Los fiscales del juicio por presunta corrupción entraron en la etapa final de la exposición de su acusación contra la vicepresidenta, ex funcionarios y el empresario de Austral Construcciones.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apuntaron a refutar la teoría de "lawfare" de la vicepresidenta Cristina Kirchner y señalaron la responsabilidad del ex Ministro de Planificación Julio de Vido, en una nueva jornada del juicio sobre el presunto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
Durante la penúltima jornada de las nueve previstas para los alegatos, Mola expresó que la persecución judicial "no existe" para este expediente que investiga la denominada Causa Vialidad. En ese sentido, Luciani volvió a reiterar una decena de veces que “Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.
La ex presidenta es la principal acusada del caso tras analizar los delitos de "asociación ilícita" y "defraudación al Estado". La causa suma 23 imputados, entre quienes están De Vido y el ex secretario de obras públicas José López.
"Julio De Vido debía administrar y cuidar el patrimonio"
En otro tramo de su alocución, Mola apuntó contra el ex Ministro de Planificación y Obras Públicas de la Nación, Julio De Vido. "Se le atribuía la competencia para entender en la administración de los fondos asignados a cada una de las áreas de su competencia", relató el fiscal.
Y especificó: "Eso incluía el cuidado de los fondos asignados a la Secretaría de Obras Públicas y a Vialidad". En ese sentido, subrayó que el ex funcionario "poseía competencia para intervenir en la determinación de objetivos políticos y la planificación de la obra pública en materia vial".
"Las 17 obras que no fueron informadas al Congreso y que no figuran en el Presupuesto, fueron contratadas por 2.547 millones de pesos, es una enormidad cuando lo pensamos en dinero de hoy en día", agregó Mola.
Además, añadió que De Vido tuvo injerencia en los pedidos y recibió advertencias de los auditores de la AGN lque le dijeron que se habían "relajado los controles". "Tenía todo en frente, veía todo y miraba para otro lado para aparentar no ver nada", lanzó.
"Es imposible que el Presidente no sea quien tome las decisiones"
El fiscal sostuvo que es imposible que la responsabilidad no fuera de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. "Se ha corroborado que la decisión dependió de los ex jefes de Estado. Constituyó un aporte doloso que permitió los llamados a licitación y el flujo de fondos".
Entonces, citó una carta abierta de la actual vicepresidenta a través de un artículo de Página 12 para ejemplificar su punto. "Si algo tengo en claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno. Es el que saca, pone y mantiene funcionarios".
"No es fácticamente posible que no prime la opinión de cualquier otra persona que no sea el Presidente a la hora de las decisiones", concluye.
"La beneficiaria de parte los fondos fue Cristina Kirchner"
Por otro lado, Mola advirtió acerca de un "fuerte conflicto de intereses". "La decisión de invertir sostenidamente en el tiempo fondos en Santa Cruz, más allá de la necesidad de las obras, fue por la decisión de apoderarse de manera ilegal de parte de esos fondos".
"La beneficiaria de parte de esos fondos fue la imputada Cristina Fernández", alegó. Además, dijo que los negocios entre Báez y los ex presidentes "demuestra el constante flujo de dinero que se canalizó".
Defraudación a la administración pública
Luego de un nuevo cuarto intermedio, el fiscal Mola retomó los alegatos y se basó en "analizar el tipo penal que pone como principal perjudicada a la administración pública".
"Hemos corroborado un claro perjuicio a los intereses del Estado", subrayó, mientras que consideró que desde las máximas autoridades se violó el principio de la correcta administración.
El rol de los acusados en la asociación
“Todos los miembros de la asociación ilícita sabían quién era Lázaro Báez y qué representaba, él era Néstor y Cristina Kirchner”, destacó el fiscal al analizar las funciones que presuntamente cumplían los acusados.
“Hubo voluntad de cumplir todos los roles asignados para llevar a cabo el plan criminal”, agregó, al mismo tiempo que especificó que se mantuvieron en sus "respectivos cargos durante 12 años" para continuar con el fraude.
"La jefa de esta asociación fue Cristina Fernández como presidenta de la asociación, con autoridad sobre otros miembros", señaló Luciani. Cuando Austral Construcciones estaba por cerrar, el funcionario judicial dijo que "la señora digitó celosamente el plan limpiar todo", haciendo referencia a cómo la llamó José López en sus chats.
