Marcos Gómez, padre de la niña asesinada en La Plata por adolescentes, cuestionó la suspensión de la ley de imputabilidad y exigió responsabilidad penal para quienes cometen delitos graves sin importar la edad.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
El padre de Kim Gómez criticó públicamente el fallo judicial que frenó la ley penal juvenil en Buenos Aires. - ¿Quiénes son los protagonistas?
Marcos Gómez, la jueza Marta Pascual y la memoria de su hija Kim, víctima de homicidio en ocasión de robo. - ¿Cuándo ocurrió?
Las declaraciones se difundieron tras la medida cautelar que suspendió por sesenta días la nueva legislación nacional. - ¿Dónde fue?
El pronunciamiento tuvo lugar en estudios de transmisión digital, refiriéndose a hechos ocurridos en La Plata y tribunales de Lomas de Zamora. - ¿Cómo se produjo?
A través de un análisis del caso en el que un menor de 14 años resultó inimputable tras el crimen de su hija. - ¿Por qué es importante?
Porque expone el reclamo directo de las víctimas frente a la dilación judicial y los argumentos sobre falta de infraestructura carcelaria. - ¿Qué consecuencias/investigación hay?
Se intensifica el debate sobre la responsabilidad del Estado en crear espacios de detención y contención socioeducativa inmediata.
El dolor de las víctimas frente a las dilaciones de la Justicia
El debate nacional por la suspensión de la ley de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires sumó una voz testimonial de altísimo impacto emotivo y conceptual. Marcos Gómez, padre de Kim Gómez —la niña trágicamente asesinada durante un violento asalto en la ciudad de La Plata perpetrado por una banda integrada por menores de edad—, se pronunció con dureza respecto a la resolución de la jueza Marta Pascual, quien resolvió frenar por 60 días la vigencia del régimen que fija la imputabilidad a partir de los 14 años.
Lejos del tecnicismo meramente administrativo que argumenta la falta de adecuación edilicia, el testimonio de Gómez devolvió el foco a la realidad que padecen las familias víctimas del delito. Durante su intervención, expresó su desacuerdo de fondo con la concepción garantista que posterga la aplicación de las leyes sancionadas por el Congreso, advirtiendo que la impunidad procesal en los adolescentes que ejecutan hechos de extrema violencia consolida una señal devastadora para la sociedad civil.
El antecedente del crimen de Kim: 14 y 17 años
Para comprender el peso del reclamo es indispensable rememorar el hecho que marcó a fuego a la comunidad platense. La tragedia se desencadenó cuando la madre de Kim fue abordada en la vía pública por dos asaltantes armados con fines de robo automotor. En esa secuencia letal, mientras la mujer era violentamente despojada del vehículo, los atacantes atraparon a la menor, terminando con su vida en una maniobra delictiva atroz:
- El autor de 17 años: Fue juzgado y condenado a una pena de 23 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo.
- El partícipe de 14 años: Al regir el antiguo marco procesal, fue declarado formalmente inimputable y derivado a un dispositivo de seguridad media transitorio, sin condena penal efectiva, recuperando su libertad total al cumplir la mayoría de edad.
- Ausencia de arrepentimiento: Marcos Gómez remarcó que durante todo el proceso judicial el adolescente no demostró remordimiento ni colaboración, falseando declaraciones a pesar de que las filmaciones de seguridad constataron su rol protagónico al abrir la puerta del vehículo durante el asalto.
La crítica a la postura garantista de la magistrada
Pese a reconocer la trayectoria y el perfil de trabajo comunitario de la jueza Marta Pascual en el fuero juvenil de Lomas de Zamora, Gómez fue categórico al señalar los límites éticos y legales del enfoque que sostiene la magistrada. Para el padre de la víctima, "las leyes están para cumplirse y no para ser cuestionadas subjetivamente por quien debe aplicarlas".
Frente al argumento judicial de que no se debe "enrejar a los menores" por carecer de centros especializados, Gómez cuestionó la romantización del delito juvenil. Afirmó que si bien la prevención social, la educación y el acompañamiento familiar son indispensables para rescatar a la juventud vulnerable, cuando un individuo empuña un arma y quita una vida debe existir una consecuencia penal concreta y proporcional para salvaguardar al resto de la comunidad.
Entre la contención comunitaria y la sanción penal
En un análisis que trascendió la mera demanda punitiva, el padre de Kim reflexionó sobre la necesidad urgente de fortalecer los espacios de base comunitaria, tales como clubes barriales, comedores e instituciones deportivas, donde entrenadores y voluntarios suplen diariamente las ausencias estructurales de las familias y del propio Estado.
Sin embargo, remarcó que dicha contención formativa previa no puede transformarse en un justificativo para convalidar la inimputabilidad absoluta ante hechos de sangre. La suspensión judicial de la ley penal juvenil, concluyó, no resuelve el problema de fondo del hacinamiento ni de las adicciones, sino que otorga una tregua procesal injustificada que desampara a los ciudadanos trabajadores mientras el sistema judicial continúa debatiendo competencias territoriales.