Carlos Ibáñez seguirá vinculado a la causa que investiga una presunta red de corrupción en el otorgamiento irregular de pensiones por invalidez. La Cámara Federal rechazó la apelación de su defensa y calificó el esquema como una “plataforma de corrupción sistemática”.
El intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, quedó más comprometido en la causa judicial que investiga un entramado de fraude con pensiones no contributivas por discapacidad. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó el recurso de la defensa y confirmó el procesamiento del jefe comunal sin prisión preventiva, al tiempo que ratificó las imputaciones contra su hija, Gabriela Ibáñez Gelabert, y otras siete personas de su entorno político.
La investigación, que lleva adelante la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, sostiene que durante años funcionó en Taco Pozo una estructura orientada a simular situaciones de discapacidad para acceder a beneficios previsionales. El Ministerio Público describe una operatoria sostenida en el tiempo, con participación de médicos, funcionarios y personal municipal, todos coordinados desde el Ejecutivo local.
En la resolución judicial, las camaristas Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García hablaron de una “confusión ética entre lo público y lo privado”, y mencionaron etapas de la investigación como la falta de transparencia estatal como un elemento clave del esquema. Para la Justicia, el rol de Ibáñez no fue marginal: lo señalan como organizador de una asociación ilícita y responsable de múltiples delitos, entre ellos defraudación al Estado, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El expediente revela que, entre 2021 y 2023, en un municipio de apenas 10 mil habitantes, se tramitaron más de 600 pensiones por invalidez, una cifra desproporcionada incluso para estándares urbanos. Según los fiscales, las discapacidades eran inventadas, los diagnósticos eran armados a medida, y en muchos casos los controles médicos ni siquiera se realizaban.
La maniobra tenía fines políticos: se les pedía a los beneficiarios una pequeña suma de dinero para iniciar el trámite, pero el verdadero objetivo era consolidar una base de apoyo electoral. En la causa hay testimonios que indican que el propio intendente decidía “quién accedía y quién no” a las pensiones, en función de su afinidad o lealtad política.
Uno de los datos más comprometedores surgió de un allanamiento en el domicilio de una colaboradora médica del hospital local. La mujer —pareja de un profesional que firmaba los certificados— intentó desechar cuadernos y pendrives con información sensible. Allí se hallaron listados de personas, claves de seguridad social, patologías inventadas y montos cobrados o prometidos.
Mientras el tribunal confirmó el procesamiento de Ibáñez y su círculo más cercano, también resolvió revocar el procesamiento del director del hospital, Miguel Ángel Bilinski, por falta de mérito. La Fiscalía había sostenido que su rol era central, pero las juezas consideraron que los elementos reunidos hasta ahora no alcanzaban para sostener la acusación en su contra.
La operatoria involucraba al municipio, el hospital rural, la delegación del INSSSEP, la oficina local de ANSES y tramitaciones ante la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad). Todo funcionaba en red: desde la confección de certificados truchos hasta la validación de datos sociales. El perjuicio económico para el Estado aún no fue cuantificado, pero se estima que es millonario, teniendo en cuenta que cada pensión implica un pago mensual con retroactivos. A pesar del procesamiento, Ibáñez continúa en funciones como intendente, cargo que ocupa desde hace más de dos décadas.