La Justicia federal levantó el secreto fiscal sobre María Soledad Calle y el líder metalúrgico Abel Furlán tras detectarse la compra de inmuebles de lujo y comisiones millonarias administradas por una empresa privada.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
El juez Julián Ercolini levantó el secreto bancario y fiscal sobre la dirigente María Soledad Calle y el titular de la UOM, Abel Furlán. - ¿Quiénes son los investigados?
María Soledad Calle, Abel Furlán y las autoridades de la firma fiduciaria USEM vinculadas al sindicato metalúrgico. - ¿Cuándo avanzó la causa?
A partir de medidas judiciales urgentes dictadas en septiembre de 2026 tras las denuncias presentadas por listas opositoras del gremio. - ¿Dónde se originó el entramado?
En la seccional Campana y la sede central de la UOM, con ramificaciones patrimoniales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y barrios cerrados bonaerenses. - ¿Cómo operaba el presunto desvío?
Crearon una empresa intermediaria (USEM) para cobrar comisiones fijas sobre aportes sindicales y fondos de la obra social médica. - ¿Por qué es importante?
Revela un crecimiento patrimonial desmedido mientras los afiliados sufrían suspensiones en coberturas médicas básicas y paritarias congeladas. - ¿Qué consecuencias o investigaciones hay?
Rige una intervención judicial sobre el gremio, peritajes patrimoniales en curso y denuncias penales por amenazas armadas a dirigentes denunciantes.
Un exhaustivo requerimiento penal a cargo del juez federal Julián Ercolini desató una profunda conmoción dentro de la estructura directiva de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La causa se focaliza en dilucidar los mecanismos a través de los cuales María Soledad Calle, estrecha colaboradora técnica y política del referente metalúrgico Abel Furlán, pasó de residir en una vivienda prefabricada en los suburbios de Campana a consolidar un cuantioso patrimonio inmobiliario que incluye propiedades en barrios privados y un departamento ubicado en la emblemática calle San José 1111, exactamente en el mismo edificio donde cumple condena judicial Cristina Fernández de Kirchner.
La investigación dio un paso decisivo al ordenarse el levantamiento inmediato del secreto bancario y tributario sobre Calle, Furlán y las entidades jurídicas intervinientes. La sospecha principal de los investigadores sostiene que la dirigente se encontraba simultáneamente sentada a ambos lados del mostrador, desempeñando funciones directivas dentro del gremio mientras paralelamente figuraba como directora suplente de USEM, una controvertida firma creada hacia finales de 2022 que comenzó a cobrar lucrativos porcentajes por la gestión de fondos pertenecientes a los trabajadores afiliados.
El mecanismo USEM: comisiones millonarias y fondos de salud en jaque
De acuerdo con la presentación efectuada por afiliados y delegados opositores encabezados por Gerardo Cánepa, el convenio rubricado entre la cúpula sindical y la firma USEM le garantizó a esta última una retribución mensual automática del 0,5% sobre la totalidad de los aportes sindicales y asistenciales. Este esquema canalizaba sumas de dinero colosales hacia cuentas de administración fiduciaria:
- Alrededor de 100 millones de pesos mensuales provenientes de la recaudación de la cuota sindical de los trabajadores metalúrgicos.
- Entre 150 y 200 millones de pesos mensuales detraídos de las partidas exclusivas del fondo de la obra social médica (OSUOMRA).
- Retribuciones fijas cobradas mientras el gremio atravesó un período de 24 meses consecutivos sin sellar paritarias para recomponer el poder adquisitivo de los operarios de planta.
Las consecuencias directas de esta derivación de caudales repercutieron de lleno en los centros de atención médica de la entidad. Los testimonios incorporados al expediente describen una situación de desamparo sanitario para las familias metalúrgicas: ausencias prolongadas de especialistas en pediatría en policonsultorios zonales y demoras de hasta un año para autorizar prótesis traumatológicas e insumos quirúrgicos esenciales. Muchos trabajadores, ante la falta de intervenciones médicas a tiempo, agotaron sus licencias por enfermedad y quedaron en situación de reserva de puesto laboral sin goce de haberes.
De una vivienda prefabricada al lujo en exclusivos barrios privados
La evolución patrimonial de Calle constituye uno de los ejes periciales más documentados de la pesquisa. Durante la década de 1990 y principios de la década de 2000, su núcleo familiar alquilaba una casa modesta en el barrio Ariel del Plata, en la periferia de Campana. Tiempo después, convivió junto a su expareja en una prefabricada erigida en los fondos del terreno de sus suegros sobre la calle Bertolini, dirección que aún mantenía registrada en los padrones al momento de constituirse formalmente la empresa fiduciaria investigada.
Conforme avanzó su proyección en el espacio político partidario y dentro de las comisiones del sindicato metalúrgico, los registros de dominio de la propiedad inmueble reflejaron un incremento acelerado de bienes a su nombre:
- Adquisición de una propiedad residencial en el exclusivo barrio cerrado Sofitel Cardales.
- Construcción de una vivienda particular aledaña al nuevo edificio gremial de la seccional Campana.
- Compra de un piso exclusivo en San José 1111 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Designación como representante del gremio en organismos internacionales pese a no haber registrado desempeño previo como delegada de base ni trabajadora de planta en fábricas de manufactura siderúrgica o metalúrgica.
Denuncias por aprietes armados y crisis electoral gremial
El escenario institucional de la seccional se tornó crítico tras la impugnación de los comicios internos y la consecuente intervención judicial sobre la conducción sindical. Delegados que promovieron la denuncia penal declararon ante la fiscalía haber sido blanco de hostigamientos y amedrentamientos con armas de fuego en sus locales de campaña partidaria por parte de grupos de choque que les exigían cesar los cuestionamientos contra Furlán.
Los letrados de las partes denunciantes esperan que, con el cruce de los datos impositivos y la trazabilidad financiera de los dividendos canalizados mediante USEM, la Justicia penal determine el origen exacto de los fondos volcados a compras inmobiliarias de gran escala y deslinde las responsabilidades penales de quienes administraron los recursos societarios de una de las entidades gremiales más históricas del país.
