Fin de los planes sociales para presos en Argentina

El Gobierno nacional dio un giro drástico en la política penitenciaria al anunciar la exclusión de los presos detenidos y condenados de toda posibilidad de acceder a planes sociales. La decisión, comunicada a través del vocero presidencial Manuel Adorni y respaldada por los ministerios de Capital Humano y Justicia, busca poner fin a lo que las autoridades califican como una “era de privilegios” dentro del sistema penal argentino. “La cárcel no es un hotel ni un recreo para nadie. Quienes causaron daños deben pagar sin beneficios y sin excepciones”, sentenció Adorni en conferencia de prensa.

Normativa y actores involucrados

El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, junto al Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Mariano Cúneo Libarona, implementó la medida que prohíbe expresamente acceder a planes como el ex Potenciar Trabajo para quienes están a disposición del Poder Judicial o poseen condena penal firme. Además, la iniciativa contempla mecanismos de cruce automático de datos entre ministerios para suspender el otorgamiento de beneficios a quienes estén encarcelados, cortando así una vía histórica de acceso a recursos estatales para esa población.

Programa Ocio Cero: trabajo obligatorio en prisión

Otro eje de la reforma es la puesta en marcha del programa Ocio Cero, que establece la obligatoriedad de trabajar para todos los internos durante el cumplimiento de sus condenas. “El que hace trabajo productivo, cobra por lo que hace. El que no hace nada, no cobra”, comunicó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, subrayando que sólo podrán percibir una remuneración quienes realicen tareas laborales internas. La medida pretende que el tiempo de reclusión sea productivo y facilite la futura reinserción de los ex convictos al mercado laboral, alejándose de la lógica del “ocio penitenciario” previo.

Prohibición de celulares en cárceles

Complementando la exclusión de planes sociales, se instauró la prohibición total de teléfonos celulares para personas privadas de libertad. Esta decisión apunta a controlar el delito intra muros, dado que los dispositivos móviles fueron utilizados en el pasado para coordinar actividades ilícitas desde el interior de los penales. La entrega inicial de celulares durante la pandemia buscaba garantizar el vínculo familiar; sin embargo, el Gobierno determina que ese beneficio se ha transformado en una amenaza para la seguridad institucional y pública.

Debate y críticas sobre derechos humanos

Si bien la reforma es celebrada por quienes demandan mayor mano dura y reducción de supuestos privilegios, las organizaciones de derechos humanos y especialistas en política penitenciaria advierten sobre el riesgo de retrocesos en garantías básicas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó que eliminar el apoyo social puede perjudicar la reinserción, hecho relevante considerando el contexto social de Argentina, donde la pobreza alcanza al 57% de la población según el INDEC. Además, la limitación de comunicación familiar mediante la prohibición de celulares podría agravar la situación psicológica y social de los internos, contraviniendo estándares internacionales de rehabilitación.

Impacto y controversias

• 15.000 presos federales quedarían afectados por la medida, según el Servicio Penitenciario.
• La reforma pretende redirigir los recursos a quienes “no han delinquido”, según fuentes oficiales.
• La política de cárcel sin beneficios genera múltiples interrogantes sobre su implementación y consecuencias a largo plazo.
• No existen aún datos oficiales sobre el resultado del programa Ocio Cero en los primeros meses de aplicación.
• El debate se centra en el equilibrio entre castigo efectivo y reinserción social.

Conclusión

La decisión de cortar los planes sociales y endurecer el régimen penitenciario marca un cambio de paradigma en el trato institucional hacia los presos en Argentina. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de aplicar “justicia sin privilegios”, diversas voces reclaman que toda medida debe contemplar las dimensiones humanas y sociales del proceso judicial y penitenciario. La cuestión sigue abierta y polariza la opinión pública, en el marco de una crisis social que desafía la capacidad estatal de garantizar derechos básicos y promover la rehabilitación.