Jaime Mecikovsky declaró en el juicio de "Vialidad", que tiene como acusada a la expresidenta. Deslizó que pudo haber "sobreprecios" en la obra pública.
Jaime Mecikovsky, uno de los funcionarios de más alto rango dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Alberto Abad, declaró en el juicio de Vialidad Nacional, en el que se investiga a las tres gestiones kirchneristas por el presunto direccionamiento de recursos para beneficiar al contratista santacruceño Lázaro Báez y señaló que "sobreprecios" y un "trato diferencial".
El exsubdirector general de Operaciones Impositivas del Interior comandó el área que controlaba a los contribuyentes del interior del país y dio explicaciones sobre una investigación profunda que realizó sobre Austral Construcciones y el grupo de Báez.
Habló de "sobreprecios" y de un "trato diferencial" en la delegación de Santa Cruz para las empresas de Báez y Valle Mitre, que era la firma que administraba los negocios hoteleros de los Kirchner.
Causa Vialidad: investigan sobreprecios de obra pública
La citación a Comodoro Py 2002 ocurre luego de que la AFIP denunciara ante la Justicia que Cristina Kirchner y sus hijos habían sido víctimas de "hostigamiento fiscal" durante la gestión de Cambiemos. Mecikovsky, uno de los señalados por Mercedes Marcó del Pont, afirmó que el organismo basó su denuncia en una auditoría adulterada, que quienes la desarrollaron se negaron a firmarla y que por eso fueron desplazados de sus cargos. La vicepresidenta es la principal acusada en el juicio de Vialidad.
Las preguntas del fiscal Sergio Néstor Mola centraron su atención en el periodo comprendido entre 2003 y 2018 al referirse si habían directivas generales para las direcciones regionales y posibles hechos de evasión.
El contador aludió que durante esos años "no menos de dos veces al mes estaba de viaje en alguna jurisdicción" y que "sí" había distintas normativas generales para que "cada director general debía ser el administrador de la región, y conocer dónde están lo mayores riesgos de evasión". Y agregó: "Se debía suministrar la información mes a mes en función de los 10 casos más relevantes y conocerlos para elevar a jurisdicción general".
En el último bimestre de 2018, Mecikovsky contó que fue convocado de oficio por la Fiscalía 11 para analizar los expedientes dada su experiencia y conocimientos en la materia y determinar "el impacto que pudieron haber tenido con la facturación apócrifa de 500 millones pesos en relación a otros delitos" por la terciarización de fondos de la obra publica desde Austral construcciones a la empresa Gotti S.A.
"Ese dinero venía del presupuesto de la obra pública para pagar a los proveedores de Gotti, es una maniobra de lavado que se complementa por haber puesto un sujeto intermedio que imposibilitó el rastreo intermedio de los activos", declaró Mecikovsky. "Los ingresos de Gotti que vienen de la obra pública y se van a otros destinos, llevan a pensar que hay sobreprecios", reconoció . Y agregó: "No conozco relación con Austral, pero si con Gotti; Lázaro administraba Gotti, que tenía el mismo domicilio que Austral. No sé si compartían oficinas".
Cruce entre las defensas
El nombre que llamó la atención fue el de Ángel Rubén Toninelli, que trabajó como subdirector general de administración financiera durante la gestión de Abad, y luego como director del DGI entre julio de 2008 y 2015.
Pese a su larga trayectoria de 44 años, Mecikovsky señaló que no le "constaba" una relación entre Toninelli y Néstor Kirchner. Anteriormente la Cámara Federal sobreseyó a los exfuncionarios de la AFIP Ricardo Echegaray y Toninelli por el supuesto encubrimiento al empresario Lázaro Báez.
El cruce más fuerte se dio entre la defensa de Báez, a cargo de Juan Villanueva, y el fiscal Diego Luciani.
El primero solicitó que se retire el contador Mecikovsky de la sala para pedir el cierre de la sesión porque advertía que las declaraciones del testigo estarían incurriendo en delito de "falso testimonio" y por lo tanto "autoincriminándose", empeorando "la condición del testigo imputado en aquellos expedientes". Luciani negó la petición aludiendo que el testigo tiene "42 años de experiencia" que pueden resultar muy "útil para todos". Señaló que no se interrumpa más con "apelaciones absolutamente inapropiadas".
