El proyecto de Presupuesto 2027 propone desregular el Nomenclador de Prestaciones Básicas y endurecer el acceso a pensiones no contributivas. La actriz Valentina Bassi advirtió que las obras sociales podrán restringir coberturas y terapias esenciales.

La desregulación del Nomenclador Único: el fin de un piso igualitario

El envío del proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso de la Nación desató un enérgico rechazo en el sector de la salud y entre colectivos de familias vinculadas a la discapacidad. La iniciativa gubernamental plantea una transformación profunda en el régimen de la Ley 24.901 de Prestaciones Básicas, una normativa sancionada en 1997 que rigió durante casi tres décadas como modelo de inclusión y amparo integral en América Latina. El punto neurálgico de la controversia se sitúa en la eliminación del Nomenclador Único de carácter universal, reemplazándolo por un esquema donde cada agente financiador (obras sociales nacionales, provinciales y empresas de medicina prepaga) podrá establecer condiciones arancelarias y valores diferenciados.

La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo y activa difusora de los derechos del sector, alertó sobre las consecuencias prácticas de esta modificación normativa durante una serie de intervenciones públicas y entrevistas periodísticas: "El nomenclador único es la esencia de la ley; si se quita su universalidad, cada obra social y cada prepaga va a poder fijar qué valor y qué terapias van a querer ofrecerte y aprobarte para tu hijo". La artista remarcó que el nomenclador no constituye un haber salarial convencional, sino el arancel base que permite solventar los costos operativos de las escuelas de educación especial, los comedores institucionales, los sueldos de los equipos interdisciplinarios y la logística del transporte adaptado.

El Presupuesto 2027 plantea reemplazar las pensiones no contributivas por discapacidad por un esquema de pensión por invalidez laboral

 

Hasta el momento, la regulación estatal garantizaba que una entidad sindical pequeña y una compañía privada de primer nivel abonaran exactamente el mismo piso arancelario por módulo de atención. Con la eventual descentralización de aranceles, se teme una segmentación extrema del sistema donde los prestadores prioricen a los afiliados de mayores recursos o dejen de atender por convenios de seguridad social, replicando el modelo de atención particular exclusiva que ya aqueja a especialidades como la odontología y la salud mental ambulatoria.

El desfinanciamiento operativo y la crisis del transporte especializado

El reclamo del sector no solo se enfoca en el futuro marco normativo, sino en el deterioro presente que atraviesan los servicios terapéuticos. Durante el último año, el incremento generalizado de precios generó un desfase insostenible entre los valores reconocidos por el Estado y los costos reales de prestación. Instituciones de rehabilitación, centros de día y hogares terapéuticos advierten que los aranceles fijados no alcanzan para cubrir el pago de sueldos profesionales, cargas sociales ni insumos esenciales.

Uno de los eslabones más perjudicados es el servicio de transporte adaptado para personas con movilidad reducida. Los transportistas denuncian demoras crónicas de hasta noventa días en las cadenas de pago y liquidaciones por kilómetro recorrido que resultan insuficientes para afrontar la renovación de cubiertas, el combustible y las pólizas de seguro comercial. Como consecuencia directa, numerosos transportistas abandonan la actividad para dedicarse a la logística de cargas generales, dejando a cientos de personas con discapacidad sin la posibilidad material de trasladarse cotidianamente a sus terapias y talleres pedagógicos.

Bassi ilustró la angustia que genera este quiebre de la cadena asistencial: "Los transportistas se están yendo a trabajar a otros rubros y las personas con discapacidad se quedan sin movilidad para ir a las terapias; y las familias nos enloquecemos". A su vez, los terapeutas independientes sufren una precarización constante que empuja a profesionales calificados en fonoaudiología, terapia ocupacional y kinesiología fuera del sistema de atención pública y de obras sociales.

El rol del Fondo Solidario y el impacto del mercado laboral

En el plano del financiamiento global, la actriz y los especialistas desmitificaron la creencia de que el sistema de prestaciones represente una carga desmedida para las arcas directas del Tesoro Nacional. De acuerdo con información brindada por el Poder Ejecutivo, el Estado solventa de manera directa solo el 16,6% del total de las prestaciones mediante el programa Incluir Salud, destinado a beneficiarios de pensiones no contributivas sin cobertura formal. El 83,4% restante es canalizado y absorbido por las obras sociales y prepagas a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

Este fondo compensador se conforma a partir de los aportes y contribuciones de la masa de trabajadores formales registrados, destinando un porcentaje de la recaudación para financiar de manera solidaria tratamientos de alto costo y baja frecuencia, tales como abordajes oncológicos, trasplantes de órganos y tratamientos integrales de discapacidad. Sin embargo, la contracción del empleo registrado debilita directamente esta estructura de reparto:

• Deterioro de aportes formales: la pérdida neta de puestos asalariados en blanco reduce los ingresos al fondo compensador y debilita la capacidad de cobertura de las obras sociales sindicales.
• Presión de las prepagas: entidades de medicina privada impulsan la desregulación para retener mayores porcentajes de recaudación sin la obligación de brindar cobertura total en módulos de rehabilitación y escolaridad especial.
• Vulnerabilidad de las familias: la interrupción de un contrato laboral no solo priva a un hogar de su ingreso salarial, sino que deja a los hijos con discapacidad sin la cobertura de tratamientos cuyo valor de mercado particular asciende a millones de pesos mensuales.

Pensiones no contributivas: el retroceso en la integración laboral

Otro de los capítulos más cuestionados del articulado propuesto para 2027 radica en las modificaciones sobre las pensiones no contributivas y la validez operativa del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El proyecto deroga pautas establecidas en la ley de emergencia y restablece el concepto restrictivo de "invalidez laboral total y permanente" como requisito excluyente para percibir el estipendio económico y acceder a la cobertura médica estatal.

Bajo la normativa vigente, el poseedor del CUD conservaba la asistencia médica del programa Incluir Salud siempre que sus ingresos laborales no superaran los dos salarios mínimos. Con la modificación proyectada, toda persona con discapacidad que obtenga un empleo en relación de dependencia o se inscriba en el régimen de monotributo perdería automáticamente el beneficio previsional y la tutela sanitaria garantizada por el Estado:

• Freno a la inserción laboral: en lugar de fomentar el cumplimiento del cupo laboral del 4% en el ámbito público y privado, la norma actúa como un desincentivo, empujando a los trabajadores a la informalidad para no perder su derecho a medicación y prótesis.
• Indefensión de la niñez: la definición del beneficio ligada estrictamente a la incapacidad laboral introduce un vacío de cobertura para menores de edad en situación de indigencia, dado que un niño no participa del circuito productivo.
• Pérdida de continuidad terapéutica: pacientes con diagnósticos crónicos complejos, como parálisis cerebral o epilepsia refractaria, quedan expuestos al desabastecimiento de fármacos anticonvulsivos si sus progenitores no cuentan con trabajo registrado.

El debate parlamentario como última barrera de contención

La presentación del Presupuesto 2027 marca el inicio de un intenso debate en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados. Diversos bloques legislativos han adelantado reparos ante las reformas propuestas en materia de discapacidad, remarcando que cualquier ajuste sobre prestaciones esenciales vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Para las organizaciones no gubernamentales, colegios de profesionales y redes familiares, el Nomenclador Único constituye una conquista histórica indelegable. Reclaman a los legisladores frenar la fragmentación del sistema asistencial y garantizar una partida presupuestaria que devuelva la sostenibilidad a prestadores, terapeutas e instituciones, preservando el derecho universal a una vida digna.