Las empresas concesionarias de peajes eliminarán el cobro manual en los próximos 30 días, exigiendo el uso exclusivo de Telepase. Quienes no cuenten con este sistema electrónico o enfrenten problemas de pago se exponen a severas multas automáticas y procesos judiciales, mientras que los trabajadores restantes temen inminentes despidos masivos.

El fin del dinero físico en las rutas: La exclusividad del Telepase

La modalidad de transitar por las rutas argentinas se encamina hacia un drástico cambio que golpeará directamente los bolsillos de los conductores y las fuentes de trabajo del sector. En los próximos 30 días, entrará en vigencia una nueva disposición comercial que obligará a todos los vehículos a abonar las tarifas de peaje mediante el sistema electrónico Telepase, erradicando por completo el tradicional pago en efectivo. Esta medida, que ya es moneda corriente en la Ciudad de Buenos Aires y sus accesos, se extenderá implacablemente hacia el norte de la Argentina y el interior del país, zonas donde históricamente los usuarios acostumbraban a abonar en moneda física.

Según el informe recabado por CiberPeriodismo, el costo actual de la tarifa mínima para un automóvil particular ronda los 1500 pesos. En el pasado, existía un incentivo económico para aquellos que decidían adherirse al Telepase, cobrando tarifas diferenciales más bajas para promover la descarga de la aplicación y la bancarización del paso. Sin embargo, ese beneficio ha desaparecido: hoy en día, el valor es exactamente el mismo sin importar el método de pago utilizado, sentando las bases para esta transición obligatoria.

Multas automáticas y riesgo de juicios para usuarios no adheridos

El aspecto más controversial de esta inminente política recae sobre la forma en que se sancionará a los conductores que no posean el dispositivo o que carezcan de los medios financieros para vincularlo a una cuenta. El sistema requerirá que el usuario conecte su oblea a una tarjeta de crédito, tarjeta de débito o billetera virtual (como Mercado Pago) para realizar el débito automático en cada pasada.

Al eliminarse el personal manual en las cabinas, se prevé la remoción física de las barreras de contención para evitar la congestión vehicular de aquellos autos que no sean leídos por el sistema. El flujo vehicular continuará de forma ininterrumpida, pero las cámaras registrarán la patente. Si el conductor pasa por un puesto de peaje sin contar con el Telepase, el sistema generará automáticamente una multa económica severa.

Esta dinámica plantea un escenario judicial altamente perjudicial para el sector trabajador. Se advierte que una vasta cantidad de conductores argentinos opta por el uso de efectivo debido a su alto nivel de endeudamiento o a la imposibilidad de acceder a tarjetas de crédito bancarias. Al no poder evitar el tránsito por estas rutas concesionadas, estos usuarios acumularán rápidamente multas, las cuales serán gestionadas por los estudios jurídicos de las empresas concesionarias. "Si no pueden pagar la multa, se vienen las cuestiones legales", advierte el periodista José Viñuela, alertando incluso sobre el riesgo de embargos vehiculares si los montos escalan sin control.

El impacto laboral: Inminentes despidos masivos

El avance hacia la automatización y el cobro 100% digital trae aparejada una devastadora consecuencia social. Con la eliminación del cobro en efectivo, la función de los cajeros en las garitas de las rutas dejará de existir. Según fuentes consultadas, se espera que en el transcurso del próximo mes, las empresas despidan a la totalidad de los trabajadores que aún permanecen operando de manera manual.

Este nuevo ajuste profundiza la crisis del sector, ya que anteriormente se habían registrado tandas de desvinculaciones progresivas en varios puntos del país. Los empleados manifestaron su profunda preocupación frente al futuro de sus familias, en medio de un contexto de recesión económica que dificulta enormemente la reinserción en el mercado laboral formal.

Falta de obligaciones y pérdida de derechos del consumidor

Otra de las críticas centrales que se abordan en el informe es la presunta falta de contraprestaciones reales por parte de las empresas que administran los peajes. Especialistas en seguridad vial consultados en el reporte aseguran que estas firmas recaudadoras no tienen ninguna obligación contractual directa sobre el mantenimiento de la traza. Tareas básicas como el bacheo profundo o el arreglo de la calzada muchas veces quedan supeditadas a fondos o intervenciones previas del propio Estado Nacional antes de ceder el "negocio".

A esta situación se le suma un grave retroceso en los derechos históricos de los usuarios. Años atrás, regía una normativa que protegía al conductor frente a las demoras excesivas: si el usuario llegaba a la cabina y debía aguardar más de 3 minutos en la fila, se procedía a levantar la barrera y se le eximía del pago del peaje. Esta cláusula, que buscaba castigar la ineficiencia de la empresa y asegurar la fluidez del tránsito, fue eliminada durante la administración del expresidente Mauricio Macri. Hoy, los conductores pueden verse obligados a soportar demoras de hasta 40 minutos en un embotellamiento y, aun así, la tarifa les será debitada implacablemente al momento de cruzar los sensores.