La jueza federal Zunilda Niremperger desestimó la propuesta de trabajadores para reactivar tres locales de la cadena Exen mediante un fideicomiso transitorio, tras constatar inconsistencias en la acreditación del personal laboral afectado.
Lectura exprés
- ¿Qué resolvió la Justicia Federal de Resistencia?
Rechazó el pedido formal de reapertura de tres sucursales de la cadena de gimnasios Exen. - ¿Quién adoptó la decisión judicial?
La jueza federal Zunilda Niremperger, en el marco del expediente que investiga las maniobras de la firma. - ¿Qué mecanismo habían propuesto los solicitantes?
La constitución de un fideicomiso de administración transitoria durante un año con contabilidad autónoma. - ¿Cuáles sedes se pretendían reactivar?
Los locales ubicados sobre calle Arturo Illia, Santiago del Estero y avenida Las Heras. - ¿Cuál fue el motivo central del rechazo?
Falta de respaldo documental sobre el impacto laboral real y escasa acreditación de dependientes formales. - ¿Qué discordancia detectó el tribunal en el personal?
Se alegaron hasta 80 empleos directos, pero solo seis personas figuraban bajo relación de dependencia legal. - ¿Qué situación legal enfrentan las instalaciones hoy?
Permanecerán clausuradas y bajo custodia judicial mientras continúa el avance de la causa federal.
Freno judicial al esquema de administración transitoria
El Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de la magistrada Zunilda Niremperger, emitió una resolución definitoria que clausura el intento de reactivación comercial de la cadena de gimnasios Exen. La determinación judicial desestimó de plano el proyecto presentado por un grupo de trabajadores que pretendía poner en funcionamiento tres de las principales sedes de la empresa a través de una figura jurídica fiduciaria de excepción, mientras continúa sustanciándose el proceso penal que investiga a los titulares y responsables de la firma.
La propuesta elevada a los estrados federales planteaba la implementación de un fideicomiso de administración transitoria con un plazo de vigencia estipulado en doce meses. El diseño operativo proyectaba que los establecimientos retomaran la prestación de servicios bajo un circuito bancario separado, con una contabilidad propia y una gestión operativa desvinculada de los imputados en la causa principal, procurando que los ingresos generados sirvieran para sostener el mantenimiento de la infraestructura y el pago de haberes.
Sucursales alcanzadas y pretensión operativa
El plan de contingencia descartado por los tribunales federales se focalizaba puntualmente en tres puntos neurálgicos de la capital chaqueña:
- Sede Arturo Illia: Uno de los centros de entrenamiento de mayor concurrencia dentro del casco céntrico.
- Sede Santiago del Estero: Instalación equipada con aparatología integral para musculación y actividades grupales.
- Sede Avenida Las Heras: Predio de gran superficie destinado a entrenamientos funcionales y atención al público general.
Los requirentes argumentaban que mantener las persianas bajas durante meses representaba una depreciación acelerada del costoso equipamiento deportivo, además de ocasionar un perjuicio irreparable a quienes dependían del funcionamiento cotidiano de los salones para percibir ingresos económicos en la plaza local.
Inconsistencias en el padrón y falta de acreditación laboral
El análisis técnico realizado por el tribunal federal concluyó que los fundamentos esgrimidos respecto a la supuesta gravedad social y laboral no encontraron correlato en la documentación registral aportada en el expediente. En las primeras presentaciones, los impulsores de la medida habían manifestado que el cierre compulsivo afectaba de manera directa a cerca de 80 puestos de trabajo directos y a otros 30 puestos indirectos vinculados a proveedores y profesionales de la salud física.
No obstante, tras las verificaciones y cruces de datos formales ordenados por la jueza, el escenario real arrojó cifras sensiblemente dispares:
- Personas individualizadas: Apenas se logró identificar e individualizar a 29 integrantes entre profesores, colaboradores y equipos de trabajo.
- Relación de dependencia formal: Del total de personas mencionadas, solo seis trabajadores figuraban debidamente acreditados bajo un contrato laboral formal y registrado con aportes conforme a la legislación vigente.
- Carencia probatoria: El resto del personal carecía de instrumentos fehacientes que acreditaran una subordinación jurídica y económica estable que habilitara una medida tutelar extraordinaria de esa magnitud patrimonial.
Riesgos procesales y continuidad de la causa
Al fundamentar la denegatoria, la sede judicial consideró que la habilitación precaria de las instalaciones implicaba riesgos procesales concretos para el resguardo de la prueba y la preservación de los bienes cautelados en el marco de las pesquisas federales. La investigación que pesa sobre la red de gimnasios involucra presuntas maniobras financieras y patrimoniales que exigen el congelamiento estricto de las unidades económicas involucradas.
Con esta resolución judicial firme en primera instancia, las sedes comerciales permanecerán inactivas y precintadas, ratificando la primacía de las medidas cautelares dictadas en la investigación penal preparatoria por encima de las pretensiones de explotación comercial formuladas en el expediente.