La marcha habitual de jubilados terminó en incidentes y detenciones en el Congreso. El arresto del padre Paco generó indignación y reavivó el debate sobre el derecho a la protesta social.
Un miércoles de tensión: la protesta interrumpida por la represión
Las inmediaciones del Congreso Nacional volvieron a ser escenario de conflictividad social cuando la tradicional marcha de jubilados fue interrumpida abruptamente por un operativo de seguridad desmedido. El despliegue de centenares de efectivos policiales y gendarmes motivó escenas de violencia y terminó con la detención del sacerdote Francisco “Paco” Olveira, figura activa del “Grupo de Curas en Opción por los Pobres” y habitual acompañante de estos reclamos.
Cronología del incidente y los testimonios
- La jornada comenzó con la concentración pacífica de un centenar de jubilados sobre la vereda del Congreso, como cada miércoles, para exigir mejoras en sus haberes y protestar contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria.
- Un grupo reducido de manifestantes encapuchados intentó cruzar a la calzada, generando disturbios y provocando la reacción inmediata de las fuerzas policiales, que desplegaron vallas y equipos antidisturbios en toda la zona.
- Durante el forcejeo para evitar que detuvieran a un joven manifestante, el padre Paco fue arrastrado y esposado. Entre los gritos de “Déjenlo libre” y el asombro de la comunidad, se lo llevó a una camioneta policial junto con un fotógrafo, también detenido.
- Testigos denunciaron tratos violentos y desproporcionados por parte de la Policía Federal, con relatos de empujones, insultos y el uso de elementos de coerción sobre adultos mayores y religiosos.
Cifras y contexto del operativo
De acuerdo a los presentes y registros periodísticos, el dispositivo de seguridad desplegó más de 400 efectivos para contener una manifestación de apenas 100 a 150 personas, en su mayoría personas mayores. Los accesos a la plaza se vieron bloqueados, con corte total de tránsito y presencia de móviles hidrantes preparados para disuadir a los protestantes.
El protocolo antipiquete, implementado por decisión de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue criticado abiertamente por organismos de derechos humanos, diputados y líderes sociales, que lo señalaron como una medida de “militarización” del centro porteño y de “criminalización de la protesta”.
Declaraciones y reacciones posteriores
Tras permanecer retenido durante una hora, el padre Paco fue liberado junto a los demás detenidos, ambos acusados inicialmente de “resistencia a la autoridad”. Sus palabras resuenan como síntesis del malestar: “Lo único que hacíamos era acompañar a los jubilados; cada vez hay más hostigamiento, más represión, menos espacio para reclamar lo esencial: una vida digna para quienes trabajaron toda su vida”.
El hecho generó una ola de solidaridad y críticas hacia el gobierno nacional. El diputado Eduardo Valdés subrayó: “Paco es un pastor con olor a oveja; su compromiso marca el camino de quienes luchan sin bajar los brazos”.
Reflexión final: represalias y derechos bajo amenaza
La represión sufrida por los manifestantes y el arresto de figuras emblemáticas como el padre Paco visibilizan la creciente tensión entre el derecho a manifestar y las políticas de seguridad. A pesar de la liberación inmediata de los detenidos, la jornada deja una fuerte señal de advertencia sobre el endurecimiento oficial frente al reclamo social.
- Los jubilados continúan encontrando barreras físicas y simbólicas que dificultan su legítimo ejercicio del derecho a la protesta.
- El despliegue sobredimensionado de las fuerzas de seguridad apunta, según denuncian los manifestantes, a “disciplinar” más que a proteger.
- La sociedad argentina queda interpelada por lo ocurrido, ante la disyuntiva de naturalizar la represión o exigir garantías plenas para la protesta pacífica.
