El juicio oral por el caso Loan avanza con firmeza en la provincia de Corrientes. El fiscal federal Carlos Schaefer aseguró tener pruebas concluyentes de la sustracción del menor, apuntando al exmarino Carlos Pérez y a la exfuncionaria Victoria Caillava como los principales autores del hecho.

El inicio de un juicio de trascendencia nacional en Corrientes

La provincia de Corrientes se ha convertido en el epicentro judicial y mediático de la República Argentina a raíz del inicio del esperado debate oral y público por la sustracción de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años cuyo rastro se perdió el 13 de junio de 2025. Las audiencias se están desarrollando bajo estrictas medidas de seguridad en las instalaciones del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional, ubicado en la ciudad capital de la provincia. Este proceso judicial reviste una gravedad institucional sin precedentes recientes en la región, reuniendo en el banquillo de los acusados a un total de 17 personas imputadas por diversos roles en la desaparición y posterior encubrimiento del menor.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes, encargado de impartir justicia en esta compleja y dolorosa causa, se encuentra integrado por los magistrados Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, contando además con la participación de Enrique Jorge Bosch en calidad de juez sustituto. Desde el Ministerio Público Fiscal, la acusación es impulsada con vehemencia por el fiscal general Carlos Schaefer y la fiscal general subrogante Tamara Pourcel, quienes han estructurado un caso sólido basado en múltiples peritajes científicos y testimonios clave. En la jornada inaugural del debate, se procedió a la lectura parcial del extenso requerimiento de elevación a juicio, dejando en claro ante la sociedad que la justicia federal tratará este expediente como un delito complejo de sustracción, privación ilegítima de la libertad y encubrimiento agravado.

Las pruebas científicas y "el error" que condenó a los sospechosos

Durante su contundente alocución, el fiscal federal Carlos Schaefer fue categórico al referirse a las evidencias materiales que obran en el expediente, las cuales apuntan de manera directa hacia el exmarino Carlos Pérez y su esposa, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava. Lejos de basarse en meras conjeturas, la fiscalía cimentó su acusación en dos pilares fundamentales de la criminalística moderna aplicados a este caso: las pericias de odorología forense y el análisis del comportamiento de los imputados en la escena del crimen.

Schaefer explicó detalladamente ante el tribunal que "la prueba odorífica en los vehículos de Pérez y Caillava y el error que cometieron al pretender plantar un botín en el barro, nos permite afirmar que a Loan se lo llevaron Pérez y Caillava". Este intento de manipular la escena, plantando el calzado del niño en una zona fangosa para desviar la atención de los investigadores, se convirtió, paradójicamente, en la principal trampa para los acusados. La maniobra pretendía instalar la narrativa de que el niño se había adentrado solo en el monte y se había perdido en los pastizales y lagunas circundantes, una teoría que la fiscalía ha logrado desbaratar por completo mediante el rigor de la prueba científica.

La red de cómplices y el encubrimiento organizado

El esquema criminal descrito por el Ministerio Público Fiscal no se limita únicamente a la sustracción material del menor por parte de la pareja mencionada. El fiscal Schaefer argumentó que Pérez y Caillava tuvieron la disposición del niño gracias a la participación activa y necesaria de una red de cómplices presentes en el paraje El Algarrobal. Entre estos nombres figuran familiares directos y personas del entorno cercano como Bernardino Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica Millapi y la propia tía del niño, Laudelina Peña. Además, se destacó la gravísima participación del entonces comisario del pueblo, Walter Maciel, quien habría utilizado su investidura policial para garantizar la impunidad inicial de la maniobra.

En un tramo crucial de su exposición ante la Cámara Federal de Apelaciones, el fiscal Schaefer marcó una clara diferencia de criterio jurídico con la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. Schaefer desestimó la versión que indicaba que Laudelina Peña había actuado bajo supuestas coacciones y amenazas provenientes de Caillava y el comisario Maciel. Por el contrario, el fiscal sostuvo que "pedirle que no hable es parte del encubrimiento y la participación en la sustracción", situando a la tía del menor no como una víctima de aprietes, sino como un eslabón fundamental en la cadena de silenciamiento y ocultamiento del hecho criminal. A los 17 imputados se les atribuyen, en distintos grados, delitos de privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública e incluso violación de secreto profesional.

La desestimación absoluta de la hipótesis de accidente

Uno de los objetivos primordiales de la fiscalía en este debate oral es erradicar cualquier duda razonable sobre el destino inicial del niño. Desde los primeros días de la desaparición, sectores allegados a los acusados intentaron instalar en la opinión pública que el entorno rural y agreste había sido el responsable de la tragedia. Se habló de extravíos accidentales, de ahogamientos en lagunas de la zona e incluso de ataques por parte de la fauna local.

• Zona controlada: El fiscal remarcó que el hecho ocurrió en una zona rural, situación que fue estratégicamente aprovechada por los imputados para orquestar el relato de la pérdida del menor.
• Certeza pericial: "Las pruebas demuestran con certeza que no se lo comió un animal, no cayó en un pozo o se ahogó", enfatizó Schaefer con dureza.
• Sustracción confirmada: Según las palabras del representante del Ministerio Público, existe un grado de certeza técnica irrefutable de que al menor lo sustrajeron y ocultaron de la esfera de custodia de su padre biológico.
• Permanencia en la Zona Cero: Los estudios planimétricos y de rastrillaje aportaron un dato escalofriante: las pericias oficiales demuestran que Loan nunca salió por sus propios medios de la denominada "zona cero" del hecho.

El dolor de una familia que exige respuestas

Más allá de la frialdad de los datos procesales y científicos, el juicio oral conlleva una inmensa carga emocional. El fiscal Carlos Schaefer y la fiscal Tamara Pourcel han solicitado que se preste especial atención a las declaraciones de los familiares directos de la víctima. Se prevé que a lo largo del debate desfilen más de 170 testigos, pero ninguno con el peso y el desgarro de los padres de Loan.

La fiscal subrogante Pourcel anticipó que los testimonios de los progenitores marcarán un antes y un después en las audiencias por su altísimo contenido emotivo. "Esperamos que la familia venga preparada y pueda contar su verdad. Los padres quieren verles las caras a los acusados y que les digan dónde está Loan", sostuvo Schaefer. Este clamor por la verdad se evidenció en los primeros cruces judiciales, donde se reportó una tensa situación en la sala durante la declaración de la madre del niño, quien protagonizó un fuerte intercambio de miradas y reproches con el imputado Pérez, a la vez que lanzó un desesperado pedido de verdad hacia Laudelina Peña. La justicia busca determinar fehacientemente las responsabilidades penales de estos 17 individuos detenidos, al tiempo que, tal como remarcó el fiscal, la desaparición del niño de cinco años continúa siendo investigada activamente en una causa paralela, manteniendo vigente la Alerta Sofía y la esperanza inquebrantable de toda una sociedad de encontrarlo.