El libro que recomendó Eduardo Bolsonaro: "Nisman fue asesinado por investigar los negocios entre Argentina, Venezuela e Irán"

En una disertación realizada en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), expuso su mirada geopolítica, dijo que está de acuerdo con cualquier método que signifique terminar con Nicolás Maduro en el poder.

En ese marco, defendió el accionar de Alberto Nisman y recomendó un libro del escritor Leonardo Coutinho donde -explicó- hay pistas sobre la muerte del fiscal que investigaba la voladura de la AMIA. Esa obra es Hugo Chávez, o espectro.

En este libro, el periodista analiza -en base a documentos secretos y reportajes realizados en varios países -los vínculos del caudillo caribeño con el tráfico de drogas, el terrorismo y la corrupción. Desde ese punto de partida, vincula la muerte de Nisman con su trabajo como fiscal y con la denuncia que presentó en los primeros días de 2015.

Coutinho está convencido de que Nisman fue asesinado porque tenía pruebas concretas de los negocios que habían entablado los gobiernos de Argentina, Venezuela e Irán en torno a la energía nuclear. "Está claro que la muerte de Nisman fue decidida cuando el fiscal empezó a mirar para adentro de la Argentina. La reducción de años puede ser la respuesta para una medida tan extrema", graficó para explicar su teoría.

En esta nota, un repaso de los principales párrafos que alude al caso argentino:

En los primeros días de febrero de 2015, el agente Antonio Stiuso, que lideró durante 34 años una unidad de operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), compareció ante la jueza federal Fabiana Palmaghini para declarar en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Stiuso estaba desaparecido desde finales de 2014, cuando fue exonerado de su cargo y pasó a ser blanco de una campaña difamatoria de la Casa Rosada. Considerado una pieza fundamental de las investigaciones del Caso Nisman, comenzó a ser tratado como sospechoso por varios sectores del gobierno argentino, que llegó a pedir a Interpol una orden de captura internacional.

Stiuso confirmó en su declaración ante la Justicia Federal argentina, un año después de las revelaciones publicadas por la revista Veja de Brasil, que Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, había intercedido junto al argentino Néstor Kirchner para que se retomara la cooperación nuclear con Irán.

Stiuso le confirmó a la jueza Palmaghini que la muerte de Nisman fue un asesinato y que las conexiones nucleares entre los gobiernos argentino, venezolano e iraní era uno de los motivos detrás del crimen.

Stiuso afirmó, además, que en 2010 él y Nisman recibieron una orden de la presidente Cristina Kirchner para que no involucrar a los iraníes como autores intelectuales en la investigación por la voladura de la AMIA. Dijo que Nisman sabía de la intermediación realizada por Chávez en la relación entre Irán y la Argentina y lo expresó en la denuncia que presentó contra la presidente Cristina Kirchner.

Antonio Stiuso era considerado uno de los mejores agentes de inteligencia argentina. Un espía clásico que tenía como característica una visión vertical de sus obligaciones. Cuando le ordenaron que dejara de ayudar a Alberto Nisman en la investigación por el atentado a la Amia, Stiuso no sólo rechazó la orden, sino que pasó a sospechar de las intenciones del gobierno. Su insubordinación se transformó en una sentencia de muerte.

La explosión que voló la AMIA puso a Hezbollah y a Irán bajo la lupa de los investigadores. Descubrieron que la orden para el ataque había partido de Teherán y que fue efectuado por células de la milicia chiíta en América del Sur. En junio de 2013, en vísperas del 19 aniversario del atentado, el fiscal especial Alberto Nisman, jefe de la unidad que se creó para investigar el caso, presentó ante la Justicia argentina un relato en el que describía con detalles la participación de Irán en el ataque.

Según Nisman, que fue encontrado muerto un año y siete meses después, el ayatola Ali Khamenei montó una extensa red con el fin fin de recaudar fondos para el financiamiento y el planeamiento de acciones terroristas. Afirmó además que en la Argentina y en diversos países de América Latina, había células iraníes activas.

Nisman reforzaría la denuncia que había presentado siete años antes, cuando además de responsabilizar al régimen iraní, pidió junto a Interpol que se dicten órdenes internacionales de captura para ocho funcionarios, clérigos y militares por su participación en el atentado.

La relación estaba compuesta por el ex presidente de Irán, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani -que presidió el país entre 1989 y 1997-, el ex ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan, el ex comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohsén Rezaí, el ex ministro de Relaciones exteriores, Ali Akbar Velayatí, el ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, Imad Fayez Mughniyah -que comandaba el Servicio de Seguridad Exterior de Hezbollah-, el ex secretario de la embajada de Irán en Buenos Aires, Ahmad Reza Asghari y Mohsen Rabbani, clérigo y ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires. Este último, según Nisman, fue el arquitecto del ataque contra la AMIA.

La decisión de tirar abajo el edificio de la mutual judía fue tomada un año antes del atentado. La orden fue dictada por Ali Khamenei durante una reunión con la cúpula del régimen, en agosto de 1993, según los relatos de Nisman. Desde ese momento, hasta la detonación de 400 kilos de un compuesto de nitrato de amoníaco, aluminio, dinamita y nitroglicerina en Buenos Aires, se puso en funcionamiento una red logística y financiera. Conforme a las investigaciones de Nisman, Mohsen Rabbani tuvo participación directa e indirecta en todas las decisiones: desde la orden hasta la realización del atentado con la detonación de un coche-bomba.

