El líder del MTH, Carlos Barraza, recibió una pena de 10 años de prisión efectiva por fraude y peculado. Tras la sentencia, reaccionó con un "fuck you" a la prensa y aplausos irónicos. La jueza ordenó investigar a exfuncionarios del IAFEP y Vivienda.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió? El dirigente social Carlos Barraza fue condenado a 10 años de prisión por delitos de corrupción.
- ¿Quiénes son los protagonistas? Carlos Barraza (líder MTH), la jueza Glenda Vidarte y el fiscal Sergio Cáceres Olivera.
- ¿Cuándo ocurrió? La sentencia se dictó el viernes 5 de diciembre de 2025.
- ¿Dónde fue? En los tribunales de la provincia del Chaco, Argentina.
- ¿Cómo reaccionó el condenado? Realizó un gesto de "fuck you", sonrió irónicamente y aplaudió al tribunal.
- ¿Por qué es importante? Sanciona el uso político de recursos estatales y ordena investigar la complicidad de funcionarios públicos.
- ¿Qué consecuencias hay? Prisión efectiva, decomiso de bienes y apertura de causas contra exautoridades del IAFEP e IPDUV.
Un final con gestos desafiantes en los tribunales
La jornada judicial que definió el futuro de Carlos Barraza, conocido dirigente social y fundador del Movimiento Trabajadores y Humildes (MTH), culminó en un escándalo de formas y gestos que rápidamente se viralizó. El tribunal, encabezado por la jueza Glenda Vidarte de Sánchez Dansey, lo encontró culpable de los delitos de fraude contra la administración pública y peculado de bienes y servicios del Estado, imponiendo una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Lejos de mostrar arrepentimiento o consternación al escuchar el fallo, Barraza protagonizó una escena provocadora. Al finalizar la lectura de la sentencia, el dirigente dedicó un "fuck you" a los trabajadores de prensa presentes en la sala, acompañando la obscenidad con una sonrisa irónica y aplausos dirigidos hacia el tribunal, en una clara muestra de desdén hacia el proceso judicial que acababa de condenarlo.
Los argumentos de la condena
La sentencia validó la postura del Ministerio Público Fiscal. Tanto el fiscal de Cámara, Sergio Cáceres Olivera, como el abogado querellante en representación del Estado, Sergio Funes, habían solicitado la pena que finalmente fue impuesta. La justicia dio por probado que Barraza montó una estructura para apropiarse de recursos públicos.
El fallo determinó que el dirigente fue responsable de:
- Utilizar bienes del Estado (como vehículos y maquinaria) para fines estrictamente personales.
- Apropiarse de recursos públicos mediante mecanismos irregulares vinculados a su movimiento social.
- Gestionar fondos que debían llegar a los sectores vulnerables pero que terminaron engrosando su patrimonio o poder logístico.
La "Caja de Pandora": nuevas investigaciones a funcionarios
Uno de los puntos más relevantes del fallo de la jueza Vidarte es que la condena a Barraza no cierra el capítulo de la corrupción, sino que abre varias líneas de investigación penal hacia arriba y hacia los costados de la estructura estatal. La magistrada ordenó explícitamente que se investigue la responsabilidad de exfuncionarios y organismos que permitieron, por acción u omisión, que estas maniobras se llevaran a cabo.
1. La lupa sobre el IAFEP
El Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) quedó en el centro de la tormenta. La justicia ordenó investigar a sus exautoridades, específicamente a Mauro Andion y María Laura Moreno. Se busca determinar su presunta participación en la disposición irregular de fondos estatales durante los años 2022 y 2023. La sospecha recae sobre la entrega de dinero a personas y organizaciones que no cumplían con los requisitos legales y administrativos mínimos para ser beneficiarios.
2. Complicidad en Vivienda y Ordenamiento Territorial
El fallo también apunta al IPDUV (Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda) y a las áreas de Ordenamiento Territorial. El tribunal ordenó averiguar el rol de exfuncionarios en la adjudicación de RUBH (Registro Único de Beneficiarios del Hábitat) y viviendas en la zona de Villa Barberán. Se investigará tanto la entrega de beneficios al propio Barraza como a particulares vinculados a él, poniendo el foco en la posible omisión de controles obligatorios por parte del Estado.
3. Otros movimientos sociales bajo sospecha
El efecto de la causa Barraza se extiende a otros referentes. La justicia dispuso investigar la recepción, administración y destino final de los recursos estatales que fueron entregados a las organizaciones lideradas por Romina Palacios y Walter Ramírez, para verificar si existió un modus operandi similar de desvío de fondos.
4. La conexión familiar y SAAMEP
Finalmente, se instruyó indagar una posible cadena de delitos relacionados con el SAAMEP (Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial). En este punto, la investigación apunta al padre del dirigente condenado, Juan Carlos Barraza, junto a familiares, el exabogado René Galassi y otros allegados. Se busca esclarecer si esta red de vínculos facilitó la comisión de ilícitos mediante la estructura de la empresa estatal.
Decomiso de bienes
Como medida complementaria a la prisión, la jueza dispuso el decomiso de todos los bienes que habían sido confiados a Barraza bajo la figura de depositario judicial o gestor social. Estos activos, que incluyen vehículos y maquinaria, deberán regresar inmediatamente al patrimonio del Estado provincial, cerrando así el circuito de recuperación de lo defraudado.