Con las calzadas destruidas y la promesa de automatización, cruzar el puente Chaco-Corrientes sube a $1.800. Los usuarios denuncian una descarada recaudación sin obras ni seguridad mientras avanza el deterioro vial.

La paradoja del cobro implacable y el abandono estructural

La paciencia de quienes transitan a diario las rutas del nordeste argentino se encuentra al límite. Mientras las autoridades anuncian con bombos y platillos la modernización tecnológica y la llegada del sistema de tótems de lectura automática Telepase en las cabinas del Puente General Manuel Belgrano, la realidad cotidiana de los conductores choca de frente contra el pavimento destruido, la falta de banquinas y un riesgo de muerte constante. A partir de octubre de 2026, la tarifa básica para cruzar el viaducto interprovincial entre Chaco y Corrientes sufre un nuevo incremento, saltando de $1.500 a $1.800 para los automóviles particulares y vehículos de categoría liviana, réplica que también impacta de lleno en la estación de Makallé sobre la Ruta Nacional 16.

Lejos de traducirse en mejoras visibles, señalización adecuada o iluminación confiable, cada ajuste tarifario profundiza la indignación de miles de familias, trabajadores y transportistas. La queja comunitaria no es un mero capricho de bolsillo: es el reclamo visceral del ciudadano que aporta fortunas a través del impuesto a los combustibles en cada carga y que, sin embargo, debe pagar para transitar por verdaderas trampas mortales de asfalto y tierra desgranada, donde las promesas de mantenimiento parecen esfumarse en los balances burocráticos de las concesionarias estatales.

El nuevo sistema Telepase: ¿agilidad o cerrojo recaudatorio?

El plan trazado por la empresa estatal Corredores Viales S.A. contempla la transformación casi total de la plaza de peaje situada sobre la cabecera chaqueña del viaducto. De las aproximadamente diez cabinas operativas tradicionales con atención personalizada que funcionan en la actualidad, el proyecto establece el desmantelamiento de la mayoría de las vías manuales para dar paso a arcos y postes electrónicos dotados de cámaras lectoras y antenas de radiofrecuencia. De acuerdo con el esquema previsto:

• Oblea y débito directo: Los propietarios de rodados deberán gestionar obligatoriamente la oblea adhesiva en el parabrisas y asociar su dominio a tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.
• Reducción de personal de cobro: Se prevé dejar apenas una cabina manual para atender a los conductores no adheridos, lo que provocará cuellos de botella monumentales para viajeros ocasionales o turistas.
• Tarifa disuasoria: Aquellos automovilistas que intenten franquear el paso sin el dispositivo adherido enfrentarán recargos sustanciales o multas administrativas, obligando por la vía del hecho a la bancarización obligatoria del tránsito.
• Incertidumbre laboral: El traspaso hacia la telemetría pone en estado de alerta a los trabajadores de cabina, cuyos puestos se ven amenazados bajo la premisa de una eficiencia que nunca llega a la cinta asfáltica.

Rutas en ruinas y el drama de pagar para arriesgar la vida

El contraste entre la voracidad fiscal y la negligencia operativa resulta insostenible. En distintos tramos estratégicos del norte y de las conexiones patagónicas y del Litoral, la escena es desoladora: camiones de gran porte y vehículos menores se ven obligados a circular a paso de hombre, costeando cráteres gigantescos sobre calzadas reducidas a ripio deshecho y nubes de polvo. En la región, el Puente General Belgrano arrastra más de medio siglo de explotación ininterrumpida sin que se materialice la postergada obra del segundo puente, mientras los siniestros viales se cobran vidas con regularidad exasperante.

La consigna que repiten los usuarios en las redes sociales y en las estaciones de servicio es terminante: se llevan toda la plata de los impuestos y dejan morir a la gente en las rutas. La indignación ciudadana expone que mientras el Estado perfecciona sus herramientas digitales para debitar tarifas en milisegundos sin barrera humana, tarda años o décadas en tapar un bache, desmalezar las banquinas o reparar las defensas metálicas de seguridad quebradas tras cada choque.

Del cruce de 24 horas al fantasma del peaje a $3.000

La escalada de costos no parece tener techo en el corto plazo. Entre los proyectos de reestructuración y nuevas licitaciones impulsados desde la órbita de Vialidad Nacional, ya se baraja la eliminación definitiva del beneficio histórico del pase diario de 24 horas —que permitía ida y vuelta con un solo pago dentro del día—, anticipando un escenario donde la tarifa unitaria podría superar rápidamente la barrera de los $3.000. Para los miles de estudiantes chaqueños que cursan en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en Corrientes y para los profesionales y comerciantes que cruzan dos o tres veces por jornada, la medida constituye un golpe confiscatorio a la economía doméstica.

Frente a esta situación, organizaciones de usuarios viales y colegios profesionales han reiterado que el cobro de peaje en rutas no desdobladas o carentes de vías alternativas asfaltadas y seguras roza la inconstitucionalidad, violando el principio de libre circulación consagrado en la Constitución Nacional. La exigencia es unánime: no puede haber incremento tarifario ni imposición de tecnologías automáticas sin la previa entrega de caminos transitables, iluminados y seguros.