Un peritaje sobre las billeteras virtuales declaradas por Manuel Adorni reveló inconsistencias en montos, zonas horarias y operaciones simultáneas mientras posteaba estar de viaje, complicando su estrategia judicial ante la sospecha de fondos no declarados.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
Un exhaustivo informe técnico reveló serias contradicciones en las billeteras de criptomonedas declaradas por el funcionario para rectificar su patrimonio. - ¿Quiénes son los protagonistas?
El vocero Manuel Adorni, su abogado defensor Matías Ledesma y el especialista en trazabilidad blockchain Martín Romeo. - ¿Cuándo ocurrió?
Las operaciones bajo la lupa abarcan movimientos entre 2014 y 2018, contrastados con la rectificación jurada presentada recientemente en 2026. - ¿Dónde fue?
En los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de la causa que evalúa la evolución patrimonial del funcionario. - ¿Cómo se produjo?
Mediante el entrecruzamiento de datos de la cadena de bloques, horarios de transacciones, registros bancarios y publicaciones en redes sociales. - ¿Por qué es importante?
Porque desmorona la tesis de operaciones persona a persona y expone un incremento patrimonial 18 veces superior al declarado inicialmente. - ¿Qué consecuencias o investigación hay?
La justicia federal debe resolver si sostiene la acusación penal o si da lugar al cambio de carátula hacia infracción tributaria.
El informe técnico que pone en jaque la justificación de fondos
Un exhaustivo análisis forense sobre las operaciones en cadena de bloques aportadas por la defensa de Manuel Adorni arrojó inconsistencias determinantes en los saldos, los patrones de conexión y los métodos de adquisición alegados. La controversia cobró fuerza tras la rectificación patrimonial presentada formalmente en sede judicial, donde se consignó un patrimonio 18 veces superior (un salto patrimonial del 1800%) al informado al momento de asumir formalmente como funcionario público en diciembre de 2023, cuando había consignado cerca de 25 millones de pesos.
De acuerdo con el relevamiento pericial expuesto por el especialista Martín Romeo, la pretensión de justificar el origen de los fondos a través de tenencias tempranas en Bitcoin tropieza con barreras analíticas y documentales directas. Los puntos centrales del dictamen técnico desarticulan los dos pilares sobre los cuales se estructuró el descargo: la imposibilidad de identificar contrapartes y la supuesta realización de operaciones exclusivamente personales en efectivo ante la falta de exchanges locales en el período investigado.
Contradicciones temporales y geográficas de las operaciones
La defensa técnica, encabezada por el letrado Matías Ledesma, sostuvo en su escrito que las compras de criptoactivos se efectuaron de manera presencial mediante la entrega de dinero en efectivo en lugares públicos del mercado local. Sin embargo, la auditoría informática detectó fisuras insalvables al cotejar la huella temporal de las transacciones con la actividad pública del funcionario:
- Cruces de geolocalización: Al menos una de las transferencias clave acreditadas como un intercambio presencial en efectivo en territorio argentino coincide de manera exacta con publicaciones y metadatos del propio investigado registrando un viaje de compras en Chile.
- Uso de plataformas centralizadas: Frente a la afirmación de que no intervinieron entidades financieras ni intermediarios formales, la trazabilidad constató que 4 de las 20 operaciones auditadas se realizaron de manera directa contra plataformas y bancos digitales sujetos a registros identificatorios.
- Desfasaje horario: El 70% de los movimientos en las cadenas analizadas se ejecutó en franjas que no guardan relación con el mercado argentino habitual (madrugadas de fines de semana entre la 1:00 y las 4:00 AM), patrón representativo de plazas operativas de Asia o Europa.
Diferencias de saldo y monedas no declaradas
El arqueo matemático de las ocho billeteras virtuales atribuidas a la operatoria arrojó divergencias numéricas sustanciales. Frente a la suma informada por la defensa de 591.544 dólares, la reconstrucción directa de los libros contables públicos de la red totalizó un monto aproximado de 520.000 dólares, lo que expone un faltante de justificación de más de 60.000 dólares en activos verificables.
Asimismo, los peritajes detallaron que las cuentas registraron dividendos y ramificaciones operativas en bifurcaciones como Bitcoin Cash y Bitcoin Gold, activos que no fueron detallados en el escrito presentado al juzgado. Para los especialistas, la adquisición en bloque de 40 Bitcoin (valuados en cerca de 108.000 dólares en 2017) implicaba el compromiso de más del 90% de la liquidez declarada por el solicitante en ese ciclo fiscal, escenario incompatible con declaraciones públicas previas donde manifestaba desconocimiento técnico elemental sobre el funcionamiento de las finanzas digitales.
La disputa por la calificación judicial
El escenario de fondo radica en la pulseada procesal ante la Fiscalía Federal. Mientras la investigación preliminar indaga delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales —figuras de gravedad con penas de prisión efectiva—, el objetivo de la defensa apunta a reconducir el expediente hacia la figura de evasión tributaria, infracción que se salda con sanciones de carácter monetario.
Para convalidar una justificación patrimonial, el Ministerio Público exige cuatro parámetros: que sea verosímil, que posea comprobabilidad material, que acredite fondos de origen lícito y que guarde estricta proporcionalidad. Con los datos incorporados en la última semana, analistas y querellantes sostienen que el requerimiento fiscal dista de haber quedado subsanado.
