En la carta de renuncia dirigida a las autoridades de la institución, el médico, en desacuerdo con la decisión del Ejecutivo provincial, sostuvo que desaconsejó la interrupción del embarazo “por cuanto el feto –de acuerdo a su edad gestacional– tenía altísimo riesgo de morir en caso de ser separado del seno materno”. Y señaló que “es unánime la bibliografía en establecer que un feto con peso inferior a los 1000 gramos y con edad gestacional menor a 27.6 semanas se denomina prematuro inmaduro y goza de bajísimas expectativas de sobrevida”. Además, aseguró que “resultó inviable la práctica del aborto ya que conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud esta operación sólo se realiza hasta la semana veintidós”.

Finalmente, afirmó no desconocer los derechos de la niña embarazada, y sostuvo que “al prescindir del criterio médico profesional, el Poder Ejecutivo no solo irrespetó gravemente a un Servicio modelo en la provincia, sino que además desoyó los antecedentes y avales científicos; soslayo el riesgo en que colocó a la vida de la persona por nacer, lo que provocó el penoso desenlace”.

Si algo quedó claro en la carta es que “Briones nunca tuvo en cuenta el derecho de la niña a una ILE. Y aunque es positiva la renuncia, hay que insistir en que la cadena de responsabilidades es más amplia, partiendo del ministro de Salud, Gustavo Bouhid, de quien exigimos su renuncia, al director del Hospital Paterson, que intervino dilatoriamente, y el equipo del Materno Infantil que se negó a la ILE”, dijo Territoriale.

En tanto, la médica Luz Díaz, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, puso el foco en los argumentos engañosos de Briones. “Lo que afirma es cierto: se necesita viabilizar la vida de un feto cuando hay un embarazo deseado y una amenaza de parto prematuro. Pero lo que obvia es justamente el Protocolo para causales de aborto que en casos de violación no fija una edad gestacional y no preserva la vida fetal. Por eso es grave la posición de Briones, que actúa como si la niña hubiera consentido dar a luz un bebe”, cuando lo que ella y la familia había solicitado era acceder a un aborto seguro.

Además, la especialista dijo que si bien la OMS tiene guías para actuar,   no establece plazos para la interrupción del embarazo. Y explicó que la cesárea, no fue una ILE, “en el sentido de que se preservó el feto”. “Se tendría que haber recurrido a un aborto medicamentoso y no someter a la nena a una cirugía. Se podría haber usado medicamentos que producen contracciones como la mifepristona, que es un antiprogestágeno que actúa sobre la placenta para detener el crecimiento,y después se procede a dilatar con misoprostol. Ambos recomendados por la OMS”. Además, remarcó que la maternidad forzada implicó para la familia de la niña una serie de gestiones administrativas (acta de nacimiento, de defunción, etc) que se requieren con la ILE.

En la provincia, los grupos antiderechos apoyaron al médico Briones. Además, arrogándose un  derecho que sólo tiene la familia biológica, anunciaron que hoy se reunirán con el juez Isidoro Cruz para solicitar el cuerpo de la bebé que nació tras la cesárea y que falleció cuatro días después, para darle “una digna sepultura”.