A las 12.30 llegó a la Capital cordobesa, proveniente de Buenos Aires. Fue trasladado en un auto Bora de color blanco luego de ser liberado de la cárcel de Ezeiza esta madrugada.
El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime fue liberado esta madrugada por su “delicado estado de salud” luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 lo ordenara el miércoles pasado, en la llamada causa de los Cuadernos, en la que estaba bajo prisión preventiva, informaron fuentes judiciales.
Durante la madrugada, Jaime salió de la cárcel de Ezeiza, donde estaba detenido, fue trasladado a una dependencia de la Policía Federal y ahí liberado, tras la colocación de un dispositivo de monitoreo de GPS del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, tal como dispuso el tribunal.
Según trascendió, el exfuncionario tiene tobillera electrónica. Vecinos confirmaron a La Voz que el exfuncionario llegó a la ciudad de Córdoba a las 12.30, se bajó de un auto color blanco e ingresó a un edificio sobre la calle Duarte Quiros al 1.900, del barrio Alto Alberdi, donde vivirá.
Ese domicilio fue fijado por Jaime en la Justicia. Pertenece a su concubina Claudia Ochoa, quien responderá por su tutela.
Quién autorizó la liberación de Jaime en Buenos Aires
En una decisión alcanzada por mayoría, los jueces del TOF 7 dispusieron “el cese de la prisión preventiva del detenido Ricardo Raúl Jaime, una vez vencido el plazo establecido en la resolución dictada el 15 de septiembre de 2022″.
En su resolución del miércoles pasado, se había estipulado que “se dispondrá la inmediata libertad del nombrado desde la Alcaidía de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, una vez constatado que no registre orden restrictiva de su libertad”.
La libertad del exfuncionario que se desempeñó entre 2003 y 2009 quedó sujeta a esa verificación y se produjo durante la madrugada luego de haber estado preso durante casi siete años en el penal de Ezeiza.
En la resolución que ordenó su liberación, los jueces establecieron que cuando Jaime recupere su libertad debe “someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación” y tiene la “obligación de notificar a esta sede cualquier cambio de domicilio, como así también toda circunstancia en virtud de la cual deba ausentarse del mismo por más de 48 horas o más de 70 kilómetros”.
No puede salir del país
También le prohibieron la salida del país sin autorización previa y le impusieron “la entrega del pasaporte que tuviere en su poder a través de la defensa - en caso de contar con dicho documento- e interdicción de expedir nuevos a su nombre”.
Como última medida ordenaron “la colocación de un dispositivo de monitoreo de GPS - Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica-”.
La decisión del tribunal fue alcanzada por mayoría, con la disidencia parcial de uno de los jueces: los magistrados Enrique Méndez Signori y Germán Castelli votaron por dictar el cese de la prisión preventiva y disponer la libertad del imputado con ciertas medidas de sujeción, mientras que el juez Fernando Canero opinó que debía ser enviado a continuar con el encierro en su domicilio.
Los problemas de salud de Jaime en la cárcel
En lo referido a las cuestiones de salud, el tribunal recibió el 13 de marzo un informe del Servicio Penitenciario Federal donde se detalla que Jaime “presenta hipertensión arterial esencial, es extabaquista, padece de hipotiroidismo subclínico, hiperglucemias, un nódulo benigno en el pulmón, un carcinoma basocelular lobulado y una depresión reactiva”.
“La existencia de un delicado cuadro de salud por parte de Jaime amerita la morigeración de las medidas de cautela, ya que resulta claro que, más allá de las patologías crónicas que padece el nombrado, con el transcurso del tiempo se ha venido presentando una situación de deterioro de su salud y estado clínico general”, sostuvo el juez Méndez Signori.
Detenido desde 2016, Jaime fue condenado por la llamada “Tragedia de Once”, pero ese fallo aún no adquirió firmeza: el año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal le revocó la condena por “estrago culposo” y le confirmó la de “administración fraudulenta” vinculada a ese hecho, por lo que le redujo la pena de 7 a 6 años de prisión.
El año pasado, además, el exfuncionario había sido condenado a 8 años de prisión en el marco de un juicio en el que se investigó la compra de “trenes chatarra” a España y Portugal y en la que se le endilgó también haberse enriquecido de modo ilícito, pero esa sentencia tampoco fue confirmada aún.
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