Contratos de obra pública ilegales
Según Luciani, los ex Presidentes buscaron "convertir en lícitos fondos de origen ilícitos”. Al denunciar el lavado de dinero explicó que fue posible gracias a un "esquema de reciclaje" para "instrumentar maniobras a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades".
“Esta etapa de reciclaje se concretó en los casos de Los Sauces y Hotesur y no desconocemos la decisión por mayoría del Tribunal de sobreseer a los acusados en esos casos de lavado de dinero, pero no está firme porque el Ministerio Público Fiscal lo impidió”, mencionó.
Cristina Kirchner y una asociación ilícita
La audiencia de alegatos se reanudó a las 14 horas de este viernes después de media hora de cuarto intermedio. Al volver, el fiscal Diego Luciani se enfocó en justificar la elección de la calificación de "asociación ilícita" para los acusados, principalmente Cristina Kirchner. "Formaron una asociación criminal", dijo sobre los imputados.
"No se exige una permanencia absoluta con plazos determinados para que exista la asociación ilícita", dijo el fiscal en su desarrollo teórico sobre la figura.
Se trata de una de las figuras más cuestionadas por quienes critican la realización del juicio, en particular desde los referentes jurídicos del kirchnerismo. Sin embargo, el fiscal citó jurisprudencia internacional que avala la aplicación.
Una vez que terminó con la explicación volvió al caso concreto y disparó: "Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Julio De Vido, Nelson Periotti y Lázaro Báez instauraron una matriz de corrupción en la contratación pública y tomaron parte en ella".
De acuerdo al fiscal, esa "matriz" se formó con "roles definidos y estratégicos" y que estuvo en pie "de manera sostenida e ininterrumpida por 12 años", desde el 8 de mayo del 2003, cuando se creó Austral Construcciones, hasta el 9 de diciembre de 2015.
"Según la prueba analizada en el alegato, no se hubiera podido operar sin la orden, la complacencia ni la cobertura de los ex presidentes", insistió en relación a Néstor y Cristina Kirchner.
"López tenía un acuerdo con Cristina Kirchner para beneficiar a Báez"
El fiscal coadyuvante del juicio por Vialidad, Sergio Mola, explicó sus argumentos en el alegato contra Cristina Kirchner y el resto de los acusados, donde busca contrariar sus explicaciones. "Nada se auditó respecto de los contratos de obra pública bajo el dominio de Báez", afirmó.
El representante del Ministerio Público sostuvo una vez más que no se ejercieron las tareas de control para corroborar si al momento de las licitaciones y su posterior desarrollo existían violaciones a la Ley de Obra Pública. "(José) López tenía un acuerdo con Cristina Kirchner para beneficiar a Báez", aseguró.
En esa línea, citó la declaración del ex secretario de Obras Públicas, quien había dicho que en su momento no recibió informes o advertencias de posibles irregularidades.
"Esta tesis con la que López pretende negar su responsabilidad no resulta sólida. Las carteras que debían controlar estaban a su cargo, él tenía la superioridad jerárquica para hacerlo", manifestó Mola al tiempo que dijo que el ex funcionario "recibió un montón de alertas por denuncias y auditorías".
Mola contra Cristina Kirchner: "El lawfare no existe"
Tras diez minutos del primer cuarto intermedio, el fiscal Sergio Mola se hizo cargo de la segunda etapa de la audiencia de alegatos. De entrada, el funcionario del Ministerio Público buscó rebatir los argumentos de los acusados en el juicio, principalmente de Cristina Kirchner.
A propósito, afirmó que "el lawfare es uno de los principales argumentos utilizados por Cristina. Pero el lawfare como construcción jurídica no existe, el lawfare no existe".
Según el funcionario, "esto ha tenido un buen marketing pero no es más que un entramado que tiende a desacreditar las investigaciones penales por corrupción". A su vez, coló en la discusión una comparación entre la persecución política que alegaron los acusados con "la historia de nuestro país que está enmarcada por casos que significaron verdadera persecución política durante la dictadura militar".
