Admiten que hubo improvisación y "avivadas" del oficialismo. La oposición rechazó dos artículos que les aseguraban a los gremios la aplicación de $ 148 mil millones a sus prestadoras de salud.
El rechazo opositor a dos artículos del Presupuesto 2023 que les garantizaba a las obras sociales sindicales un alivio financiero multimillonario puso en alerta máxima a la CGT y disparó un estado deliberativo interno de manera inmediata.
El texto, incorporado a último momento por el bloque del Frente de Todos al proyecto, creaba un nuevo fondo de cobertura para tratamientos médicos y remedios de “muy alto precio” y reducía el impacto del IVA en algunas prestaciones, y representaba el andamiaje que el Gobierno le había prometido a la central obrera para sostener una partida por $ 148 mil millones, vigente en la ley aprobada y que había revelado en exclusiva este diario, destinada en teoría a compensarles a las prestadoras el crecimiento del gasto por servicios a sus afiliados con discapacidad.
En la cúpula de la central anoche admitían que, si bien la partida de fondos quedó como parte integrante del Presupuesto, la ausencia de las herramientas contempladas en los artículos 127 y 128, bloqueados por Juntos por el Cambio, dejaba para el año que viene a los dirigentes a merced de una negociación constante con el Gobierno para hacerse de los recursos que, de otro modo, hubiesen tenido aplicación automática sobre sus obras sociales.
El fondo y el texto de los artículos fueron motivo de una negociación de largo aliento entre un puñado de jefes sindicales y el ministro de Economía, Sergio Massa.
La queja en la CGT apuntaba a última hora a los diputados opositores que habían alertado sobre los artículos incorporados el viernes pasado, sin debate previo en las comisiones, en particular la exministra de Salud Graciela Ocaña. Pero, también, a la propia bancada oficialista a la que le asignaron improvisación y un supuesto intento de “avivada” con la inclusión de esas normas sin haberlas sometido a negociación con legisladores de Juntos por el Cambio.
El traspié de ayer se sumó al frustrado intento por cargarles a las empresas de medicina privada un pago en compensación por los cinco millones de usuarios de ese sistema provenientes de las obras sociales que desregulan a favor de las compañías. Esa iniciativa, del diputado y bancario Sergio Palazzo, fue también bloqueada por la oposición sin siquiera llegar al recinto.
El debate se remonta a más de un año atrás cuando la “mesa chica” de la CGT convenció a Alberto Fernández de comprometer una compensación a las obras sociales sindicales por el aumento en el valor de las prestaciones a los afiliados discapacitados, en particular por los servicios de transporte y educación.
En aquella oportunidad el Jefe de Estado garantizó 11.400 millones de pesos como aporte directo del Tesoro nacional que terminaron por convertirse en 6.500 millones de pesos. Para este año la central obrera consiguió que Massa asegurara cuatro desembolsos de 6 mil millones de pesos cada uno hasta fin de año, por el mismo concepto, y para 2023 la misma negociación había calculado que harían falta no menos de 100 mil millones de pesos para cubrir esos ítems.
Como fruto de ese debate, que sostuvieron con el Presidente y el ministro de Economía Héctor Daer, cotitular de la CGT, y José Luis Lingeri, el experto designado de la central en la materia, el Presupuesto debatido ayer incorporó en el artículo 127 la creación en el Ministerio de Salud de un “Fondo Nacional de Tecnología Sanitaria de Muy Alto Precio cuyo único objeto será centralizar el financiamiento, la cobertura y la compra en forma completa de la tecnología sanitaria para las patologías de mayor impacto financiero durante treinta y seis meses”.
Mientras que el artículo 128 ofrecía rebajas del IVA para “los sujetos que presten los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica” del sistema de obras sociales.
El Gobierno le había prometido a la CGT que ambos artículos tendrían su financiamiento asegurado en el capítulo referido a “Obligaciones del Tesoro”, dentro de la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto, que se mantuvo en la votación y que prevé la asignación de créditos “para brindar asistencia financiera a distintas áreas de los sectores público y privado” así como la atención de “obligaciones emergentes de compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales”.
Allí figura una promesa de desembolso de 148 mil millones de pesos englobada en la denominación genérica “Salud”. Sin los artículos que sustentan la ejecución la central obrera teme quedar sujeta a una discusión desgastante durante todo el año con el Ejecutivo.