Rabbani desembarcó en Argentina el 27 de agosto de 1983 con una visa de turista, que le garantizaba permanencia por 90 días. Pero él continuó ilegalmente en el país hasta conseguir, al año siguiente, un visado de permanencia por medio de un decreto de amnistía concedido por el gobierno de Raúl Alfonsín. Las investigaciones revelaron que desde que entró en el país, Rabbani actuó como líder religioso en la mezquita At-Tauhid, ubicada en la base de operaciones de Irán en Argentina.

El templo pasa desapercibido en la región. La edificación de cuatro pisos se mezcla con los demás edificios de la calle Felipe Vallese. Sólo una placa discreta fija en la fachada del número 3614 indica que allí funciona la mezquita. Fue en ese templo indistinto que el clérigo Mohsen Rabbani planeó el atentado que perpretaría contra la sede de Amia, ubicada a sólo diez kilómetros de allí.

Era parte del disfraz de Rabbani: conciliar sus actividades de líder espiritual con la de funcionario de una empresa que producía y exporta carnes a Irán, el frigorífico South Beef. Formalmente, el sheik tenía el cargo de inspector de sacrificio. Le cabía a él verificar si el ganado argentino era abatido según la prescripción del Corán. Los países islámicos exigen que toda la gama de carnes para sus territorios sea inspeccionada por un religioso. La certificación demuestra que el animal fue abatido por un musulmán y según un mito que prevé que antes de hacer un corte único en el pescuezo del animal, se debe decir "en nombre de Alá, el más bondadoso, el más misericordioso".

Para la detonación de la carga de explosivos que devastó la sede de Amia, el South Beef era una cobertura perfecta para las acciones clandestinas del sheik. En el marco de las investigaciones del atentado, las autoridades argentinas colocaron el frigorífico entre los blancos sospechosos. Según documentos reservados producidos por los fiscales del caso, la South Beef era utilizada para encubrir la entrada de diversos agentes de la inteligencia iraní en Argentina. En sus discursos, era común oír a Rabbani realizar manifestaciones de odio a los judíos y a los Estados Unidos. En algunas de ellas, según descifró en el relato del procurador Nisman, el clérigo no dudaba en decir "Todos somos Hezbollah".

En marzo de 1994, Rabbani ganó un puesto oficial en la diplomacia iraní, siendo nombrado consejero cultural de la embajada de su país en Buenos Aires. Los investigadores atribuyeron su nombramiento como una estrategia para dar protección y cobertura diplomática al religioso, que comandaría el atentado contra Amia apenas cuatro meses después. Para planificar el atentado, Rabbani se valió de su red de influencia en América Latina, sobre todo las conexiones en Brasil. Las dos décadas que se transcurrieron después del atentado permitieron a los investigadores diseñar la red de contratos de iraní en la región. La trama brasileña contaba con al menos doce personas.

En sus investigaciones, el fiscal argentino Alberto Nisman presentó al libanés Faraouk Abdul Hay Omairi como el coordinador de las operaciones de Hezbollah en Brasil. Los informes telefónicos analizados en la investigación del atentado a la AMIA permitieron identificar a Omairi como un importante interlocutor de Rabbani en la Embajada de Irán en Buenos Aires.

En el inicio de los años 2000, el argentino envió a Brasil una solicitud para relevar del secreto telefónico a Omairi y una serie de otros números sospechosos de haber participado en la trama del atentado. La solicitud fue direccionada a la Justicia de Foz de Iguazú, donde el juez Marcos Josegrei da Silva, entonces en el inicio de su carrera, autorizó la apertura de los datos para Nisman. Sin embargo, lamentablemente, las compañías telefónicas involucradas no tenían más la información solicitada porque solo eran almacenadas durante cinco años y Nisman fue notificado de que todos esos datos se habían perdido.

Dieciséis años después, Silva -que había quedado indignado con la imposibilidad de Brasil de ayudar a la Argentina a investigar el atentado- entró en la historia como el primer juez de Brasil en juzgar y condenar por terrorismo a miembros del Estado Islámico (organización rival de Hezbollah) que planeaba atentados en las Olimpíadas de Río de Janeiro. Como no existían más los datos telefónicos que permitieran vincular de forma irrefutable a los residentes brasileños con la explosión de la AMIA, el libanés Fraouk Omairi jamás fue involucrado en el caso argentino.

En 2006, las actividades de Omairi quedaron expuestas. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo incluyó en una lista de acusados de dar soporte al terrorismo, más específicamente a Hezbollah. En ese mismo año, Omairi fue detenido en Brasil, acusado de traficar cocaína. Tanto el gobierno de los Estados Unidos como la Policía Federal de Brasil afirmaron que Omairi era el jefe de operaciones financieras de la milicia chiíta en la Triple Frontera y actuaba como nexo entre bandas criminales de Brasil y Paraguay.