El fiscal tomó seguidamente algunos de los argumentos planteados por las defensas. Contradijo a quienes sostuvieron que Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional, sólo llegó a la función con el objetivo de denunciar a la vicepresidenta, ex funcionarios y a Báez. "Quedó demostrado cómo se desencadenaron los hechos", sostuvo.
"Si la relación se hubiera gestado durante los 16 años anteriores, la situación de los imputados sería peor", sostuvo respecto de uno de los argumentos de la vice, que se preguntó por qué si Néstor Kirchner había sido gobernador antes de asumir como presidente no inició los supuestos negocios con Báez con anterioridad al 2003.
Las casi 300 propiedades de Báez
Casi dos horas de alegato lleva este martes el fiscal Diego Luciani en el marco del juicio por la obra pública contra Cristina Kirchner y otros acusados. "Mientras incumplía con lo acordado, (Lázaro Báez) se ocupó de incrementar su patrimonio", afirmó el representante del Ministerio Público.
En esta etapa de su alocución, el fiscal mostró un estudio que hizo la Fiscalía donde se compararon los millonarios fondos que recibió Báez en concepto de adelantos financieros. Si bien ese concepto legalmente busca adelantar las obras en ejecución, el fiscal mostró cómo año por año el empresario de Santa Cruz se hizo de estancias por una cantidad innumerable de hectáreas.
"Se ocupó de incorporar en su patrimonio 29 estancias valuadas en 2016 por 546 millones de pesos", contó Luciani. "Se convirtió en uno de los más grandes terratenientes del país, ahí está la plata de todos los argentinos"
El increíble informe que mostró el funcionario graficó de manera clara la cantidad de tierras y bienes de lujo como casas y vehículos que compró el empresario durante los 12 años del gobierno kirchnerista. "En total en Santa Cruz tienen 238 inmuebles y 293 en total en todo el país", dijo Luciani.
"Ha habido severos e intencionales desvíos de los recursos que Báez debió haber invertido en obras públicas. Compró en Santa Cruz el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires", manifestó.
"Austral Construcciones fue una cáscara"
Apenas nueve minutos después del horario previsto, el fiscal Diego Luciani arrancó su exposición ante el TOF N°2. En primer lugar hizo un repaso de los chats entre el ex secretario de Obras Públicas José López con empresarios en los que aparece "la sra.", en referencia a la entonces presidenta Cristina Kirchner en los últimos días de su mandato, etapa denominada como "operativo limpiar todo".
Después avanzó sobre el rechazo de la Justicia al concurso preventivo que presentó Lázaro Báez sobre Austral Construcciones en 2016, ya durante el gobierno de Mauricio Macri. "En ese año ya no había poder porque el Gobierno no estaba. Austral decidió concursarse pero fracasó porque la Justicia puso límites a las arbitrariedades", dijo Luciani.
Entre otras cosas, el fiscal señaló que la empresa y su directivo ya estaban vinculados a causas penales. Señaló que los activos de la firma estaban bajo cautelares dictadas en el marco de la causa conocida como Ruta del Dinero, "algo que no informaron desde la empresa y que era clave para el síndico y los acreedores".
"Luego de diciembre de 2015, Austral se transformó en una empresa fantasma, fue abandonada", afirmó el fiscal al tiempo que recordó que "los acreedores no se presentaron en la quiebra".
A modo de conclusión, Luciani afirmó: "Austral Construcciones fue una cáscara, fue creada por personas o por orden de personas con capacidad organizativa para direccionar licitaciones con fondos del Estado nacional".
El funcionario subió el tono de su alocución cuando describió que eso se hizo con "fondos públicos con los que el Gobierno debía cumplir con funciones del Estado". Y fue más allá: "Lázaro Báez montó un emporio con todo el dinero de los argentinos y cuando Cristina Fernández dejó el gobierno, abandonó todo".
Las nueve audiencias que el Ministerio Público Fiscal había pedido para exponer la acusación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y el resto de los acusados en el juicio por la obra pública están por culminar. Este viernes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola comienzan a cerrar su intervención y se acerca un momento clave.
