La declaración surgió de una reunión al mediodía en la sede de CAMARCO, donde los participantes enfatizaron la "excepcional gravedad de la situación actual de la actividad de la construcción".
El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) declaró oficialmente el "estado de emergencia" en todo el país y lanzó la alerta sobre el futuro de 1.400 empresas y los medios de vida de 200.000 empleados.
Gustavo Weiss, presidente de CAMARCO, expresó su sorpresa por la "novedad" de la situación con respecto al freno en las obras públicas. "Debemos alertar al gobierno sobre el inminente colapso del sector", afirmó. Al ser cuestionado, Weiss mencionó que aún no se reunieron con el ministro de Economía, Luis Caputo, y agregó que "hay numerosos temas que queremos abordar con ellos para resolver, aunque sea parcialmente, los problemas, pero no vemos una reacción rápida del gobierno".
El comunicado oficial instó a las "autoridades nacionales y provinciales a implementar de inmediato medidas en sus jurisdicciones que, al menos, alivien transitoriamente la situación de crisis extrema que atraviesa el sector", ya que consideran que es la única alternativa para "evitar la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos".
Los consejeros presentes en la reunión plantearon los problemas que enfrentan, muchos de ellos de carácter terminal, y subrayaron que, de persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles tanto en el sector como en la economía en general. "No puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses", afirmaron.
En todo el país, el peligro de despidos masivos, reducción drástica de plantillas y quiebra de numerosas empresas constructoras y sus proveedores es inminente, según CAMARCO. "El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones", detallaron de manera determinante.
El freno de la obra pública desde diciembre ha impactado directamente en la actividad, generando una bomba económica al romper la cadena de pagos en un contexto de inflación creciente, ajuste salarial y aumento de costos. Se estima que hay más de 3.500 obras paralizadas en todo el país.
"Todo el país vive un estado de emergencia económica y social. Esa emergencia ya afecta al sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos", describieron los dueños de las empresas constructoras.
Aseguraron que el mayor problema no se limita solo al pago de la deuda atrasada, que supera los u$s 300 millones, sino que también es "necesario saber cuál es la perspectiva para el futuro, porque en la empresa necesitan seguir trabajando".
"La obra pública tiene que existir. El mensaje del Presidente es que se podrán hacer obras de infraestructura con fondos privados, lo cual creemos que es central y fundamental para el desarrollo del país", indicaron. Sin embargo, señalaron que en el mundo desarrollado, donde hay seguridad jurídica, tarifas altas y mercado de capitales, la inversión privada constituye solo el 15% del total. El 85% restante lo realizan los gobiernos, nacional, policial o municipal, debido a que hay obras que no tienen interés privado, como escuelas públicas, cárceles, hospitales públicos y rutas con poco tránsito.
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) aumentó un 30,1% solo en diciembre, y en todo 2023, los costos se encarecieron un 222,8%, 11,4 puntos porcentuales por encima del 211,4% que marcó el índice general.
Respecto a la actividad, los números hasta noviembre del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostraban una baja del 2,1% respecto al mismo mes de 2022, y en el acumulado de los once meses de 2023 se evidenciaba una caída del 2,3% interanual.
No obstante, las proyecciones indican que para enero los costos sufrirán otra fuerte escalada, principalmente los materiales utilizados en la construcción. "Atrás del ajuste brutal hay familias, gente que se queda sin trabajo, empresas que se funden, personas de muchísimos años dedicadas a una profesión que no la van a continuar. Es una destrucción de valor terrible. Nosotros pensamos que no somos un gasto, de alguna manera somos una inversión. Nuestro sector se mantiene funcionando con un 1% de presupuesto, aunque sea a un ritmo bajo, y eso evita la destrucción de valor", concluyeron desde CAMARCO.
Fuente: cronista.com
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