El entramado de corrupción denunciado en la obra social de jubilados se inició en -pero no se limita a- la provincia de Buenos Aires.
Tras las acusaciones de Viviana Aguirre, excoordinadora contable del organismo y actual diputada suplente de La Libertad Avanza (LLA), sobre exigencias de dinero a cambio de cargos y firma de documentos ilegales, nuevas denuncias surgen en distintas provincias.
En Misiones, el productor Samuel Doichele denunció al dirigente libertario Adrián Núñez por exigir el 10% de los salarios de empleados del PAMI y ANSES para una cuenta personal. En Chaco, el fiscal federal Patricio Sabadini inició una investigación por extorsión luego de recibir testimonios sobre funcionarios de LLA que obligaban a empleados a entregar parte de sus sueldos para mantener sus puestos.
Además, se suman denuncias por compras irregulares con sobreprecios de hasta un 700%, realizadas sin licitación bajo el argumento de la "urgencia" médica. Estas maniobras estarían autorizadas desde el PAMI central, por Esteban Leguizamón y Carlos Zamparolo, máximos referentes del organismo.
Profesionales de la salud señalan que cada vez es más difícil atender a pacientes del PAMI, debido a débitos automáticos y retenciones del 10% en sus honorarios. Médicos reciben apenas 6.800 pesos por consulta, lo que dificulta el acceso a turnos para jubilados.
Este escándalo también se convirtió en arma política: Santiago Caputo impulsa la investigación para enfrentar a Karina Milei, mientras figuras como Diego Vartabedian, cercano a Karina, son señalados de reclutar militantes para ocupar cargos en el organismo.
Crece el temor de que en lugar de combatir la corrupción, el gobierno libertario repita esquemas de saqueo institucional, usando la excusa de la "urgencia" para justificar abusos. Mientras pide ajuste a la población y niega medicamentos a quienes más los necesitan, vacíe el Estado para financiar intereses partidarios.