Un relevamiento en asentamientos expone la asfixia económica de familias que piden prestado para subsistir, mientras la Legislatura porteña aprobó por unanimidad una ley que frena el acoso de cobranzas.

La asfixia silenciosa: pedir prestado para garantizar la comida

La subsistencia diaria en los sectores de mayor vulnerabilidad social atraviesa uno de sus momentos más críticos en las últimas décadas. En el entramado de los asentamientos y barrios populares de la Argentina, la necesidad inmediata ya no se vincula a la adquisición de bienes durables como electrodomésticos o mejoras habitacionales, sino a la urgencia impostergable de garantizar al menos una comida al día para los integrantes del hogar.

De acuerdo con relevamientos demográficos y económicos recientes, en el país existen cerca de 20 millones de personas que enfrentan compromisos financieros destinados a cubrir consumos esenciales, de las cuales 6 millones ya se encuentran en situación de mora con pagos atrasados. En estos sectores marginados del crédito formal, la imposibilidad de calificar para una tarjeta bancaria tradicional o un préstamo en billeteras virtuales traslada la desesperación hacia el circuito informal.

En el barrio 21-24, ubicado en el barrio porteño de Barracas —un asentamiento de 80 manzanas y casi 100.000 habitantes—, la cotidianidad está marcada por el endeudamiento de subsistencia: el fiado en la panadería por un kilo de pan, el pedido de alitas de pollo o cortes económicos en la carnicería vecinal y los atrasos reiterados en el pago del alquiler, que en muchos casos absorbe más que el ingreso mensual total de las familias.

Datos duros de los barrios populares en todo el país

Un estudio integral llevado adelante por el Centro de Integración Sociourbana en asentamientos de todo el territorio argentino arrojó métricas contundentes sobre el grado de exposición financiera al que están sometidos los hogares de menores recursos:

• Alcance del endeudamiento: 4 de cada 5 hogares en los barrios populares mantienen deudas activas impagas.
• Destino primordial: El 45% de los endeudados recurrió a préstamos o créditos exclusivamente para adquirir alimentos cotidianos.
• Brecha entre ingresos y pasivos: La deuda promedio por grupo familiar asciende a 2.300.000 pesos, mientras que el ingreso mensual promedio por núcleo familiar se ubica en torno a 1.100.000 pesos.
• Carga sobre los ingresos: Más del 50% de los hogares destina entre el 40% y el 60% de sus ingresos mensuales exclusivamente a pagar vencimientos e intereses de deudas pasadas.
• Demografía joven: En zonas como el barrio 21-24, el 43% de la población tiene menos de 19 años y solo el 22% supera los 60 años, evidenciando una fuerte carga de menores a cargo en hogares monoparentales.

Este escenario desmitifica el prejuicio de la inactividad: en la enorme mayoría de estos hogares, las parejas y jefes de familia trabajan diariamente en empleos informales, tareas de cuidado o changas eventuales. Sin embargo, aun con dos ingresos combinados, el poder de compra no alcanza a cubrir la canasta de alimentos, forzando a recurrir al auxilio de los comedores comunitarios para complementar la dieta diaria.

La trampa de la usura barrial y la extorsión informal

Al encontrarse excluidas del sistema financiero regulado por el Banco Central, las familias recurren a prestamistas barriales que cobran tasas usurarias difíciles de sostener. En los testimonios relevados en el terreno, es frecuente que préstamos iniciales de 350.000 pesos dupliquen su valor a 700.000 pesos en plazos extremadamente breves.

A la presión del dinero adeudado se suma el factor intimidatorio. En muchos asentamientos, las redes de prestamistas están vinculadas a grupos delictivos locales, quienes implementan métodos de cobro violento a través de llamadas insistentes, amenazas directas a los familiares o mensajes intimidantes a cualquier hora del día. Esta situación genera un cuadro de estrés y angustia psicológica constante en personas que deben elegir entre pagar una cuota o dar de comer a sus hijos.

Casos como el de Raquel, vecina de 42 años a cargo de cinco hijos propios y dos sobrinos huérfanos, grafican el problema: con un ingreso asistencial de 450.000 pesos mensuales debe afrontar un canon de alquiler de 500.000 pesos, arrastra cuatro meses de mora y se encuentra al borde del desalojo, sobreviviendo exclusivamente gracias a las raciones de ollas populares barriales.

Freno legal: la Legislatura porteña reguló a los cobradores

Frente a la multiplicación de denuncias por abusos y presiones desmedidas, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad un proyecto de ley impulsado por el legislador Leandro Santoro que impone restricciones severas a las agencias de recupero crediticio y cobranzas extrajudiciales.

La nueva normativa establece pautas obligatorias para proteger la integridad psíquica y la privacidad de los deudores:

• Registro oficial y obligatorio: Los bancos, casas de crédito y entidades financieras deberán contratar únicamente a agencias de cobranza habilitadas y formalmente inscriptas.
• Responsabilidad profesional: Cada agencia deberá contar con un abogado matriculado responsable que pondrá en juego su matrícula profesional ante posibles incumplimientos o excesos procesales.
• Tope de comunicaciones: Queda prohibido llamar al deudor más de una vez por día en caso de haber establecido contacto, y no se podrán superar las dos llamadas por semana bajo ninguna circunstancia.
• Prohibición absoluta de hostigamiento: Se prohíbe el contacto a lugares de trabajo, exparejas, familiares o empleadores, así como la emisión de falsas cédulas de notificación judicial o advertencias intimidatorias sin respaldo procesal.

La ley sancionada busca brindar herramientas directas para frenar la violencia y la extorsión cotidiana sobre familias que, antes que especular, buscan alternativas elementales para salir del ahogo de la deuda y garantizar el plato de comida en sus mesas.