El planteo contra el Sutpa lo hizo Aubasa con el patrocinio legal del estudio jurídico de Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA.
El conflicto en los peajes de la costa bonaerense se espiralizó ayer con un pedido del Gobierno provincial para cancelar la personería del sindicato del rubro, Sutpa, que lidera en los hechos Facundo Moyano. La pulseada continuaba con un paro de actividades por tiempo indeterminado en las cabinas de la concesionaria Aubasa, en manos del Estado provincial, a partir del despido de un trabajador del área informática de la compañía. El planteo de multar al gremio y de revocar su personería, el máximo reconocimiento legal que prevé la ley de Asociaciones Sindicales, fue presentado por la conducción de Aubasa en una audiencia ante el Ministerio de Trabajo nacional. Lo hizo mediante un abogado del estudio jurídico de Daniel Funes de Rioja, el actual presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). El hijo de Hugo Moyano responsabilizó directamente por el agravamiento del conflicto a Kicillof y difundió un comunicado bajo el título “Ni (Mauricio) Macri se animó a tanto”.
“El gobernador está al tanto de todo y la empresa que está bajo su órbita eligió dejar por escrito el pedido de quitarnos la personería. El manejo del conflicto queda en evidencia cuando los abogados (de la concesionaria) son del estudio Funes de Rioja. Esa asesoría ya viene del gobierno de Macri pero Kicillof decidió mantenerla”, le dijo anoche el secretario adjunto del Sutpa a este diario. Moyano se aprestaba a participar a última hora de asambleas en las cabinas de peajes, adonde se mantenía la huelga con levantamiento de barreras, junto a la secretaria general, Florencia Cañabate.
El conflicto entre el gremio y la concesionaria de la autopista Buenos Aires-La Plata y de las rutas 2 y 11 arrancó con el despido de un trabajador del área de informática, a quien la conducción de la empresa le endilgaba no implementar protocolos de reconversión laboral. El sindicato y la compañía se acusan mutuamente de haber violado la conciliación obligatoria impuesta por la cartera laboral: el gremio, por la continuidad de las medidas de fuerza; la firma provincial, por insistir con dejar cesante al empleado.
En su participación ayer en la audiencia Aubasa también anunció que descontará los días de paro a los trabajadores no sólo por el paro vigente sino también por las anteriores acciones directas convocadas por Sutpa. Por escrito, la empresa pidió que Trabajo “imponga una nueva multa y sanciones que incluyen el inicio de acciones ante el fuero competente para la cancelación de la personería gremial”. “Asimismo hace saber que ante los incumplimientos de los acuerdos anteriores, y habiéndose violentado la paz social acordada, así como la ley de conciliación obligatoria, hace reserva de aplicar sanciones individuales correspondientes” y “detraerá de los haberes abonados y a abonarse los salarios no devengados como consecuencia de las medidas de acción directa adoptadas por la entidad sindical”.
A continuación, Aubasa también advierte que “impulsará la exclusión societaria del sindicato por incumplir con sus deberes de socio y ser responsable de la pérdida de recursos de la empresa”. En el arranque del conflicto el Sutpa enfocaba sus críticas hacia el titular de Aubasa, Ricardo Lissalde, un dirigente históricamente ligado a Sergio Massa -Moyano mantiene un vínculo histórico con el ministro de Economía- pero con el correr de los días la organización extendió las quejas hacia Kicillof por entenderlo responsable último de sostenerlo en su cargo. Este diario intentó consultar en la administración bonaerense acerca de la pulseada pero no obtuvo respuestas.
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