Un agente policial fue separado de la fuerza tras viralizarse un video que lo muestra consumiendo cocaína con el uniforme puesto, desatando un profundo debate sobre los controles internos y las adicciones armadas.

Un registro explícito que sacude a las fuerzas de seguridad

La difusión de un video capturado en la intimidad de una guardia operativa encendió las alarmas dentro de las cúpulas de seguridad provincial. Las imágenes, registradas de manera encubierta por una propia compañera de dotación, exhiben de manera contundente a un efectivo policial uniformado consumiendo cocaína sobre un escritorio del área de atención y despacho de denuncias, en pleno horario de servicio y portando su arma reglamentaria en la cintura.

La rápida viralización del archivo audiovisual forzó la intervención inmediata de los organismos de control de Asuntos Internos, disponiendo de forma preventiva la separación inmediata del cargo, el secuestro de su pistola reglamentaria y la apertura de un sumario administrativo con intervención de la justicia ordinaria para determinar las responsabilidades penales y operativas del hecho.

El dilema de fondo: ¿excepción individual o problemática extendida?

El caso reavivó una controversia estructural que excede la inconducta individual de un agente: la penetración de las adicciones en los cuadros operativos del Estado y la deficiencia histórica de los mecanismos preventivos de fiscalización psicofísica. Especialistas y expolicías coinciden en que, si bien la gran mayoría del personal mantiene una conducta intachable, el consumo problemático de sustancias ilegales atraviesa transversalmente a la sociedad y encuentra en las fuerzas de choque un escenario de altísimo riesgo.

El factor que vuelve crítico este flagelo en el ámbito policial radica en que los involucrados tienen asignado el monopolio legal de la fuerza pública y portan proyectiles activos durante 24 o 48 horas seguidas. El deterioro de las facultades cognitivas, la alteración del juicio y los estados de paranoia generados por el abuso de estupefacientes multiplican exponencialmente las probabilidades de desenlaces fatales durante allanamientos, persecuciones o intervenciones de rutina con civiles inocentes.

La carencia histórica de exámenes toxicológicos y rinoscopías

Uno de los ejes más cuestionados tras el episodio es la casi nula frecuencia con la que se practican exámenes toxicológicos obligatorios e imprevistos dentro de las comisarías y destacamentos. Testimonios recogidos en ámbitos periciales señalan que, en muchos casos, los agentes pueden transcurrir más de 15 años de servicio habiendo sido sometidos a un único test de orina o rinoscopía, habitualmente aplicado únicamente tras haber participado en un enfrentamiento armado con bajas letales.

Entre los antecedentes que marcaron la historia policial bonaerense se recuerda el operativo masivo de rinoscopías implementado hacia el año 1999, el cual derivó en una sangría de desafectaciones simultáneas: un alto porcentaje del personal testeado arrojó resultados positivos de metabolitos de cocaína en sangre, obligando al pase masivo a disponibilidad y desnudando ausencias ficticias en las dependencias por parte de oficiales jerárquicos que intentaron eludir los hisopados médicos.

Factores estructurales en el reclutamiento y la formación

La degradación de los filtros de ingreso a las fuerzas también formó parte de la discusión abierta por el hecho. Diversos analistas institucionales identifican puntos críticos en los procesos de reclutamiento acelerado:

• La pérdida del examen ambiental exhaustivo: Tradicionalmente, los aspirantes debían superar investigaciones de campo sobre su entorno habitacional, antecedentes familiares y vínculos territoriales, un mecanismo de control preventivo que fue perdiendo rigurosidad con las convocatorias masivas.
• La vocación frente a la salida laboral de emergencia: La necesidad de engrosar rápidamente el número de efectivos en las calles llevó a la conformación de camadas con períodos de instrucción reducidos, debilitando el arraigo ético y la contención psicológica necesaria para soportar situaciones extremas.
• La exposición directa al narcotráfico barrial: Los policías asignados a guardias en búnkeres o zonas calientes enfrentan un asedio permanente de las bandas criminales, que buscan corromper la operatividad policial mediante sobornos o facilitando el consumo directo para neutralizar las investigaciones judiciales.

Consecuencias disciplinarias y sanitarias en marcha

Tras la medida cautelar adoptada, el agente separado quedó sujeto a una evaluación interdisciplinaria a cargo de gabinetes médicos y psicológicos para determinar el grado de su dependencia y viabilidad de una internación en centros de rehabilitación especializada. Sin perjuicio de ello, las actuaciones administrativas continúan su curso bajo la premisa de falta gravísima, configurando causales concluyentes de exoneración definitiva de la fuerza por incompatibilidad moral y funcional.

A nivel institucional, el episodio abrió reclamos de diversos sectores parlamentarios y judiciales para que se establezca por ley la obligación de realizar narcotests periódicos, aleatorios y universales para la totalidad del escalafón policial, desde los mandos subalternos hasta las máximas jerarquías operativas, como condición indispensable para la portación de armas de fuego.