La fiscalía de Tarija, Bolivia, lo realizó. En un desarrollo que ha sacudido el panorama político de Bolivia, la fiscalía del departamento de Tarija ha anunciado que emitirá una orden de aprehensión contra el exmandatario Evo Morales.
Este movimiento ha surgido en medio de una investigación de alto perfil que involucra acusaciones de "trata de personas" y "estupro", vinculadas a un presunto romance con una menor de edad durante su presidencia, con quien supuestamente tuvo un hijo.
Morales, quien dominó la escena política boliviana durante más de una década, ha respondido a esta situación judicial mediante la presentación de una excusa legal para no comparecer a la citación. Su abogado, Jorge Pérez, ha afirmado que ya han requerido que el caso se investige en Cochabamba, lugar considerado el bastión político de Morales. Argumentan que allí se debe trasladar el proceso debido a una sentencia constitucional.
Al mismo tiempo, la situación ha catalizado tensiones sociales y políticas en Bolivia. Grupos afines a Morales han advertido de medidas de protesta significativas, incluyendo un bloqueo nacional de carreteras si la orden de detención se hace efectiva. Este conflicto ha exacerbado las tensiones existentes con el actual presidente, Luis Arce, con quien Morales mantiene una relación tensa por la influencia sobre el Movimiento Al Socialismo (MAS).
La controvertida lucha política entre Morales y Arce también se refleja en el despliegue de seguridad en Tarija. Las autoridades han convocado más de 600 policías, un acto que ha sido criticado por la defensa del exlíder como un intento de "intimidación" hacia su cliente. Pérez, el abogado defensor de Morales, resalta este despliegue como uno de los "impedimentos materiales" debido a la falta de garantías de seguridad para su adecuada presentación.
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