Una entidad identificada con el macrismo se presentó en Tribunales para que las empresas de conectividad puedan aumentar 20 por ciento y no 5. Está ligada a Blanco Muiño, quien fue director de Defensa del Consumidor en el gobierno de Cambiemos. En el oficialismo, a su vez, hay sectores que cuestionan al Gobierno con argumentos de la oposición.
El rechazo del Gobierno a la pretensión de aumentar un 20 por ciento los servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión paga a partir de enero fue “absolutamente arbitrario, injustificado e irrazonable”. En lugar de 20 puntos, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó un aumento del 5 por ciento a las grandes prestadoras del sector y del 8 a pymes y cooperativas.
Esa decisión “compromete la competencia y sustentabilidad de las empresas y, por ende, la efectiva prestación de los servicios de telecomunicaciones a todos los usuarios”. Aunque resulte insólito, quien así opina es una asociación que supuestamente defiende a los consumidores, la cual hizo una presentación judicial para pedir que se anule la resolución de aquel organismo y se habilite el incremento del 20 por ciento que intentaron imponer las empresas, por ahora sin éxito.
Se trata de la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), una entidad de larga trayectoria identificada con Fernando Blanco Muiño, responsable de la dirección nacional de Defensa del Consumidor durante el gobierno de Mauricio Macri. En línea con lo que fue su gestión en esa dependencia, ahora la UCA sale en respaldo de los intereses de las compañías, para reclamar nada menos que un mayor aumento de tarifas a los usuarios.
Desde que Blanco Muiño se desligó formalmente de la UCA para integrarse al gobierno de Cambiemos, la apoderada legal de la asociación es Lea Treguer. Fue ella quien planteó una acción colectiva en tribunales, alegando la representatividad de todos los usuarios, para que les cobren con una suba del 20 por ciento y no del 5 y se anule la nueva Prestación Básica Universal creada por Enacom, que también está en la mira de las empresas.
El argumento principal del escrito de la asociación es un calco de lo que dicen las empresas. “Ambas resoluciones condenan a todos los usuarios a tener un peor servicio a futuro”, asegura la UCA, en referencia a la autorización de un aumento del 5 por ciento y la creación de la prestación universal. “¿Qué empresa continuará invirtiendo si existe regulación estatal de sus precios y la misma no permite siquiera compensar los aumentos de costos de salarios, insumos, materiales y nuevas prestaciones? Ninguna”, enfatiza.
El 29 de abril de 2020, la asamblea anual de accionistas de Cablevisión autorizó la distribución de dividendos por más de 800 millones de pesos, luego de haber reportado una utilidad de 2774 millones en el primer trimestre del año. Entre 2016 y 2019, además, las tarifas de los servicios de conectividad aumentaron siempre por arriba de la inflación general, con un margen de 7 a 10 puntos. En 2019, por caso, subieron 63,9 por ciento frente a un IPC de 53,8.
La opinión de la UCA quedó en absoluta minoría dentro de la Comisión de Usuarios que funciona en Enacom, con la participación de 26 asociaciones de consumidores de todo el país. Las 25 entidades restantes repudiaron la acción judicial que encabezó Telecom con el mismo objetivo que la de la UCA, la cual este viernes fue rechazada por el juzgado de feria en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de Walter Lara Correa.
Este jueves hubo una reunión de la Comisión de Usuarios de Enacom, con la participación de las 26 entidades de consumidores. Allí se escucharon duros reproches a la apoderada de la UCA por parte de sus colegas, que defendieron el accionar del organismo y luego celebraron el fallo del juez Lara Correa, que desestimó la presentación de Telecom.
La acción colectiva de la UCA, con ese antecedente más otro fallo en Mar del Plata, que ordenó devolver los 15 puntos cobrados de más a los usuarios, parece tener el mismo destino de la desestimación por parte del juzgado.
Sin embargo, el caso de una entidad de consumidores acusada de “troyana” por sus pares, por actuar en defensa de los intereses empresarios y en contra de los derechos de los usuarios, es ilustrativo de una realidad política que sectores significativos de votantes del oficialismo parecen no advertir o, si se quiere, no valorar en toda su dimensión: el poder y la capacidad de acción que conservan sectores políticos y económicos que resisten las intervenciones del Gobierno en favor de las mayorías populares. Y lo hacen con el mayor desparpajo, como la Fundación Mauricio Macri para la educación o la entidad de consumidores que defiende a las empresas.
En lugar de concentrar energías para resistir esos embates, espacios referenciados con el Frente de Todos le quitan respaldo al Gobierno por interpretar que no es lo suficientemente duro con ese poder económico. La pretensión es que vaya más rápido y más fuerte con transformaciones estructurales como si del otro lado no hubiera nada. Por poco se le pide para ayer la reforma agraria, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la estatización de servicios públicos y un largo etcétera de medidas y políticas que seguramente pueden tener muchos méritos, pero que no se conseguirán de la nada y que estarán cada vez más lejos si en lugar de fortalecerse, la coalición gobernante se debilita con sectores que, aunque resulte paradójico, terminan adhiriendo a jugadas de la oposición.
Algo de eso surge del análisis del último sondeo de Analogías a nivel nacional. El relevamiento, realizado el 21 y 22 de enero a 2665 personas en formato IVR de entrevistas telefónicas, desagrega las respuestas según el posicionamiento político del participante. De ese modo, se puede conocer que el 44,9 por ciento de quienes se identifican como “oficialistas blandos” y el 30,0 por ciento de los “oficialistas duros” califican a la política económica de Alberto Fernández como “un plan de ajuste”, contra el 13,1 y el 42,0 por ciento, respectivamente, que la consideran como “de estímulo al consumo”. La oposición machacó con que el Gobierno hace un ajuste, pese a que el gasto público, la emisión monetaria y la asistencia a empresas y familias en la pandemia tuvieron niveles inéditos. Como se ve, la campaña opositora logró penetrar en las conciencias de votantes del oficialismo.
Lo mismo ocurre con las expectativas económicas. El 64,3 por ciento de los oficialistas blandos respondieron que la situación será peor dentro de dos años, lo que también opinó el 9,8 por ciento de los oficialistas del núcleo duro. En otro orden, el 48,7 por ciento de los oficialistas blandos y el 13,7 de los duros confían “poco o nada” en la vacuna Sputnik V, como la gran mayoría de los opositores (75,2 por ciento en los opositores blandos y 85,5 en los duros).
El Gobierno viene tomando medidas que confrontan con el poder económico, como el aporte extraordinario de grandes fortunas, los registros de la AFIP para identificar a los verdaderos dueños de las empresas y combatir la planificación fiscal o la declaración de servicio esencial para la telefonía celular, Internet y la televisión paga. También interviene con acciones heterodoxas como Precios Cuidados y Precios Máximos, el acuerdo para ofrecer cortes de carne a precios populares, la doble indemnización, la prohibición de despidos o los intentos de regulación de la cadena del maíz. En algunos temas podrá tener mejores resultados que en otros, pero entre sus dificultades para imponerse en el debate público, por errores propios o jugadas ajenas, y el desencanto de algunos de sus votantes, esas políticas y la posibilidad de profundizarlas vienen sufriendo más de un gol en contra.