Mientras en gran parte de Europa el debate sobre la vivienda se centra en la regulación de precios, Portugal ha decidido cortar por lo sano con una de las problemáticas que más preocupa a los pequeños propietarios: la ocupación ilegal. La nueva legislación, que ha entrado en vigor tras su aprobación parlamentaria en octubre y su posterior promulgación por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa en noviembre de 2025, establece un marco jurídico de "tolerancia cero" hacia la usurpación de inmuebles.

Hasta 4 años de prisión: el nuevo baremo

La normativa portuguesa destaca por su dureza penal. A diferencia de procedimientos civiles largos y costosos, la nueva ley trata la ocupación directamente como un delito con consecuencias privativas de libertad escalonadas:

• Pena base: Hasta 2 años de prisión para quien ocupe una vivienda ajena sin título legítimo.
• Con violencia: Si la ocupación se realiza mediante intimidación o fuerza, la pena asciende a 3 años.
• Con ánimo de lucro: Para quienes extorsionen a propietarios o formen parte de mafias que "alquilan" pisos ocupados, la condena puede llegar a los 4 años de cárcel.

El fin de la impunidad en el intento

Uno de los puntos más novedosos y celebrados por las asociaciones de propietarios es que el mero intento de ocupación ya es delito. Esto otorga a las fuerzas de seguridad (PSP y GNR) herramientas para actuar de manera preventiva antes de que la usurpación se consumen, cerrando la ventana de oportunidad que a menudo aprovechaban los delincuentes.

Además, la ley introduce la figura de la restitución inmediata. Si el propietario demuestra la titularidad y existen indicios claros de ocupación, el juez tiene la potestad —y el mandato— de ordenar el desalojo sin esperar a la finalización de un juicio eterno. El objetivo es claro: evitar que el dueño siga pagando hipoteca y gastos mientras su casa está secuestrada.

La inevitable comparación con España

La noticia ha resonado con fuerza al otro lado de la frontera. El video viral que analiza la medida plantea la pregunta incómoda: "¿Cuándo se acabará con los okupas en España?".

Si bien España introdujo su propia "Ley Antiokupas" (Ley Orgánica 1/2025) en abril de este año, con la promesa de desalojos en 48 horas y juicios rápidos, la percepción pública y de los expertos es que la normativa portuguesa es más contundente. Mientras en España persisten las trabas burocráticas relacionadas con la declaración de "vulnerabilidad" de los ocupantes —que pueden frenar los desahucios—, Portugal ha blindado el derecho a la propiedad privada priorizando la acción penal sobre la administrativa.

Un tablero político dividido

La aprobación de esta ley en la Asamblea de la República no estuvo exenta de polémica. Fue impulsada por el bloque de centro-derecha y derecha (PSD, CDS, Iniciativa Liberal y Chega), quienes argumentaron que la ocupación estaba destruyendo el mercado de alquiler y la seguridad jurídica. Por el contrario, los partidos de izquierda (Bloco de Esquerda, PCP) votaron en contra, calificando la medida de "criminalización de la pobreza". Sin embargo, el consenso social parece inclinarse hacia la protección del propietario, harto de la inacción estatal frente a la usurpación.