los acuerdos comerciales con el SUTPA, las puertas fueron bloqueadas y primó un profundo pacto de silencio institucional.

El contraste con la realidad: el desamparo sanitario de Oschoca

La desbordante prosperidad económica que ostenta el círculo directivo del peaje choca violentamente con el abandono y la desidia que sufren a diario los propios trabajadores del grupo Moyano. La legisladora Graciela Ocaña, experimentada investigadora de los "feudos" de la salud sindical, desmenuzó ante las cámaras el funcionamiento de lo que denominó un "guitaducto": una ingeniería legal y contable diseñada estrictamente para drenar fondos aportados por los obreros hacia empresas tercerizadas que pertenecen a la familia.

• El desvío a empresas familiares: Los millonarios fondos de los trabajadores terminan sistemáticamente en manos de un entramado de proveedoras de servicios médicos y seguros (como Caminos Protegidos) dirigidas por Liliana Zulet, la actual pareja del patriarca Hugo Moyano.
• El vaciamiento: A causa de estos desvíos crónicos y los fideicomisos opacos, Oschoca (la histórica obra social del gremio de Camioneros) se encuentra virtualmente quebrada, sin fondos reales para operar.
• El abandono de los más vulnerables: Recientemente, los medicamentos para patologías crónicas dejaron de contar con la histórica cobertura gremial, forzando a trabajadores de escasos recursos a abonar de su bolsillo el 100% de los remedios en las farmacias de turno.

El rostro más dramático de este desfalco administrativo lo representa Thiago Joel Franco, un paciente pediátrico afiliado cuya vida estuvo en inminente riesgo. En un video que conmovió a las redes sociales, la madre del menor denunció públicamente a la obra social por haber retenido injustificadamente durante más de ocho horas el envío de una ambulancia de urgencia para un traslado hospitalario de riesgo vital. El cruel contraste es insalvable: mientras el entramado societario de los líderes compra autos de lujo de 56 millones de pesos y mantiene edificios vacíos, la base trabajadora ruega por asistencia de emergencias básicas.

Un gremio nacido exclusivamente de la política

Para desentrañar el ADN de las presuntas maniobras en el SUTPA, los especialistas remarcan que este sindicato nunca respondió a un verdadero reclamo de representatividad de las bases. De acuerdo con los análisis políticos y denuncias históricas, el SUTPA fue confeccionado como un "traje a medida" a través de un pacto en la cúpula del poder entre el entonces presidente Néstor Kirchner y Hugo Moyano. El objetivo exclusivo de la maniobra fue otorgarle a Facundo Moyano una plataforma territorial, una caja propia y proyección política a futuro.

El absurdo se acentúa con el paso del tiempo. Históricamente, el reducido número de trabajadores de cabinas de peaje manuales en Argentina pertenecía al Sindicato de Comercio. En pleno siglo XXI, donde la inmensa mayoría de las autopistas del mundo (y crecientemente en Argentina) han automatizado sus cobros eliminando el factor humano en los puestos de pago, el SUTPA no debería expandirse. Sin embargo, su patrimonio inmobiliario y vehicular, lejos de reducirse ante la modernización tecnológica, crece a pasos agigantados.

Frente al peso irrefutable de los testimonios, los cruces patrimoniales y el llanto de los afiliados ignorados, la presión social se direcciona hacia los tribunales. La posibilidad de que avancen causas por malversación de aportes, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos e incompatibilidad de funciones se erige como la única barrera para poner freno a una matriz de poder que, desde hace décadas, prioriza la rentabilidad corporativa de sus dirigentes por sobre la vida de sus trabajadores.