El fiscal Claudio Navas Rial presentó un requerimiento de instrucción para que se investigue si hubo un “contrabando agravado”; el caso se inició por una denuncia del Gobierno.
El fiscal Claudio Navas Rial impulsó hoy la investigación de la denuncia presentada por el Gobierno por el presunto contrabando de armamento a Bolivia en noviembre de 2019 y enumeró como imputados en el caso al expresidente Mauricio Macri y a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa). También, al exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero, al exdirector de Logística de la Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde. El fiscal incluyó además en su requerimiento al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García. Así lo informó a LA NACION una fuente que interviene en el caso.
El escrito que presentó Navas Rial es un requerimiento de instrucción, en el que describe el hecho a investigar y solicita las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de informes al gobierno argentino y a Bolivia. El fiscal no incluyó, en cambio, otras medidas que había solicitado el Gobierno en su denuncia, como un informe de las llamadas entre el expresidente y los demás acusados para hacer un estudio de entrecruzamiento de comunicaciones.
El fiscal circunscribió su requerimiento a delitos vinculados con lo aduanero. No incluyó, a diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni “los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.
Tampoco incorporó en su lista de imputados al excanciller Jorge Faurie ni a los exdirectores Diego Dávila, de la Aduana, y Eugenio Cozzi, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que sí integran la nómina de los denunciados por el Gobierno.
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La presentación de Navas Rial será analizada ahora por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart, que la tiene a su cargo. En paralelo, avanza otra causa por los mismos hechos. La presentó el excamarista Eduardo Freiler y le tocó también al fiscal Navas Rial aunque con otro juez, Alejandro Catania. Los dos expedientes se van a unificar, pero no está claro todavía en qué juzgado.
La denuncia
El Gobierno acusó a Macri, tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas. La denuncia tuvo como base una carta que hizo pública la cancillería boliviana que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara (hoy preso) el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino Álvarez García agradeciéndole “la colaboración” y comunicándole el recibo de una serie de elementos que detallaba y definía como “material bélico”. Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval cuya firma aparece en la copia de la carta que tiene la FAB reconoció que esa rúbrica era suya; es decir, que él la había recibido.
En el macrismo sostienen que la denuncia no tiene fundamento y que ellos, por el contrario, colaboraron con Evo Morales y le dieron incluso asilo en la embajada argentina a dos funcionarios de su gestión; uno de ellos, un hombre clave de su entorno: el exministro de Gobierno de Bolivia Carlos Romero.
La información ratificada tanto por el gobierno actual como por el anterior es que Bullrich envió a Bolivia a un grupo de gendarmes, del escuadrón especial Alacrán, que tenía como objetivo custodiar la embajada. Salieron de El Palomar el 12 de noviembre, el mismo día que asumió Jeanine Añez en Bolivia. En un primer momento, estaba previsto que viajar con 3600 municiones 12-70 (balas de goma), pero luego el director de Logística de Gendarmería amplió el pedido de autorización para sacar otras 70.000. La solicitud la hizo ante la agencia de materiales controlados (ANMaC).
Esas municiones no regresaron a la Argentina y a mediados del año pasado -durante el gobierno de Fernández- Gendarmería informó que las habían gastado en Bolivia, en prácticas.
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Según el Poder Ejecutivo, es imposible que eso sea cierto. El Gobierno denunció que esas municiones las envió la gestión de Macri, con su conocimiento, “con el objetivo de poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez”.
Bullrich respondió en cambio que el gobierno de Macri nada tuvo que ver con el destino de las balas de goma y que son las nuevas autoridades las que, en todo caso, deben responder por lo que pasó.
Mientras tanto, esta semana la Policía de Bolivia informó que encontró parte de esas municiones en un depósito de la fuerza.
La semana que viene empieza la feria judicial de invierno; por eso, el requerimiento de instrucción presentado hoy por Navas Rial a Biscayart incluye un pedido de habilitación de feria, para que la causa pueda seguir adelante.
