Macri se entrometió otra vez hoy en el Poder Judicial. En Twitter escribió que “es indignante el caso de la Jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país” y agregó que “las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una Justicia así no hay policía que alcance”.
El blanco del Presidente fue Guichandut, quien también recibió críticas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de su vice Diego Santilli, quien quedó a cargo de la seguridad porteña.
La magistrada hizo una declaración pública para responderles y dio precisiones sobre los dos casos por los cuales le apuntaron. Sobre su intervención tras la detención de Jair Jurado Mora por el robo de un celular, la jueza puntualizó que de los informes del Registro Nacional de Reincidencia y por la Policía Federal Argentina no surgen "antecedentes penales ni procesos en trámite”. También aclaró que personal de la Dirección Nacional de Migraciones se entrevistaron con Jurado Mora y en ningún momento le notificaron que hubiera estado alcanzado "por alguno de los impedimentos de ingreso y permanencia en el territorio nacional".
"En este caso concreto se otorgó la probation, dado que a la luz de las constancias del sumario estaban dadas las condiciones para su otorgamiento, dado que la normativa legal no establece diferencia entre ciudadanos nacionales y extranjeros", resumió Guichandut.
En el otro caso, el del uruguayo Antonio José Franco que fue detenido mientras iba en moto con otro hombre, la magistrada explicó que no tuvo participación. "Resulta llamativo que también se atribuya a este Tribunal a mi cargo la intervención en una actuación penal que se le seguiría a dos ciudadanos, uno de ellos de nacionalidad uruguaya, apellidado Franco, en la que no tuve ni tengo intervención alguna", aseguró.
En linea con su señalamiento de que los jueces son "operadores del sistema", Guichandut agregó: "Si se trata de efectuar modificaciones a la ley de flagrancia, a la suspención del juicio a prueba, aplicación de penas, modificar reglas de política criminal, no es el Poder Judicial el que puede dar respuesta al tema."
