En Modo Fontevecchia, la diputada Mariela Coletta cuestionó los argumentos oficiales sobre las trayectorias estudiantiles, advirtió sobre la brecha presupuestaria en educación superior y condicionó la aprobación de la ley de leyes al cumplimiento del financiamiento universitario.

Cruce parlamentario por la medición de las trayectorias universitarias

El tratamiento del proyecto presupuestario en el Congreso de la Nación reabrió una controversia de hondo impacto político y formativo respecto al rol del Estado en el sostenimiento de la educación superior pública. Durante su paso por el programa televisivo Modo Fontevecchia, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Mariela Coletta —contadora graduada en la Universidad de Buenos Aires y magíster en políticas públicas—, profundizó en los pormenores del tenso intercambio que mantuvo en la Comisión de Presupuesto con el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

El núcleo de la discusión radicó en la presentación de estadísticas oficiales destinadas a describir el rendimiento académico en las aulas nacionales. Desde la cartera educativa se expusieron indicadores que afirman que apenas dos de cada diez estudiantes completan sus carreras en los plazos teóricos ideales, argumento utilizado por el oficialismo para fundar la necesidad de reformas y recortes estructurales. Frente a ello, la legisladora denunció la utilización de metodologías sesgadas orientadas a justificar un repliegue deliberado de partidas presupuestarias.

Para desarticular la retórica gubernamental sobre la existencia de supuestos "estudiantes fantasmas" o "crónicos", Coletta apeló de manera respetuosa a los propios antecedentes del titular del área educativa: "Quería dejar al descubierto que a cualquier persona común y corriente su carrera universitaria puede demandarle más tiempo del promedio estipulado, muchas veces porque mientras estudian trabajan o atienden responsabilidades familiares. El propio secretario tardó 15 años en concluir sus estudios hasta la presentación de su tesis. Bajo el criterio que promueve el gobierno, él mismo hubiese encajado en esa categoría despectiva".

Asimismo, la diputada remarcó que las estructuras de costos de la educación superior no operan bajo la lógica de plazas vacías pagadas por contribuyentes sin utilización real, sino que reflejan dinámicas sociales heterogéneas donde la permanencia en los claustros permite la formación continua de sectores que combinan el empleo formal con la superación académica.

La brecha presupuestaria: el reclamo del CIN frente a la propuesta oficial

Más allá de las controversias metodológicas, el debate central se encuentra arraigado en los números duros proyectados para el próximo ciclo lectivo. La distancia entre las necesidades operativas de las casas de estudios y la asignación delineada por el Ministerio de Capital Humano configura una de las principales trabas en las negociaciones parlamentarias:

• Proyección del Poder Ejecutivo: La propuesta oficial establece una partida de 7,5 billones de pesos destinada al conjunto de las universidades nacionales para el ejercicio anual.
• Requerimiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Los rectores de todo el país estimaron como piso indispensable un monto de 11 billones de pesos para asegurar el normal funcionamiento edilicio, programas de becas y gastos de investigación científica.
• Incumplimiento de la legislación vigente: Coletta advirtió sobre la falta de respuestas técnicas y jurídicas del Poder Ejecutivo frente a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por las mayorías especiales del parlamento.

La legisladora subrayó que la asfixia económica no se restringe a los gastos de funcionamiento ordinario —como el pago de servicios de energía, insumos de laboratorio e higiene—, sino que golpea severamente la escala salarial del personal docente y no docente. "Cada día que pasa la situación empeora porque los docentes con mayor calificación se ven forzados a migrar al sector privado o al exterior. Ya llevamos más de un año de incumplimientos normativos y la pérdida de capital humano es tangible", detalló.

La "batalla cultural" y el repliegue del rol estatal

Al analizar los motivos ideológicos detrás de la disputa contra los centros de formación superior y organismos de investigación como el CONICET, la dirigente radical atribuyó el conflicto a una doble dinámica: el rechazo conceptual a la intervención pública niveladora y la búsqueda deliberada de una confrontación discursiva permanente.

Bajo esa perspectiva, la diputada argumentó que las autoridades nacionales sostienen un esquema donde la educación superior deja de ser entendida como un derecho colectivo para quedar sujeta exclusivamente a la capacidad individual de pago: "Están convencidos de que sólo deben estudiar aquellos que tengan los recursos económicos para costearlo en forma privada. Hay un desprecio manifiesto hacia el pensamiento crítico que fomenta la universidad pública plural".

Para ilustrar las contradicciones del modelo gubernamental, Coletta mencionó ejemplos emblemáticos de desarrollo productivo y tecnológico gestados a partir del apoyo estatal:

• El rol del financiamiento público en la innovación: Referentes del empresariado argentino de base tecnológica, como el caso de Marcos Galperin en la gestación inicial de proyectos globales, contaron con instancias formativas o becas impulsadas por empresas y entidades públicas como YPF.
• La conformación de los cuadros corporativos: La amplia mayoría de los equipos directivos, científicos, jurídicos y contables de las principales compañías del país egresan de las aulas de facultades públicas.
• Formación en el exterior y contradicciones de gestión: El propio secretario Torrendell accedió en su etapa académica a becas del sistema científico de Chile, mientras en la actualidad refrenda recortes a las partidas destinadas a investigadores locales.

Estrategia legislativa y condicionamientos al presupuesto 2027

En el plano estrictamente procedimental, la oposición dialoguista y los bloques universitarios comenzaron a coordinar un frente común para frenar la votación del proyecto de presupuesto general hasta tanto no se establezca una recomposición integral para la educación pública:

"Con varios diputados de diversas bancadas estamos dejando en claro que no habrá aprobación del presupuesto si el Poder Ejecutivo no cumple de manera fehaciente con el financiamiento universitario", sentenció Coletta. La legisladora puntualizó que avalar un instrumento fiscal que desconoce normativas sancionadas por el Congreso debilita las bases republicanas y la división de poderes: "¿Para qué existe el Congreso si el Ejecutivo elige de manera discrecional qué leyes aplicar y cuáles ignorar?".

Consultada sobre la posibilidad de que el gobierno nacional opte por prorrogar de manera consecutiva el presupuesto desactualizado para consolidar un ajuste encubierto por licuación inflacionaria, la economista desestimó que esa vía resulte sostenible para la administración central: "Gobernar sin presupuesto en un año electoral abriría múltiples frentes de conflicto sectorial. La sociedad civil respalda ampliamente a la universidad pública, porque incluso quienes no pasaron por sus aulas reconocen el valor de los médicos, arquitectos, veterinarios e ingenieros formados en nuestras instituciones".