El juez Martínez De Giorgi levantó la inhibición general de bienes al creador de la criptomoneda. La medida fue sustituida por un embargo de 37 millones de pesos, cifra que la querella califica de ridícula frente al desfalco millonario.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
La Justicia argentina levantó las restricciones sobre los bienes de Hayden Davis, creador de $LIBRA. - ¿Quién ordenó la medida?
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, con el aval del fiscal Eduardo Taiano. - ¿De cuánto es el embargo?
Se fijó en casi 37 millones de pesos (aprox. USD 25.000) por imputado. - ¿Por qué es polémico?
Las víctimas denuncian estafas por millones de dólares; consideran la cifra una burla equivalente al valor de un auto usado. - ¿Qué argumentó la defensa?
Que la inhibición total de bienes era un "exceso inadmisible" y violaba derechos patrimoniales. - ¿Qué pasó con $LIBRA?
La criptomoneda, lanzada en febrero de 2025 y vinculada mediáticamente al gobierno, colapsó dejando miles de damnificados. - ¿Cómo sigue la causa?
Los querellantes apelarán la decisión mientras se investiga la ruta del dinero en cuentas offshore.
Este viernes 28 de noviembre de 2025, una decisión judicial sacudió nuevamente el tablero de la causa $LIBRA, el escándalo financiero más resonante del año en Argentina. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso el levantamiento de la inhibición general de bienes que pesaba sobre el estadounidense Hayden Davis, creador de la controvertida criptomoneda, y otros imputados en el expediente.
Un embargo con "sabor a poco"
La medida cautelar original, que congelaba la totalidad del patrimonio de los acusados, fue reemplazada por un embargo específico de 37 millones de pesos para cada uno. Al tipo de cambio actual, esta cifra ronda los 25.400 dólares.
La resolución ha generado una indignación inmediata entre los abogados de las víctimas, quienes estiman que el fraude supera los 5 millones de dólares solo en el grupo de querellantes presentados, aunque el propio Davis habría llegado a mencionar en el pasado el manejo de más de 100 millones de dólares pertenecientes a inversores argentinos.
"A nosotros nos deben millones y lo embargan por el equivalente a un Toyota Corolla usado. Es ridículo", ironizó uno de los letrados de los damnificados tras conocerse el fallo.
Los argumentos de la liberación
La decisión del magistrado Martínez De Giorgi respondió a un pedido de la defensa de Davis, encabezada por los abogados Marcos Salt y Natalia Sergi. El argumento central fue que mantener inmovilizado todo el patrimonio resultaba un "exceso inadmisible" frente al estado actual de la investigación.
Sorpresivamente para la querella, el fiscal Eduardo Taiano convalidó esta postura. En su dictamen, el fiscal estimó que, "teniendo en cuenta el avance de la investigación" y lo actuado hasta ahora para "recuperar el provecho del delito", no había objeciones para flexibilizar la cautelar. Ahora, los imputados tienen un plazo de 72 horas para informar qué bienes o dinero pondrán a disposición para cubrir esos 37 millones de pesos.
Cronología de una estafa anunciada
El caso $LIBRA estalló tras su lanzamiento el 14 de febrero de 2025. La criptomoneda ganó tracción rápida gracias a una agresiva campaña de promoción que incluyó eventos en la Casa Rosada y supuestos vínculos (luego desmentidos o matizados) con la administración de Javier Milei.
- En mayo de 2025, la Justicia de EE.UU. y Argentina comenzaron a coordinar acciones tras el desplome del token.
- Se detectaron movimientos de fondos hacia jurisdicciones opacas justo antes de las medidas de congelamiento.
- Recientemente, se descubrió que Davis constituyó "The Libra Trust", un fideicomiso en un paraíso fiscal, supuestamente para ayudar a PyMEs argentinas, una maniobra que la Justicia investiga como un posible intento de lavado o desvío de activos.
Las repercusiones políticas y el futuro de la causa
Mientras Davis permanece fuera del país (monitoreado pero no detenido en el extranjero), la liberación de sus bienes en Argentina envía una señal compleja a los mercados y a las víctimas. La defensa sostiene que Davis "nunca intentó estafar" y que el colapso se debió a factores de mercado, una narrativa que el levantamiento de la inhibición general parece, al menos técnicamente, oxigenar.
Sin embargo, la querella ya prepara la apelación ante la Cámara Federal porteña, argumentando que el monto del embargo no cubre ni remotamente el daño provocado y que existe un riesgo real de insolvencia fraudulenta si se permite a los acusados disponer del resto de sus activos.