La Justicia federal frenó las tasaciones de los inmuebles de Jésica Cirio y Sofía Clerici, demorando el peritaje contable clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense.

Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
Un juez suspendió temporalmente la tasación de propiedades pertenecientes a Sofía Clerici y Jésica Cirio. - ¿Quiénes son los protagonistas?
El exjefe de Gabinete Martín Insaurralde, la modelo Sofía Clerici, la conductora Jésica Cirio y las autoridades judiciales federales. - ¿Cuándo ocurrió?
La medida judicial es reciente y paraliza una orden de tasación que había sido dispuesta originariamente en el año 2024. - ¿Dónde fue?
En los tribunales federales que llevan adelante la causa conocida popularmente como "Yategate". - ¿Cómo se produjo?
Las defensas apelaron la medida argumentando que los inmuebles fueron adquiridos antes de la relación con Insaurralde, logrando que el juez suspenda el acto hasta que resuelva la Cámara de Apelaciones. - ¿Por qué es importante?
Esta decisión retrasa de manera directa el peritaje contable necesario para establecer la evolución real del patrimonio de los investigados. - ¿Qué consecuencias hay?
La fiscalía exige que se retome la medida de inmediato, advirtiendo que se trata de una estrategia puramente dilatoria que frena el llamado a indagatorias.
El freno a las tasaciones: una maniobra judicial en el caso "Yategate"
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que sacudió la política argentina sumó un nuevo capítulo de demoras. En el marco de la causa conocida como "Yategate", un juez federal decidió hacer lugar a un recurso de apelación y suspendió temporalmente las tasaciones de dos propiedades clave pertenecientes a la modelo Sofía Clerici y a la conductora televisiva Jésica Cirio. Esta medida, que había sido ordenada en 2024, queda ahora en suspenso hasta que un Tribunal de Alzada resuelva la cuestión de fondo, generando un virtual estancamiento en uno de los procesos probatorios más importantes.
La noticia repercutió fuertemente en el ámbito judicial, dado que las tasaciones son consideradas el cimiento del peritaje contable integral que llevan a cabo los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco. Sin el valor oficial y actualizado de estos bienes, el análisis sobre el crecimiento patrimonial de los imputados queda incompleto, postergando la posibilidad de concretar las declaraciones indagatorias que ya han sido solicitadas. Todo esto ocurre mientras el expediente tramita en un juzgado federal que se encuentra vacante y operando bajo un esquema de subrogancias.
Las propiedades en el centro de la controversia
La orden judicial original apuntaba a tasar específicamente dos inmuebles de alto valor económico que, según la sospecha de la fiscalía, podrían formar parte de una matriz de incremento patrimonial no justificado o lavado de activos. Por un lado, se buscaba valuar un departamento ubicado en el exclusivo barrio de Las Cañitas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiedad de Jésica Cirio. Por el otro, la justicia apuntaba a la suntuosa vivienda de Sofía Clerici en el barrio privado de Nordelta, inmueble que ya había cobrado trascendencia mediática nacional tras un allanamiento que arrojó resultados alarmantes.
- El departamento en Las Cañitas: Pertenece a Cirio, quien a través de sus letrados sostiene que la adquisición del mismo es de larga data y no posee conexión con los fondos investigados en el expediente.
- La casa en Nordelta: Residencia de Clerici y escenario de un procedimiento judicial de alto impacto donde las fuerzas de seguridad incautaron casi 600.000 dólares en efectivo, además de numerosos artículos de lujo (como carteras de diseño valuadas por encima de los 10.000 dólares) y vehículos deportivos de altísima gama, como un Ford Mustang y un Chevrolet Camaro.
Argumentos de las defensas y la postura del Ministerio Público
El punto de coincidencia entre ambas mujeres investigadas, a pesar de contar con diferentes representaciones legales, es el argumento cronológico. Tanto Cirio como Clerici expresaron ante el estrado que los inmuebles bajo la lupa fueron adquiridos antes de iniciar cualquier tipo de vínculo sentimental o económico con el exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Al aseverar que estas casas ingresaron a sus patrimonios en un período previo al escandaloso viaje en el yate "Bandido" (ocurrido en septiembre de 2023 en Marbella), las defensas exigen que el Estado desista de tasarlas al no ser fruto de dicha relación.
