Un escándalo de corrupción golpea a la provincia del Chaco. La Justicia federal ha desmantelado una red de fraude en el otorgamiento de pensiones por discapacidad en la localidad de Taco Pozo, un pequeño municipio con apenas 9.000 habitantes.
Un entramado de corrupción
La investigación, que está próxima a su resolución, ha revelado una estructura bien organizada en la que estaban implicados funcionarios municipales, empleados de ANSES y profesionales de la salud. Entre los acusados se encuentran el intendente de Taco Pozo, su hija (quien ejercía como jefa de ANSES en la localidad), el secretario del consejo municipal, cuatro empleados de ANSES, médicos del hospital público, bioquímicos y otras figuras clave.
"Era una maquinaria bien pensada para desapoderar al Estado de recursos genuinos y entregárselos a personas que no los merecían", declaró el fiscal Amad en una entrevista con Radio Uno de Formosa.
Las imputaciones y el impacto en otras provincias
Los delitos imputados a los involucrados incluyen fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y falsedad ideológica en instrumento público. La condena por estos delitos podría oscilar entre 3 y 15 años de prisión.
El escándalo no se limita a Chaco. Según informó el fiscal Amad, se han detectado esquemas similares en Formosa, Salta y Jujuy. En la primera semana de auditorías en Formosa, mil beneficiarios renunciaron a sus pensiones espontáneamente, alegando "curaciones milagrosas".
En Salta, donde Amad también lidera investigaciones, se han identificado irregularidades en más del 50% de las pensiones auditadas hasta el momento. "Vamos despacio, pero a pie firme", aseguró el fiscal.
Un caso que marca precedentes
Este fraude en Taco Pozo se ha convertido en un caso emblemático dentro del entramado de corrupción en el sistema de pensiones no contributivas. La investigación de Amad ha sacado a la luz cómo redes organizadas utilizan la vulnerabilidad social y la falta de controles para saquear fondos públicos.
Ahora, con la causa llegando a su etapa final, se espera que la Justicia actúe con firmeza para sancionar a los responsables y evitar que este tipo de maniobras se sigan replicando en otras provincias.