Mientras miles de trabajadores quedan sin empleo, el Gobierno decidió otorgar un bono extra a los jefes de áreas estatales que reduzcan el gasto a través de despidos. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y generó rechazo en sindicatos.
El Gobierno de Javier Milei oficializó una polémica medida que otorga un bono extra a los jefes de áreas estatales que recorten personal en sus dependencias. Según el artículo 5 de la decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial, los funcionarios podrán recibir unidades retributivas adicionales si logran un “ahorro presupuestario” mediante la reducción de la dotación de empleados.
La decisión llega en un contexto de fuerte ajuste en el sector público. Desde el inicio de la gestión de Milei, la llamada “motosierra” ya dejó casi 50 mil trabajadores estatales sin empleo. Frente a esta situación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el jueves 27 de marzo en rechazo a los despidos y en defensa del empleo público.
Según lo dispuesto en el artículo 5 del texto se establecerán retribuciones por eficiencia con foco en la baja de personal: "Podrán asignarse unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción, previa intervención de la Secretaria de Transformación del Estado y función pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía”.
De acuerdo a una estimación realizada por el diario La Nación el valor de la Unidad Retributiva (UR) en diciembre fue de $783, según la Base Integrada de Empleo Público (BIEP). A modo de ejemplo: en la Secretaría de Trabajo la dotación de empleados en 2023 era de 3600 y actualmente es de 2900. Es decir, hubo 700 bajas. A partir de esta cifra, y tomando un salario promedio del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que es de $1.200.000, el organismo recibiría más de 64.000 UR adicionales. Sería el equivalente a casi $52 millones para repartir entre las autoridades superiores.
La normativa del gobierno de Javier Milei despertó el rechazo de los gremios estatales, que señalan que la oficialización se da a pocos días de que vuelvan a finalizar contratos en la administración pública, que son prorrogados cada tres meses, lo que incrementaría las unidades que cada funcionario responsable recibiría.
Justificación oficial
Desde el gobierno nacional defendieron la decisión como parte del objetivo de reducir el déficit del Estado. “Reducir el tamaño del Estado es uno de los principales objetivos que nos trazamos y en eso estamos”, señaló una fuente de Casa Rosada consultada por La Nación.
Y agregaron que “las unidades se distribuyen en función de los objetivos de cada cartera y entre los objetivos está el ajuste. Es uno de los puntos, uno de los parámetros que deben alcanzar”.
Críticas gremiales
En rechazo a la medida y en alerta por la posibilidad de una nueva ola de despidos, el gremio de los trabajadores del Estado convocó a una protesta para este jueves al mediodía en la sede de la secretaría de Trabajo, con movilización hasta la cartera de Desregulación.
Según expresaron se trata “de un desvío de fondos en detrimento del pueblo, ya que el supuesto ahorro que busca generar el Gobierno con los despidos ilegales irá a parar al bolsillo de funcionarios de segunda o tercera línea hasta alcanzar la remuneración de ministro”. Desde el gobierno descartaron esta versión aludiendo que el ahorro por los sueldos no es equiparable a la distribución de las unidades.