En el caso puntual de Clerici, el intento por resguardar su patrimonio alcanzó ribetes insólitos. Su defensa intentó justificar el origen de los cientos de miles de dólares hallados en Nordelta argumentando que provenían de sus ingresos como "acompañante", una actividad que, según esgrimieron utilizando jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo, no cuenta con un marco tributario dentro de la agencia recaudadora ARCA (ex AFIP) que le permitiera declararlos. Recientemente, intentó ingresar ese volumen de dinero al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno, una petición que le fue denegada por la Justicia.
En contrapartida, los fiscales Mola y Velasco rechazaron de plano estos planteos defensivos. Para los investigadores, la apelación impulsada por las acusadas no es más que una táctica dilatoria calculada para ganar tiempo y entorpecer el avance de la causa. El Ministerio Público argumenta que excluir estos activos del análisis contable impide obtener una radiografía exhaustiva de los movimientos de fondos. Por ello, instan a que se revoque la suspensión judicial y se concreten las pericias de inmediato.
El desajuste financiero de Martín Insaurralde
Mientras el foco se bifurca hacia las coimputadas, el principal eje de la investigación sigue siendo Martín Insaurralde. El dirigente político, que concentraba un enorme poder en la gestión de la provincia más poblada del país, ha presentado declaraciones juradas que colisionan frontalmente con su ostentoso nivel de vida. Un minucioso cruce de datos migratorios y financieros arrojó que, entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, el exfuncionario realizó múltiples vuelos internacionales gastando alrededor de 78.000 dólares.
Ese volumen de gastos en traslados se vuelve injustificable frente a la documentación impositiva oficial: en el mismo período, Insaurralde declaró ingresos en blanco por una suma cercana a los 33.000 dólares. Es decir, gastó más del doble de lo que percibió legalmente sólo en pasajes aéreos, omitiendo en ese cálculo el costo de hospedajes de lujo, manutención de vehículos premium, alquileres de yates internacionales o el abono de cuotas escolares de élite.
El esquema patrimonial del dirigente también contempla una imponente residencia en un barrio cerrado de la zona sur del conurbano bonaerense. Dicho inmueble, emplazado sobre dos lotes de gran envergadura, expone lujos tales como una cancha de fútbol 11 profesional de uso exclusivo. Al verse acorralado por las cifras durante su descargo administrativo inicial, Insaurralde llegó a alegar que parte de sus fondos provenían de una donación en vida de 200.000 dólares efectuada por su expareja, Jésica Cirio, un descargo que fue visto con recelo por la procuración.
Impacto institucional y lentitud del sistema penal
El destape mediático de estas irregularidades a finales de 2023 generó un profundo shock tanto en el peronismo provincial como en la opinión pública, obligando al gobernador Axel Kicillof a forzar la renuncia inmediata del dirigente en plena veda preelectoral. Sin embargo, a pesar de la gravedad institucional y de las pruebas recolectadas vinculadas al exceso de gastos, el expediente evidencia el ritmo exasperante de la justicia federal.
Los desprendimientos del caso también tocan a nuevos actores. Actualmente, Jésica Cirio se encuentra emparejada con el financista Elías Piccirillo, quien atraviesa un complicado momento procesal: cumple prisión domiciliaria bajo la gravísima acusación de orquestar un operativo de seguridad apócrifo para "plantarle" un kilogramo de cocaína y armas a un antiguo socio al que le adeudaba seis millones de dólares. Si bien querellas intentaron citar a Cirio como testigo en esta causa anexa, fuentes judiciales descartan su intervención directa en aquel episodio delictivo.
En síntesis, la decisión de paralizar el avalúo de bienes claves consolida el letargo en la causa "Yategate". Mientras los fiscales claman por una reactivación urgente para desenmarañar el flujo del dinero oscuro que permeó las altas esferas del poder, las continuas trabas procedimentales diluyen las expectativas de resoluciones rápidas, perpetuando la dilación en uno de los casos de presunta corrupción más impactantes de la historia reciente argentina.

