Reclamos vecinales en Esquina apuntan al entramado de un coto de caza vinculado al poder local, denunciando irregularidades en habilitaciones cercanas a una escuela rural y exigiendo una comisión investigadora independiente.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
Vecinos y manifestantes denunciaron presuntos encubrimientos en la causa que investiga lo ocurrido con Nancy Godoy, señalando irregularidades operativas en un coto de caza. - ¿Quiénes están involucrados?
La estancia El Curupí, su propietaria Lourdes Winkler, dirigentes políticos locales vinculados a la familia Mancini, autoridades de Recursos Naturales de la provincia y la comunidad de Esquina. - ¿Cuándo ocurrió?
El pronunciamiento y las movilizaciones ciudadanas cobraron fuerza tras revelarse registros fílmicos y testimonios en torno al predio rural bajo sospecha. - ¿Dónde fue?
En la zona rural de la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, en cercanías inmediatas a la Escuela N° 626 ubicada dentro de la misma finca. - ¿Cómo se produjo?
A través del funcionamiento de actividades de caza deportiva con armamento de alto calibre que, según denuncian, incumplen las distancias mínimas obligatorias respecto a poblaciones y establecimientos educativos. - ¿Por qué es importante?
Se cuestiona si las personas actualmente detenidas son solo chivos expiatorios y se exige secuestrar los registros oficiales de cazadores nacionales y extranjeros que ingresaron al predio. - ¿Qué consecuencias/investigación hay?
Se formalizó el reclamo popular para crear una comisión investigadora independiente y autónoma frente a la desconfianza sobre la actuación del Ministerio Público y el poder político local.
La trama de la estancia El Curupí y las sospechas en Esquina
El reclamo por el esclarecimiento de lo sucedido con Nancy Godoy alcanzó un punto de máxima tensión social y política en la localidad correntina de Esquina. Nuevos testimonios y manifestaciones públicas han comenzado a redirigir el foco de atención hacia el contexto geográfico y comercial donde se desarrollaron los hechos: la estancia El Curupí, un predio de explotación rural que cuenta con habilitaciones para el desarrollo de actividades cinegéticas bajo la modalidad de coto de caza.
De acuerdo con las exposiciones formuladas por referentes comunitarios y familiares durante las movilizaciones ciudadanas, el predio rural pertenece formalmente a Lourdes Winkler, a quien se vincula de manera estrecha con el concejal de la ciudad de Esquina Hugo Mancini, integrante de una familia con antecedentes de peso en la función pública provincial como hijo de un exgobernador interino de Corrientes. Esta cercanía entre los titulares del predio y las estructuras institucionales generó un manto de profunda desconfianza entre los vecinos, quienes aseguran que las líneas de investigación iniciales evitaron examinar el negocio de fondo.
La hipótesis planteada por los manifestantes sostiene que la pesquisa no puede avanzar seriamente si se limita a imputar a actores menores del ámbito rural. En las concentraciones frente a dependencias comunales, se remarcó con énfasis que los detenidos preventivos podrían estar funcionando como "perejiles" procesales, una figura recurrente cuando se busca neutralizar la responsabilidad de los verdaderos administradores y propietarios del negocio turístico-cinegético.
Violación a la normativa: un coto de caza con escuela propia
Uno de los ejes más graves expuestos durante las denuncias públicas se centra en la abierta contravención a la legislación vigente que regula los cotos de caza en la provincia de Corrientes. El marco normativo provincial estipula de forma expresa que este tipo de explotaciones deportivas y comerciales no pueden funcionar a menos de distancias de resguardo predeterminadas respecto de asentamientos poblacionales y caminos públicos, a fin de preservar la integridad física de las personas.
Sin embargo, en el caso concreto de la estancia El Curupí, la realidad territorial presenta irregularidades insoslayables:
- Convivencia con una comunidad educativa: En el interior mismo del predio donde se desarrollan las cacerías funciona de manera formal la Escuela N° 626, a la que asisten a diario niños, maestros y personal auxiliar de la zona de chacras.
