Escuchas telefónicas revelan que Lázaro Báez administra bienes embargados y cobra alquileres millonarios desde el penal de Ezeiza. La Fiscalía Federal de Río Gallegos formalizó imputaciones contra el empresario y su entorno por lavado de activos y asociación ilícita.

Una nueva investigación judicial sacude el tablero político y penitenciario argentino tras la difusión de una serie de escuchas telefónicas que comprometen directamente a Lázaro Báez. Los registros sonoros demuestran que el empresario santacruceño, condenado en la causa Vialidad, continúa ejerciendo el control operativo y financiero sobre estancias y empresas que se encuentran formalmente embargadas y bajo pedido de decomiso por parte de la Justicia.

Las grabaciones, originadas en llamadas realizadas desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, exponen una estructura paralela de administración de bienes en la Patagonia. En las conversaciones, Báez utiliza códigos familiares para impartir directivas precisas sobre contrataciones, cobros de arrendamientos y disputas internas por el manejo de los fondos.

La "Operación Tío" y el rol del entorno cercano

El expediente, impulsado por el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, lleva el nombre de "Operación Tío" en alusión al apodo con el que se identifica al propio Báez dentro de la organización. Tras una audiencia de formalización que se extendió durante cinco horas, el Ministerio Público Fiscal imputó al empresario y a otras cinco personas por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, manejos fraudulentos y presuntos nexos con una red narcocriminal.

Dentro del esquema investigado, las escuchas revelan tensiones entre los distintos actores que operan en libertad bajo las órdenes del detenido:

• "El Tío" (Lázaro Báez): Hablando frecuentemente en tercera persona, supervisa cada movimiento financiero, exige reportes presenciales cada quince días y amenaza con desplazar a quienes desobedezcan sus instrucciones.
• "La Tía" (Claudia Insaurralde): Pareja del empresario, señalada en la causa por gestionar reuniones, autorizar el uso de recursos como canteras en El Calafate y exigir pagos adelantados por la explotación de campos.
• Cristian Ibáñez: Identificado por los investigadores como presunto testaferro y apoderado, actúa como nexo operativo directo entre las órdenes emitidas desde Ezeiza y los administradores en el territorio patagónico.

En uno de los pasajes más elocuentes de las intervenciones telefónicas, Báez advierte sobre conflictos de autoridad con su pareja respecto a la designación de encargados en los establecimientos rurales. "La tía piensa que porque pone la gente que ella quiere después va a hacer lo que ella quiere", señala el empresario en la comunicación, dejando en claro que la última palabra sobre el destino económico de las propiedades sigue recayendo exclusivamente sobre él.

Cifras millonarias sobre bienes embargados

La gravedad institucional del caso radica en que las propiedades explotadas comercialmente no deberían generar ingresos privados. Se trata de activos sobre los cuales pesa una inhibición general de bienes y un reclamo específico de decomiso solicitado por el fiscal Diego Luciani para resarcir al Estado por la defraudación comprobada en la obra pública.

Sin embargo, los procedimientos judiciales permitieron incautar cerca de 20 documentos y cuadernos manuscritos —entre ellos, anotaciones en libretas de tapa blanda marca Gloria— tanto en la celda de Báez en Ezeiza como en domicilios vinculados a su entorno. Esta documentación contable informal detalla el flujo de dinero negro que seguía circulando:

• Alquileres clandestinos: Los registros acreditan el cobro de al menos 80 millones de pesos por el arrendamiento de una sola estancia, sumados a ingresos mensuales detallados que superan los 14 millones de pesos por el resto de los campos.
• Estancias en disputa: Las conversaciones hacen referencia explícita al manejo de los establecimientos rurales "La Entrerriana" y "Alquinta", unidades productivas que continúan operando con proveedores y facturación activa.
• Estructura de "El Clan": Uno de los manuscritos secuestrados al propio Báez contiene un organigrama titulado "El Clan", donde se especifica el nombre de cada integrante de la red, las propiedades asignadas y las tareas de recaudación correspondientes.

El control de las comunicaciones en prisión

Más allá del trasfondo patrimonial, la filtración de los audios puso bajo la lupa los protocolos de seguridad del Servicio Penitenciario Federal. Según se desprende de la investigación judicial, Lázaro Báez operaba desde su lugar de reclusión utilizando dos líneas de telefonía celular que le permitían mantener contacto fluido y sin restricciones aparentes con sus operadores externos.

En los registros auditivos se percibe incluso cómo las llamadas son transferidas directamente hacia el interno como si se tratara de una oficina comercial, evidenciando una logística de secretaría externa que facilitaba la triangulación de las comunicaciones. Asimismo, los cuadernos atribuibles a Claudia Insaurralde, fechados tan recientemente como el 5 de noviembre de 2026, confirman rendimientos económicos de la firma Austral Agro y gestiones vinculadas a la explotación de recursos en la zona de El Calafate, actividades que debían encontrarse bajo estricta custodia judicial.

Con la formalización de las imputaciones en Río Gallegos, la Justicia Federal busca ahora desarticular definitivamente la red de recaudación paralela, determinar las responsabilidades administrativas por la falta de control sobre los bienes cautelados y esclarecer cómo se garantizó el acceso irrestricto a las comunicaciones dentro del penal de Ezeiza.