El equipo económico apuesta a los controles de precios y al atraso cambiario para contener la trepada, pero para las consultoras pueden surgir complicaciones en los planos fiscal y monetario.
Este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicará la variación del índice de precios al consumidor (IPC) de marzo, que para los analistas girará en torno al 4% y cerrará el primer cuarto del año por encima del 12%. Así, ya serán dos trimestres consecutivos con inflación de dos dígitos y se comienza a materializar el escepticismo de las consultoras, que para 2021 proyectan una escalada inflacionaria de al menos 15 puntos más que la meta oficial del 29% del Presupuesto 2021.
En estas circunstancias el Gobierno empezó a reforzar las herramientas dispuestas en su plan antiinflacionario con el que espera contener la escalada de los precios, en función de la percepción "multicausal" que tiene del fenómeno. Pero para los analistas ya comienzan a distinguirse algunas limitaciones que dificultarán el cumplimiento del objetivo.
Las medidas con mayores cuestionamientos son las tendientes a los controles de precios, a través de programas como Precios Máximos, la intimación a comercios y empresas fabriles a aumentar su capacidad de producción y el consiguiente monitoreo, batería de instrumentos de la Secretaría de Comercio Interior que conduce Paula Español.
Además de despertar el repudio del sector empresario en un contexto de fuerte recesión y complicaciones en el mercado laboral, los economistas coinciden en que este paquete de medidas no tendrá un impacto relevante para disminuir la inflación y que podría generar riesgos en la cadena de abastecimiento. En ese sentido, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham, por sus siglas en inglés) reportó un aumento de los productos con faltantes desde la implementación de la medida, entre otras cifras negativas.
Más allá de este punto, el plan tiene otros pilares menos vistosos pero de mucho mayor impacto, como lo son el atraso del tipo de cambio y de las tarifas, la reducción del déficit fiscal y la política de agregados monetarios, cuestiones que forman parte de la estrategia más estructural. Pero la consultora Analytica destaca que estas búsquedas tienen severas limitaciones.
Por un lado, el Gobierno pretende calmar la inflación con el control de algunos precios relativos importantes, como el tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos, congeladas desde abril de 2019, que los economistas identifican como los mecanismos de transmisión de la inflación, pero sin ser sus causas. Respecto al dólar, el equipo económico disminuyó el ritmo de depreciación mensual e intentará que en el año no se devalúe más de 25%, con lo que en términos reales derivará en un atraso cambiario.
A pesar del buen contexto para las exportaciones de commodities argentinas, la consultora en su informe advierte que el flujo saliente de capitales de emergentes y el estancamiento de Brasil pueden atentar contra la idea del Gobierno, dado que puede operar en sentido de la apreciación del tipo de cambio multilateral.
Así, plantea que el atraso del tipo de cambio requiere un cepo cambiario más restrictivo. "Una política que evita la venta de dólares del BCRA en el corto plazo pero tiene un efecto contrario en el mediano", enfatiza Analytica, que resalta que la venta de bonos en dólares para bajar los dólares financieros afecta el nivel de reservas, una variable clave para la nominalidad.
En el frente fiscal, donde para los analistas reside una de las razones de la inflación, también se identificaron limitaciones, a pesar de algunos datos alentadores.
Por un lado, las perspectivas positivas que había dejado el primer bimestre fueron relativizadas por la asistencia monetaria de $ 135.000 millones del Banco Central al Tesoro en marzo, mientras que el Gobierno, a pesar de un rojo fiscal más bajo en 2020, no recortó su meta fiscal de 4,2% del PBI.
Es que el probable avecinamiento de recargadas restricciones por la pandemia puede requerir una nueva asistencia a hogares y empresas afectadas, luego de que en 2020 se gastaran más de $ 940.000 millones, de la cual la mayor parte se destinó en ayudas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a 9 millones de personas y los subsidios del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP).
"De replicarse una asignación como la del 2020 de forma bimestral únicamente a ese, el déficit aumentaría en 0,4 puntos del PIB hasta 4,6% tomando como base la proyección del presupuesto. La segunda ola del virus puede retrotraer el pequeño avance que realizó el gobierno en vistas de mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas", señaló Analytica.
Ante las pocas fuentes de financiamiento en el mercado de capitales, la consultora no descarta que el Tesoro podría requerir una mayor asistencia del Banco Central para fortalecer la asistencia. Pero esta cuestión, además de ir contra la credibilidad fiscal, choca con el objetivo de contener la expansión monetaria, entiende la consultora.
"El BCRA viene reduciendo el M2 privado (circulante y depósitos a la vista en pesos) sobre PBI desde mayo, al pasar del 14,3% al 12,8% hasta marzo de este año. Pero en el margen comienza a modificarse la tendencia, dado que el mes pasado el M2 privado se expandió $ 38.500 millones (+0,2 p.p. sobre PIB)", resaltó Analytica, que, ante tasas negativas en términos reales, considera que la rebaja del déficit fiscal es la clave para intensificar la contracción monetaria y torna "insostenible" la estrategia antiinflacionaria del Gobierno.
El objetivo del Gobierno es que la inflación no supere el 29% en el año, pero si las previsiones de marzo de las consultoras el primer trimestre ya superaría el 12% y requeriría que el IPC no suba más de 1,6% por mes en promedio.
Según las estimaciones del Relevamiento de Expectativas Macroeconómicas (REM) del BCRA, ya en agosto la meta del equipo económico quedaría obsoleta. En el año, la mediana de pronósticos apuntan a un 46%.
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