La Cámara Federal ratificó el procesamiento y embargo de cinco millones de pesos contra el diputado nacional Juan Grabois por usurpación y resistencia a la autoridad, tras la ocupación del histórico inmueble estatal en junio de 2025.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento judicial y fijó un embargo económico contra el dirigente y diputado Juan Grabois por la ocupación de un edificio estatal. - ¿Quiénes son los protagonistas?
El legislador nacional Juan Grabois, el dirigente Valentín Peralta, los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, y diputados del oficialismo que impulsan sanciones disciplinarias. - ¿Cuándo y dónde ocurrieron los hechos investigados?
El 7 de junio de 2025 en la sede del ex Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicada en calle Austria al 2600, en el barrio de Recoleta, Ciudad de Buenos Aires. - ¿Cuáles son los delitos atribuidos en la causa?
Usurpación mediante violación de domicilio en concurso con resistencia a la autoridad calificada. - ¿A cuánto asciende la medida cautelar sobre sus bienes?
Se ratificó un embargo patrimonial por la suma de 5 millones de pesos sobre los bienes de Grabois y de 1 millón de pesos sobre Peralta. - ¿Qué repercusión política paralela enfrenta el legislador?
Bloques legislativos de La Libertad Avanza y Provincias Unidas presentaron proyectos formales para solicitar su exclusión o remoción de la Cámara de Diputados tras altercados en comisión.
Ratificación judicial de la Cámara Federal porteña
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dejó al diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, a las puertas de enfrentar un juicio oral y público. El tribunal de alzada resolvió desestimar las apelaciones articuladas por su defensa técnica y confirmó de manera unánime el procesamiento sin prisión preventiva dictado en primera instancia por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad.
La resolución judicial, suscripta por los magistrados Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, ratificó además un embargo sobre los bienes del dirigente social por un monto de 5.000.000 de pesos, con el objeto de garantizar eventuales responsabilidades patrimoniales derivadas del proceso penal. De igual manera, el fallo confirmó la situación procesal del dirigente de Patria Grande Valentín Peralta, imponiéndole una caución real de 1.000.000 de pesos, y rechazó el pedido de intervención formulado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) bajo la figura de amicus curiae.
Los jueces intervinientes consideraron acreditada en esta instancia instructoria la activa participación de los imputados en la intrusión forzosa al inmueble gubernamental, destacando en los fundamentos del pronunciamiento que, desde un plano deóntico, Grabois debió ser el principal interesado en que se acataran las disposiciones de una agencia estatal en lugar de encabezar una vía de hecho.
La ocupación del Palacio Unzué y la intervención policial
El origen del expediente penal se remonta a los sucesos desarrollados el 7 de junio de 2025 en el inmueble ubicado en la calle Austria al 2600, predio histórico lindero a la Biblioteca Nacional donde funcionó la residencia presidencial del Palacio Unzué y que albergaba al Instituto Nacional Juan Domingo Perón junto al bar temático Un café con Perón. La propiedad, dependiente de la órbita de administración del Ministerio de Capital Humano, se encontraba formalmente clausurada y bajo custodia tras una disposición del Poder Ejecutivo Nacional que ordenó el cese de sus actividades y el cierre definitivo de sus dependencias.
- Convocatoria pública en redes sociales: La investigación fiscal determinó que el legislador encabezó e instigó la concurrencia masiva de militantes mediante proclamas difundidas a través de plataformas electrónicas bajo la consigna explícita de "defender el Instituto Perón".
- Intrusión y permanencia forzada: Los manifestantes forzaron los accesos perimetrales del edificio cerrado y permanecieron atrincherados en las instalaciones interiores desoyendo las órdenes de desalojo inmediato.
- Resistencia al personal de seguridad: Las fuerzas de seguridad comisionadas para asegurar el predio labraron actuaciones por agresiones físicas y forcejeos registrados al intentar efectivizar la desocupación de las dependencias públicas.
- Apertura de expedientes anexos: Paralelamente, la Justicia federal tramita denuncias orientadas a investigar las transferencias de subsidios que recibían cooperativas vinculadas a los locales gastronómicos que funcionaban dentro del instituto durante la gestión 2019-2023.
Doble frente: embates legislativos y respuesta política
La convalidación del procesamiento impacta de lleno en la arena parlamentaria, donde Juan Grabois afronta pedidos de sanción disciplinaria extrema impulsados por sectores del oficialismo y bloques aliados. La diputada Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, junto a Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, promovieron proyectos de resolución para solicitar la exclusión del legislador de la Cámara baja en los términos fijados por el artículo 66 de la Constitución Nacional, imputándole inhabilidad moral sobreviviente por insultos y agresiones físicas durante una sesión plenaria de comisiones.
Frente a la confirmación de la resolución penal, Grabois formuló su descargo por medio de sus canales de comunicación habituales, tildando la determinación de los jueces como una maniobra coordinada tras sus cruces mediáticos en el Congreso. En su declaración, el diputado argumentó que el fallo incurre en vicios jurídicos graves al atribuirle una condición de funcionario público con carácter de agravante que no revestía al momento en que se suscitaron las protestas en junio de 2025.
El escenario procesal del caso sumó además un incidente que aguarda definición en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la defensa técnica del referente social interpuso un recurso extraordinario para frenar el peritaje y desapoderamiento de la información almacenada en el teléfono celular que le fue secuestrado al momento de su aprehensión policial. Mientras se avecina la elevación definitiva del sumario al debate oral, las agrupaciones afines al dirigente convocaron a concentraciones ante el Palacio de Tribunales y el Congreso Nacional para manifestar su rechazo a las resoluciones del fuero federal.