La expresidenta solicitó a la Justicia frenar el embargo de sus bienes y garantizar que no se ejecute la medida por considerar el cálculo como arbitrario y sin sentencia firme.
► Plazo clave y pedidos urgentes
A poco de vencer el plazo para depositar los más de 530 millones de dólares en concepto de reparación en la causa Vialidad, Cristina Kirchner presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 solicitando la suspensión de la ejecución de sus bienes y la anulación de esa decisión legal :contentReference[oaicite:0]{index=0}.
► Crítica al método de cálculo
Cuestionó duramente el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como base para actualizar el monto, que a su juicio fue aplicado sin debate previo, elevando la cifra de forma desproporcionada. Propuso en cambio utilizar tasas bancarias como parámetro más adecuado
► Reclamo sobre bienes familiares
Pidió que se excluyan del embargo los bienes de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, argumentando que el anticipo de herencia fue un acto legítimo ya sobreseído judicialmente, y solicitó que se los convoque para que puedan defender sus derechos
► Próximos pasos judiciales
El Tribunal Oral Federal deberá resolver si hace lugar a la suspensión, mientras que la Cámara de Casación debe evaluar el recurso de apelación. En caso de rechazo, Cristina Kirchner expresó su intención de acudir a la Corte Suprema y solicitar el habeas corpus ante organismos internacionales por violaciones a garantías constitucionales
Eventualmente, Cristina Kirchner puede intentar seguir con su reclamo por este asunto económico en la Corte Suprema.
Al cuestionar el índice de actualización, la expresidenta solicitó que se declare la nulidad absoluta del fallo que la intima a depositar el dinero. Y señaló que, “dada la ausencia de sentencia judicial firme en torno al monto”, corresponde “que se suspendan todas las actividades patrimoniales ejecutivas”.
Dijo, además, que se deben excluir los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, ya que son ajenos a la causa de Vialidad. La expresidenta les hizo en 2016 un anticipo de herencia y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola señalaron que de todos modos se les deben decomisar esos bienes.
Por eso, Cristina Kirchner pidió que se convoque a Máximo y Florencia Kirchner al proceso para defender sus derechos. Argumentó que la cesión de derechos sobre la herencia de Néstor Kirchner a sus hijos, en 2016, fue un acto jurídico legítimo, investigado y sobreseído judicialmente.
El fallo del TOF 2 estableció que también se deben decomisar los bienes del resto de los condenados en la causa Vialidad: el exsecretario de Obras Públicas José López (condenado a seis años de prisión); los extitulares de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (seis años), Mauricio Collareda (cuatro años) y Raúl Daruich (tres años y seis meses); y los extitulares de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (cinco años) y Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses) y José Santibáñez (cuatro años).
“Absolutamente legítimo”
Tras explicar que el decomiso pretende recuperar los bienes producto del delito, la expresidenta sostuvo: “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”. Afirmó que así lo acreditan los fallos donde fue sobreseída por enriquecimiento ilícito.
Cristina Kirchner insistió: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.
La expresidenta dijo que los jueces que la condenaron son incompetentes para decidir y sostuvo que deben resolver los jueces del fuero civil y comercial federal, donde tramita una demanda paralela por daños y perjuicios que planteó la Dirección Nacional de Vialidad. Allí le reclaman 1100 millones de dólares de indemnización.
La expresidenta cuestionó la metodología de cálculo de actualización que hicieron los jueces Gorini, Basso y Giménez Uriburu del monto del decomiso establecido en $684.990.350.139. Planteó que hubo graves violaciones constitucionales.
La defensa de Kirchner argumentó que hubo “errores fácticos y jurídicos” al calcular la suma a decomisar porque se “convirtió una estimación provisoria en definitiva sin sustanciación ni debate previo". Dijo que se usó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “sin explicar por qué se descartaron alternativas técnicas sólidas, como la aplicación de tasas bancarias”.
Por eso, Cristina Kirchner se quejó de recibir un “trato desigual y arbitrario”, ya que el mismo tribunal, días antes de la intimación o en casos similares, utilizó “la tasa activa del Banco de la Nación Argentina” para actualizar reparaciones económicas o embargos.
Dijo que al usar el IPC se incrementó “en cien veces el monto”, lo que evidenciaría un “proceso de carácter confiscatorio” prohibido por la Constitución Nacional.
Utilizar el IPC para el decomiso “supone trasladar criterios propios de la acción civil de reparación al decomiso penal, lo cual resulta inválido” y genera una “superposición indebida de efectos jurídicos”, argumentó.
La presentación subraya que existió una “clara confusión” entre el decomiso y la reparación de perjuicios”.
Además, planteó que si ya la están ejecutando en la demanda civil y comercial federal, no pueden al mismo tiempo y por los mismos hechos decomisarle sus bienes en este tribunal federal penal.
El escrito también señala que el decomiso es una pena accesoria que no implica responsabilidad solidaria, a diferencia de la reparación de perjuicios. Extender el decomiso a otros bienes violaría los principios de culpabilidad y trascendencia de la pena, sostuvo.
Además, señaló que la casi totalidad de los bienes recibidos por Máximo y Florencia Kirchner fueron adquiridos por sus padres en fechas muy anteriores a los hechos por los que fue condenada.
En su escrito ante la Casación, la expresidenta dijo que en caso de que no le den la razón, se reserva la facultad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia para cuestionar el monto del decomiso.
Cristina Kirchner reiteró además la posibilidad de acudir a “organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos” ante lo que calificó como graves violaciones a garantías constitucionales y convencionales de las que se considera víctima.