- Pobladores rurales permanentes: La presencia de familias residentes en las inmediaciones del casco de la estancia contradice las pautas que exigen zonas despobladas para la manipulación y descarga de armamento pesado.
- Uso de armas de gran potencia: Las excursiones autorizadas reciben de manera habitual a contingentes de cazadores del exterior equipados con fusiles de altísimo calibre y municiones de guerra con alcance letal a varios kilómetros de distancia.
- Riesgo constante e injustificado: La trayectoria balística de las prácticas de tiro deportivo representa una amenaza permanente para cualquier habitante rural o docente que transite por los caminos vecinales linderos a la escuela.
Frente a esta situación fáctica, los cuestionamientos apuntan de lleno a la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes. Dicha dependencia oficial es el organismo estatal encargado de emitir las licencias cinegéticas, habilitar las guías de traslado de trofeos y controlar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en los campos privados registrados para el turismo internacional.
La guía de cazadores: el libro de entradas que la fiscalía no tiene
Para la comunidad movilizada y los asesores legales que siguen el caso, el elemento probatorio medular que debió haber sido incautado de manera inmediata al conocerse la desaparición y el ataque contra Nancy Godoy es el libro de registro y guías de ingreso de la estancia. Por disposición legal, todo operador de turismo de caza está obligado a asentar con precisión la filiación, procedencia, permisos y días de estadía de cada cliente que ingresa a disparar en el predio.
Las críticas contra la actuación del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal local radican en la demora inexplicable para secuestrar esa documentación estratégica:
- Identificación de contingentes: Se exige auditar las nóminas completas de cazadores nacionales y extranjeros que ingresaron a la estancia en el último mes, durante la última semana y en la jornada precisa de los hechos.
- Peritaje sobre el armamento: Los denunciantes reclaman que se cite a declarar a cada uno de los tiradores registrados para cotejar sus movimientos dentro del campo y peritar las armas empleadas durante las excursiones cinegéticas.
- Trazabilidad de licencias: Solicitar informes pormenorizados a los organismos de aduana y seguridad aeroportuaria sobre el ingreso temporal de armas de caza vinculadas a los paquetes turísticos contratados para la estancia en cuestión.
La omisión de estos pasos periciales elementales en las primeras horas de la causa encendió las sospechas de un pacto de silencio destinado a blindar a los clientes de alto poder adquisitivo y a los intermediarios comerciales que explotan la fauna silvestre en el litoral correntino.
Exigen una comisión investigadora independiente
La desconfianza en los estrados judiciales locales motivó una asamblea popular en la que se solicitó formalmente la conformación de una comisión investigadora autónoma e independiente. Los impulsores de esta medida advierten que los lazos de parentesco y pertenencia política entre funcionarios municipales, magistrados y propietarios del coto imposibilitan una pesquisa transparente.
Durante las protestas, se remarcó con indignación la ausencia de las autoridades institucionales de Esquina:
- Silencio del Concejo Deliberante: Pese a los pedidos reiterados presentados por los vecinos, los ediles locales no emitieron declaraciones ni adoptaron medidas de interpelación sobre los vínculos del concejal mencionado en la estancia.
- Inacción del Departamento Ejecutivo: Tampoco se registraron comparecencias públicas por parte del intendente ni de las autoridades de seguridad comunal para dar respuestas a los reclamos vecinales.
- Descontento con el gobierno provincial: Los manifestantes señalaron que la falta de respuestas vulnera la representatividad ciudadana y evidencia una protección corporativa que trasciende el ámbito municipal.
La exigencia de una intervención investigadora externa apunta a que peritos forenses y veedores de derechos humanos sin ataduras con el poder correntino tomen el control de las pruebas periciales, inspeccionen la estancia El Curupí y determinen si el crimen se ejecutó al amparo de la impunidad que históricamente rodea a los cotos de caza privados en la región.