Tras ser imputada junto a su familia por presuntas estafas inmobiliarias millonarias en Nordelta, Pamela Bulacio rompió el silencio: aseguró ser inocente y acusó a prestamistas informales de extorsión, aprietes y persecución armada.

El descargo público tras una acusación millonaria

La investigación que conmociona a los countries de la zona norte bonaerense sumó un capítulo definitorio. Luego de que la fiscalía imputara formalmente a un matrimonio y a su hijo por encabezar una presunta red de defraudaciones vinculadas a la firma inmobiliaria Norhouse en Nordelta, una de las principales acusadas decidió presentarse en vivo ante las cámaras para brindar su testimonio.

Pamela Bulacio, titular de la firma comercial, rompió el silencio en una extensa entrevista televisiva donde negó categóricamente haber montado un esquema de captación piramidal con retornos del diez por ciento mensual en moneda extranjera. Por el contrario, la mujer aseguró que tanto ella como su entorno más íntimo fueron rehenes de una maniobra de usura extrema, coacciones sistemáticas y persecución callejera perpetrada por un grupo de prestamistas del circuito paralelo.

La causa penal, que cuenta al menos con cinco denuncias formales en trámite en los tribunales de Tigre a cargo del fiscal José Amallo y la coordinación de la fiscalía general encabezada por Diego Callegari y el fiscal Sebastián Fitipaldi, investiga maniobras defraudatorias que habrían perjudicado a inversores privados. Sin embargo, la estrategia de la defensa busca demostrar que la acusación original es una pantalla utilizada por financistas informales para cobrar montos siderales e ilícitos.

De la crisis comercial al laberinto de la usura

Durante su descargo, la empresaria detalló el momento exacto en que comenzaron las complicaciones económicas que la empujaron al mercado extrabancario. Según su testimonio, el declive se inició durante el último año debido a una combinación de factores personales y profesionales:

• Dificultades en el sector: La fuerte retracción en las operaciones inmobiliarias y el incremento de costos para la constructora familiar que administraba su esposo, Guillermo Versalovic.
• Problemas de salud intrafamiliares: Gastos imprevistos de alta complejidad médica y el reciente fallecimiento de su madre.
• Urgencia financiera: La necesidad inmediata de cubrir compromisos operativos corrientes sin poder esperar los extensos plazos y auditorías que exigen las entidades crediticias reguladas.

Frente a ese cuadro de vulnerabilidad, la titular de Norhouse admitió haber tomado un préstamo de dinero en dólares con intermediarios privados. Lo que inicialmente se planteó como una asistencia temporal se transformó rápidamente en una bola de nieve incontrolable: "Cometí el error de recurrir a prestamistas informales; pagué todo el capital y los intereses iniciales, pero empezaron a exigir sumas arbitrarias de cien, doscientos y hasta cuatrocientos dólares diarios bajo amenazas de muerte", afirmó.

La controversia por los famosos y la imagen empresarial

Uno de los elementos centrales que esgrimen los denunciantes en el expediente radica en la supuesta utilización de fotografías junto a figuras del espectáculo y personalidades públicas para generar una falsa apariencia de solvencia patrimonial. En los informes preliminares se mencionaba la presencia en eventos de celebridades como Carolina "Pampita" Ardohain, Mariano Iúdica, Ricardo Montaner y Marina Calabró.

Respecto a este punto, la imputada desmintió que se tratara de un ardid engañoso y aclaró la naturaleza de esos vínculos:

• Vínculos comerciales legítimos: La gran mayoría de los personajes públicos que acudían a sus reuniones corporativas eran clientes reales que compraron, vendieron o alquilaron residencias a través de la intermediación legal de la firma.
• Acciones publicitarias formales: Otras personalidades fueron contratadas bajo pautas de marketing tradicionales para la animación y conducción de fiestas de fin de año o aniversarios de la inmobiliaria.
• Vida social no corporativa: Ciertas imágenes difundidas pertenecían a su perfil personal de redes y correspondían a encuentros casuales en establecimientos gastronómicos, sin relación con el giro comercial del negocio.

De acuerdo con su postura, intentar transformar una trayectoria de más de una década en el rubro inmobiliario en una fachada fraudulenta carece de sustento objetivo, toda vez que las operaciones de compraventa en Nordelta involucran montos que superan el millón de dólares y cuentan con rigurosos controles de escribanías y consorcios vecinales.

Persecuciones, violencia y denuncias cruzadas

El relato de los presuntos aprietes incluye episodios de extrema tensión ocurridos en el interior de los barrios privados y sobre los corredores viales troncales de la localidad. Bulacio denunció que fue víctima de emboscadas, seguimientos vehiculares al estilo de una película de acción y presiones directas contra sus hijos:

• Encierro y pagarés en blanco: Afirma haber sido interceptada en una confitería céntrica por varios sujetos que le exigieron suscribir pagarés en blanco bajo la amenaza explícita de arruinar comercialmente su firma.
• Hostigamiento escolar: Denunció la presencia de desconocidos merodeando la institución educativa de su hija menor, situación que motivó pedidos formales ante la dirección del establecimiento.
• Persecución automovilística: Un presunto intento de colisión deliberada sobre la Avenida de los Lagos, la arteria principal que vertebra Nordelta, motivo por el cual solicitó formalmente el registro de las cámaras de seguridad a la Asociación Vecinal Nordelta (AVN).
• Intimidaciones al local de su hijo: Aprietes directos en el showroom de indumentaria que gestiona su hijo Conrado Versalovic, un estudiante de 24 años al que desvinculó de cualquier firma de contratos financieros.

En contraposición, los denunciantes aseguraron en sede judicial haber sido amedrentados por el cónyuge de la mujer, atribuyéndole una supuesta advertencia mafiosa donde afirmaba que quienes reclamaban deudas terminaban arrojados en bolsas al lecho del río. Esta versión fue descalificada de plano por la mujer, quien calificó la acusación como una fábula incomprobable ideada para tapar la usura.

La estrategia legal: los chats como prueba central

El abogado penalista Roberto Castillo, representante legal del grupo familiar, intervino en el debate para fundamentar por qué la acusación de estafa carece de coherencia técnica. Para el letrado, los propios mensajes de mensajería instantánea incorporados al expediente por los querellantes constituyen la principal prueba de descargo:

"Una víctima genuina de una estafa piramidal exige la devolución de su inversión original o de la rentabilidad prometida. Aquí no hay un solo reclamo de dividendos; lo que se lee en las capturas son exigencias extorsivas donde una deuda de 48.000 dólares salta a 60.000 de una semana a otra, con advertencias explícitas de que responden a una organización mafiosa", remarcó la defensa.

Entre los elementos aportados a la causa figuran registros de transferencias, la entrega en pago de un vehículo utilitario de alta gama que habría quedado en poder de los financistas y capturas donde se fijan plazos perentorios bajo apercibimiento de represalias físicas. Asimismo, el letrado sostuvo que un excandidato a concejal por el partido de Tigre sería uno de los nexos que acercó los fondos iniciales y que luego habría liderado la ofensiva de desprestigio mediante folletería y cadenas de mensajería vecinal.

La defensa solicitó al fiscal Cosme Iribarren que se avance de inmediato en el peritaje técnico y apertura de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos. Según los imputados, en la memoria de esos terminales móviles descansan los audios, videos y registros fotográficos que corroboran que no existió una defraudación colectiva, sino una trama de asfixia económica que terminó con una familia entera sentada en el banquillo judicial.