Claudia Insaurralde cayó en el aeropuerto de Ezeiza junto a otros seis sospechosos en una causa por narcotráfico y lavado de activos. Además, Martín Báez confesó su participación en el fraude de Vialidad II.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
La Justicia ordenó la detención de Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, y de otras seis personas en el marco de una investigación por tráfico de drogas, lavado de dinero y circulación de activos ilícitos. - ¿Quiénes son los protagonistas?
Claudia Insaurralde, Cristian "Budín" Ibáñez (chofer y mano derecha), Valentina y Fausto Ignacio de Betac, Pedro Leal, Juan Pablo Borqués, Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín, además de Lázaro y Martín Báez. - ¿Cuándo ocurrió?
Las detenciones principales se concretaron el lunes por la noche, en el marco de una serie de más de 20 allanamientos simultáneos. - ¿Dónde fue?
El operativo central se realizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando parte del grupo arribaba en un vuelo comercial procedente de Río Gallegos. - ¿Cómo se produjo?
Mediante escuchas telefónicas y denuncias previas que revelaron presuntos traslados de estupefacientes en camiones de Austral Construcciones y la explotación ilegal de bienes embargados. - ¿Por qué es importante?
Destapa una red que seguía facturando alquileres millonarios con propiedades inhibidas y vincula el remanente de la estructura empresarial de Báez con el narcotráfico. - ¿Qué novedades judiciales hubo en paralelo?
En el expediente Vialidad II, Martín Báez firmó un juicio abreviado en el que confesó el fraude en la obra pública, recibiendo una condena unificada de 7 años y 9 meses de prisión.
Un operativo judicial de alto impacto volvió a colocar al entorno de Lázaro Báez en el centro de la escena penal argentina. Durante la noche del lunes, fuerzas de seguridad detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a Claudia Insaurralde, pareja del empresario condenado, cuando descendía de un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Río Gallegos con cuatro valijas.
El procedimiento, impulsado por el fiscal federal de Santa Cruz, Julio Zárate, incluyó más de 20 allanamientos simultáneos —entre ellos, una requisa en la propia celda que ocupa Báez en prisión— y culminó con la captura de un total de siete personas acusadas de integrar una asociación dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y circulación de activos de origen ilícito.
La hipótesis narco y la lista de detenidos
De acuerdo con la investigación judicial, que se mantuvo bajo estricto secreto de sumario durante más de un año, los investigadores detectaron mediante intervenciones telefónicas conversaciones vinculadas al intercambio de estupefacientes y al posterior blanqueo de las ganancias obtenidas.
La sospecha central de la fiscalía apunta a que la organización utilizaba camiones pertenecientes a la firma Austral Construcciones para transportar droga en el sur del país. Los investigadores presumen que el arribo del grupo a Ezeiza desde Río Gallegos constituía una escala previa para intentar abandonar el territorio nacional.
Junto a Claudia Insaurralde, los detenidos en el marco de este expediente son:
- Cristian Ibáñez (alias "Budín"): Señalado como chofer, mano derecha de Insaurralde y nexo operativo en Santa Cruz, quien cuenta con antecedentes judiciales previos vinculados a causas por drogas.
- Valentina de Betac: Interceptada en el mismo vuelo de regreso desde Río Gallegos junto a Insaurralde e Ibáñez.
- Fausto Ignacio de Betac: Familiar de Valentina de Betac, también alcanzado por las órdenes de detención.
- Pedro Leal, Juan Pablo Borqués, Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín: Completan la nómina de personas aprehendidas en los distintos procedimientos desplegados por la Justicia Federal.
Explotación ilegal de bienes embargados y quiebre interno
La causa penal no solo abarca el presunto tráfico de estupefacientes, sino también la administración clandestina de propiedades que debían encontrarse bajo custodia judicial. Pese a las inhibiciones y embargos dictados en causas como la Ruta del Dinero K y Vialidad, los allanamientos permitieron secuestrar dentro de la propia celda de Lázaro Báez contratos de alquiler irregulares.
La investigación acreditó que el entorno del empresario continuó facturando arrendamientos de inmuebles embargados —incluyendo departamentos en el sur y chalets en la ciudad balnearia de Pinamar— utilizando la clave fiscal de Báez. Entre la documentación incorporada al expediente figura una factura emitida el 10 de abril de 2026 por el cobro de un alquiler, lo que demuestra que la operatoria comercial continuó activa hasta fechas recientes.
El avance de la causa fue impulsado, entre otros elementos, por presentaciones judiciales realizadas por la exesposa del empresario, Norma Calismonti, quien denunció la explotación indebida de los inmuebles cautelados, y por testimonios de personas que habrían sufrido aprietes en Santa Cruz. Asimismo, fuentes del entorno revelan una fuerte fractura entre Báez e Insaurralde, originada cuando la mujer comenzó a manejar fondos y decisiones comerciales de manera autónoma sin consultar al empresario detenido.
Confesión de Martín Báez y condena unificada en Vialidad II
En paralelo al escándalo por las detenciones en Ezeiza, el frente judicial de la familia Báez sumó un revés determinante en los tribunales federales de Comodoro Py. En el marco del expediente conocido como Vialidad II —desprendimiento de la causa principal por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz—, Martín Báez optó por firmar un acuerdo de juicio abreviado con los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
A través de este mecanismo procesal, que fue homologado por el juez Andrés Basso, el hijo mayor de Lázaro Báez reconoció expresamente su participación en la maniobra de defraudación al Estado. El acuerdo incluyó también a otros cinco imputados, entre ellos tres exfuncionarios públicos, quienes admitieron los hechos investigados.
Los puntos clave de esta resolución judicial son:
- Nueva pena: Se le impuso una condena de 3 años de prisión por su rol en el segundo tramo de la investigación.
- Cómputo unificado: Al sumarse a las sentencias previas que ya pesaban en su contra, la Justicia fijó una condena única de 7 años y 9 meses de cárcel.
- Impacto en otras causas: El reconocimiento explícito del fraude por parte de los propios beneficiarios consolida la prueba documental de la causa original y proyecta efectos directos sobre expedientes conexos como Los Sauces - Hotesur y Cuadernos, en un contexto donde la relación personal y política entre Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner se encuentra completamente quebrada.