Es que al terminar de exponer las pruebas y definiciones sobre los presuntos delitos en torno al supuesto favorecimiento del Estado sobre las empresas de Lázaro Báez a la hora de otorgar contratos de obras en Santa Cruz, se leerán las acusaciones. Lejos de los complejos entramados, en ese momento el fiscal leerá la lista de delitos que se le acusan a cada participante de la presunta organización y los años de pena que deberán cumplir.
Una vez que concluya la etapa de alegatos de los fiscales, el próximo lunes 22 de agosto comenzará la ronda de exposiciones de las defensas. Ahí tendrán la posibilidad de exponer Carlos Beraldi en representación de Cristina Kirchner; Maximiliano Rusconi en representación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y Juan Villanueva en representación de Lázaro Báez, además de los letrados del resto de las personas acusadas.
Si se cumplen los plazos previstos con antelación, los jueces que integran el Tribunal Oral Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires esperan tener un veredicto listo para ser leído a los acusados antes de que termine el año.
Ello ante la supuesta intención de que el resultado del juicio esté lo más alejado posible del inicio del periodo electoral que será clave en 2023.
El juicio por la obra pública
El denominado juicio por la obra pública en Santa Cruz o Vialidad investigó la supuesta comisión de delitos en torno a la adjudicación de 51 contratos de obra pública como asfaltado de rutas o remediación de canteras en la provincia austral. Uno de los principales cuestionamientos de la defensa de la vicepresidenta, principal acusada por haber sido supuestamente la jefa de una asociación ilícita, es que sólo se peritó un porcentaje muy pequeño de esas obras.
Más allá de eso, la Corte Suprema rechazó los planteos y siguió el juicio. A lo largo de las siete jornadas de alegatos fiscales se leyeron uno por uno los detalles de las contrataciones, se explicó el mecanismo por el cual siempre se quedaba Báez con las obras y las fallas que tuvieron los mecanismos de control desde Vialidad Provincial hasta el propio Congreso de la Nación.
En el juicio vienen de declarar empresarios arrepentidos en el marco de la causa Cuadernos y luego hasta Alberto Fernández fue citado a los tribunales de Comodoro Py para ser indagado como testigo por haber sido jefe de Gabinete de gran parte de los gobiernos kirchneristas. También lo hicieron con la misma calidad Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich, quienes fueron desvinculados de la comisión de delitos de acuerdo a lo que dijo Luiciani en la audiencia del martes.
El fiscal dijo en esa ocasión que los jefes de Gabinete "fueron cambiando pero la estructura de la asociación ilícita se mantuvo" desde las autoridades máximas hasta los eslabones mas pequeños de la cadena.
“Seria desacertado inferir que los ex jefes de gabinete hayan podido recibir ordenes de sus superiores jerárquicos, Néstor y Cristina Kirchner, a los fines de direccionar o beneficiar a Lázaro Báez. Esto es así porque la obra púbica ya venía dirigida desde un nivel anterior a aquellas limitadas intervenciones que tenían los jefes de gabinete”, dijo Luciani.
Las menciones que complican a Cristina
Ayer, durante otra jornada del juicio, Luciani mostró unos mensajes entre el exsecretario de Obras Públicas, José López, sobre Lázaro Báez y demás personas implicadas que complican aún más a la vicepresidenta.
Pese a que no se referían a Kirchner por su nombre, utilizaban ciertos apodos evidentes. En ese sentido, para referirse a la, en ese entonces, presidenta de Nación utilizaban el sobrenombre “la jefa” o directamente la mencionaban con la abreviatura de su cargo “Pta”.
“Me dijo j mendoza (el presidente de Austral) que le avise que su jefe (Lázaro Báez) hoy se junta con la Jefa (Cristina Kirchner) y le va a reclamar la cancelación de unos certificados”, escribió Matías, secretario de López.
Luego de eso, el antiguo secretario de Obras Públicas se comunicó con Amilcar Fredes, coordinador de Obras Públicas y le exige: “Llama a Mza (Julio Mendoza, según estableció el fiscal) y preguntále cuáles son los certificados que faltan pagar y hace que lo paguen”. Acto seguido, López se comunicó con su secretario para que lo llame a Nelson Periotti, que era el director de Vialidad Nacional, además de quien era el responsable de liberar los fondos para Báez.
