Un exfuncionario del Enacom fue despedido con una indemnización de 110 millones de pesos y, de forma insólita, al día siguiente comenzó a trabajar en un cargo gerencial dentro del INTA, generando fuertes críticas en medio del ajuste estatal.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
El Gobierno Nacional despidió a un funcionario, le pagó una indemnización millonaria y lo recontrató al día siguiente en otra dependencia. - ¿Quién es el protagonista?
Daniel Alfredo Neira, ex subdirector de Contabilidad y Finanzas del Enacom. - ¿Cuánto cobró de indemnización?
Un total de 110 millones de pesos. - ¿Dónde fue recontratado?
Ingresó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, con un cargo gerencial. - ¿Por qué es polémico?
Porque ocurre en pleno contexto de ajuste estatal. Además, los trámites para su nuevo cargo iniciaron antes de su desvinculación oficial, lo que despierta sospechas de irregularidades administrativas. - ¿Qué dicen los expertos?
Señalan que es un "despropósito", ya que para asumir otro cargo político debería haber renunciado, perdiendo así el derecho a la indemnización por despido.
Un "despido" millonario con final feliz
En el marco de la política de ajuste y reducción del gasto público impulsada por el Gobierno Nacional, un caso ha encendido las alarmas y desatado una ola de críticas por presuntas irregularidades y favoritismos. Se trata de la situación de Daniel Alfredo Neira, un exfuncionario que logró una maniobra administrativa insólita: fue cesanteado de su cargo, cobró una indemnización astronómica y, literalmente al día siguiente, ya estaba ocupando una nueva silla gerencial dentro de la misma estructura del Estado.
Neira se desempeñaba desde el año 2012 como subdirector de Contabilidad y Finanzas en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). En el contexto de las reestructuraciones oficiales, fue desvinculado de su puesto. Sin embargo, su salida no fue con las manos vacías. El Estado le abonó la impactante suma de 110 millones de pesos en concepto de indemnización final. Lo que convierte a este caso en un escándalo no es solo el monto, sino lo que ocurrió inmediatamente después.
El detalle de los 110 millones de pesos
El desglose de la liquidación final aprobada para Neira muestra cómo se componen los 110 millones de pesos que salieron de las arcas públicas. Según la información trascendida y publicada por medios como Tiempo y El Ancasti, el pago se justificó de la siguiente manera:
- 73 millones de pesos correspondientes a la indemnización por antigüedad (12 años en el Enacom).
- 24 millones de pesos liquidados en concepto de vacaciones no gozadas.
- 9 millones de pesos otorgados por falta de preaviso de despido.
La maniobra: renuncia vs. despido
El punto de mayor fricción y controversia radica en la ética de los procedimientos administrativos. El 31 de julio, Neira quedó oficialmente desvinculado del Enacom tras haber sido habilitado para cobrar su indemnización el 28 de ese mismo mes. Mágicamente, el 1° de agosto —apenas 24 horas después de su salida— comenzó a trabajar con un cargo gerencial en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo que depende directamente de la Secretaría de Agricultura de la Nación.
Para la administración pública, este movimiento representa un gris legal que roza la inmoralidad en tiempos de austeridad. Un experimentado funcionario público, consultado off the record, explicó la irregularidad de la situación: "Si vas a agarrar otro cargo político no te desvinculás. Renunciás y te vas al otro cargo, es un despropósito lo que hicieron". Al renunciar, el empleado pierde el derecho al pago indemnizatorio por despido, protegiendo así los fondos del Estado al tratarse simplemente de un traslado o cambio de funciones dentro de la misma órbita estatal.
Trámites anticipados y el "filtro" fallido
La situación adquiere un tinte aún más oscuro al analizar las fechas del expediente. Los registros indican que los trámites para que Neira ingresara a su nuevo empleo en el INTA comenzaron el 1° de julio. Esto significa que la gestión de su nueva contratación inició 23 días antes de que saliera oficialmente la resolución de su nombramiento y un mes antes de que se concretara su despido millonario del Enacom. Todo estaba perfectamente calculado.
Desde los pasillos del propio gobierno observan la jugada con recelo y sospechas de amiguismo político. "Es muy raro lo que pasó. Nunca debería haber pasado el filtro de Sturzenegger. O no lo vieron o se hicieron los tontos", analizaron fuentes internas, haciendo referencia a los controles del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Otros funcionarios fueron aún más lapidarios en sus apreciaciones: "Tiene que haber arreglado con alguien muy pesado. No a cualquiera le dan eso. Huele a tongo".
El impacto en el discurso oficial
Este caso representa un duro golpe al relato de ajuste, transparencia y eficiencia que la administración nacional intenta proyectar. Mientras miles de trabajadores estatales de menor rango han sido despedidos sin posibilidad de reubicación argumentando la necesidad de achicar el déficit fiscal, los movimientos de la alta gerencia parecen regirse por reglas totalmente distintas. El pago de 110 millones de pesos a un funcionario que jamás dejó de pertenecer a la nómina del Estado expone las fallas en los sistemas de control interno y abre un interrogante ineludible: ¿cuántos casos similares ocurren bajo el radar de la reestructuración estatal?